Más de $3.000 millones: Monsanto acude al Tribunal Constitucional para evitar pago de intereses en deuda tributaria

Monsanto Chile suele guardar un bajo perfil en los medios. Desde inicios de este año, la multinacional estadounidense productora de semillas transgénicas –controlada por la alemana Bayer– mantiene sus ojos en la discusión en el Senado que aborda la eventual ratificación del Acuerdo Transpacífico (TPP), pero no es su única preocupación en Chile.

Desde mayo de 2010, la gigante mantiene un conflicto con el Servicio de Impuestos Internos y hace una semana la compañía decidió trasladar la disputa al Tribunal Constitucional, acusando una serie de irregularidades por parte de la repartición dependiente del Ministerio de Hacienda.

Se trata de discrepancias por el cobro de liquidaciones que -a su parecer– son "ilegales" e "inconstitucionales", acusando "dilaciones administrativas y judiciales injustificadas". Para Monsanto Chile, más de nueve años en juicio con el SII han significado cuantiosas penalizaciones por la mora en obligaciones tributarias.

"Los intereses moratorios exceden en más de un 170% de veces al capital adeudado, estableciéndose a la fecha una deuda total de $3.078.114.900, de la cual el monto de la deuda neta en capital de la obligación tributaria cuya existencia aún se discute, es de $861.355.703, es decir, sólo por intereses la deuda asciende a $2.216.759.197, contando el reajuste", advirtió la compañía a través de un escrito que cuenta con 45 páginas.

A su parecer, la aplicación del artículo 53° del Código Tributario es "inconstitucional", pues conlleva un interés de 1,5% mensual sobre las obligaciones tributarias moratorias. Ello, según su argumentación, vulneraría los derechos de igualdad ante la ley y la no aplicación de tributos "desproporcionados o injustos". La acción de inaplicabilidad constitucional surge luego que la multinacional presentara un recurso de apelación ante Corte de Apelaciones de Santiago tras conocer el fallo del Cuarto Tribunal Tributario Aduanero.

Todo comenzó el 28 de agosto de 2013, cuando el SII efectuó una fiscalización a los precios de trasferencia utilizados por Monsanto Chile, en operaciones con partes relacionadas domiciliadas en el exterior durante el año comercial 2009. Esta fiscalización se basó en los estados de resultado del contribuyente, segmentados en las categorías "distribución", "producción" e "investigación y desarrollo". En concreto: la autoridad objetó estas dos últimas y aprobó los precios obrados y la rentabilidad obtenida en el segmento de "distribución".

Para el SII, los resultados del contribuyente en sus operaciones con partes relacionadas en el segmento de producción no arroja una rentabilidad razonable a las características de las operaciones realizadas, ya que las rentabilidades estarían por debajo de los resultados obtenidos por las empresas seleccionadas como comparables. Al mismo tiempo, la autoridad estimó que la línea de "investigación y desarrollo" no arroja una rentabilidad razonable a las características de las operaciones realizadas, la que se encontraría por debajo de los resultados obtenidos. El fiscalizador estimó un ajuste de precios de $2.422.378.384 y $38.637.909, respectivamente.

Al respecto, Monsanto Chile contestó que la liquidación del SII no es fundada, pues no contiene análisis alguno que respalde la elección de empresas eventualmente comparables en base a los cuales se practicó el ajuste de precios. Por lo mismo, acudió a tribunales tributarios y alegó la "prescripción de la acción del SII para efectuar liquidaciones y cobros de impuestos y la falta de fundamento de la liquidación N° 38 de 2013", consignó su recurso de apelación.

El SII regula la tasa de tributación de los precios de transferencia por medio de un listado comparativo de empresas. Según Monsanto Chile dicha nómina es compuesta por 259 empresas y la autoridad no entregó "ningún argumento que explique por qué" redujo dicha muestra a la selección de solo cinco empresas al realizar la evaluación sobre su caso.

Estas empresas se encuentran situadas en el hemisferio norte, siendo un factor –para el reclamante– de distorsión muy relevante, dado que en el caso de las empresas agrícolas, al estar ubicada en el hemisferio norte su "año fiscal" coincide también con el "año agrícola". Es decir, "el ciclo agrícola desde la siembra hasta la venta de las semillas, ocurre en el mismo año calendario, lo que permite alocar los costos y sus ingresos asociados dentro del mismo año contable. Por el contrario, en el caso de Monsanto Chile, el año fiscal es diferente al año agrícola, situación que introduce distorsiones importantes en la comparación de rentabilidad".

El SII seleccionó a las empresas por Shandong Denghai Seeds Co Ltda, Xianjiand Talimu Agriculture Development Co Ltd. y Wanxiang Donee Co Ltd y Berg Eartg Co. Ltd. como comparables con la operación de Monsanto Chile.

"El expediente administrativo evidencia el hecho que no existió ningún análisis por parte del SII para seleccionar las cinco empresas utilizadas como comparables en la liquidación, y por lo tanto, esta elección fue efectuada intencionalmente, para comparar la rentabilidad de Monsanto Chile con las altas rentabilidad que mostraban las empresas finalmente elegidas", consignó la reclamante representada por Matías Kunstmann, socio de K Abogados.

Los abogados Manuel Jiménez y Rodrigo Aros forman parte también del equipo legal que defiende a Monsanto Chile en el Tribunal Constitucional. El primero es socio de JDF y el segundo es ‎también socio, pero del estudio Aros Benavides Abogados.