Maya Fernández zafa de destitución : TC no admite a trámite requerimiento contra la ministra por compra de casa de Allende

Ocho artículos de cuatro leyes, entre ellas la Constitución Política de la República y el Código Civil, habían sido contravenidas por la ministra de Defensa, Maya Fernández, según dos abogados que presentaron un requerimiento de destitución en su contra ante el Tribunal Constitucional.

La acción legal, interpuesta por los abogados Raimundo Palamara Stewart y John Reid Echenique, se dio en el marco de la fallida compraventa de una casa que perteneció al expresidente Salvador Allende, ubicada en la comuna de Providencia.

El 30 de diciembre de 2024, Fernández y la senadora del PS Isabel Allende otorgaron una escritura pública suscrita en una notaría de Santiago, en la que celebró un contrato de compraventa, por el valor de $933 millones con el Estado. En efecto, lo que buscaban era traspasar el inmueble, que fuera el hogar de Salvador Allende con su esposa, Hortensia Bussi entre 1953 y 1971, al Ministerio de Bienes Nacionales con el fin de transformarlo en un museo.

Sin embargo, una vez que la compraventa se hizo pública, esta fue desestimada por los requirentes, instalando una nueva polémica en La Moneda. Esto, debido a que la Constitución prohíbe que los funcionarios públicos realicen negocios con el Estado.

En ese aspecto, los abogados Palamara y Reid buscan la destitución de Fernández, así como, por otro lado, parlamentarios de oposición han planteado que la senadora Allende debe ser destituida.

Por la vía penal, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper fue designado para encabezar la investigación penal que surgió tras una querella presentada por el abogado Raimundo Palamara.

A eso de las 14.00, luego de dos horas de deliberación, la primera sala del TC, presidida por la ministra Daniela Marzi Muñoz, e integrada por los ministros María Pía Silva, Raúl Mera, Héctor Mery y Alejandra Precht, tomó la decisión de no admitir a trámite el recurso, echando por tierra las intenciones de los abogados Palamara y Reid contra la nieta del exmandatario.

La decisión fue tomada por mayoría: Marzi, Silva, Mera y Precht estuvieron por no admitir, mientras que Mery puso el voto disidente. “Por lo anterior el libelo se entenderá por no presentado para todos los efectos legales”, señaló el TC.

En un comunicado de prensa se señala que la decisión se adoptó por no cumplir con los requisitos del artículo 119 de la Ley 17.997 orgánica constitucional del Tribunal Constitucional. En dicho artículo se solicitan los argumentos de hecho y de derecho.

Sin embargo, Palamara se mostró sorprendido con el fallo y señaló a La Tercera que es primera que recibe un portazo así del TC bajo este argumento. “Vamos a esperar tener el fallo completo para ver los argumentos. Pero vamos a volver a insistir. Vamos a ver qué faltó para volver a acudir con el requerimiento”, señaló.

Según explicó el litigante, mientras el libelo se encuentre como no presentado, se puede volver a presentar todas las veces que se estime pertinente. También, dijo, evalúan pedir que este sea revisado por el pleno.

Por otro lado, el abogado Gabriel Osorio, quien representa a la secretaria de Estado, declinó referirse a la decisión del organismo.

Por otro carril, la semana pasada el abogado de la senadora Isabel Allende, Gabriel Osorio, presentó ante el Tribunal Constitucional la respuesta a dos requerimientos -de Chile Vamos y el Partido Republicano- que buscan que la parlamentaria cese su cargo tras la fallida compra de la casa. Ambas acciones fueron admitidas a trámite el 23 de enero.

En ambos libelos los parlamentarios piden al TC que califique una de las causales de destitución que contempla el segundo inciso del artículo 60 de la Constitución. Esa norma establece que cesará en el cargo el parlamentario que “durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.

Entre las primeras consideraciones expuestas por Osorio en el documento de 47 carillas se hace presente que “el inicio del procedimiento administrativo de compra y adquisición de casas presidenciales se dio en el marco de las obligaciones jurídicas del Estado de Chile sobre preservación de la memoria histórica, que tienen su origen tanto en el Derecho Internacional como en el Derecho Público chileno”.

Esto último, buscando argumentar que el interés no es privado, sino que público. De momento, la senadora PS, la tercera hija del expresidente Salvador Allende, se encuentra de vacaciones.