Megatoma de San Antonio: inmobiliaria suspende desalojo ante la justicia, pero con una advertencia al gobierno

La “Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. con Sanhueza” presentó este lunes, a eso de las 10:25, un escrito ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el que accede a suspender el desalojo de la megatoma ubicada en el sector Bellavista del puerto.

Este era uno de los tres puntos del acuerdo alcanzado ayer en la reunión que sostuvieron los propietarios del terreno con el gobierno, representado por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el subsecretario del Interior, Luis Cordero.

En esa tratativas, los dueños del paño de 256 hectáreas accedieron a aplazar por seis meses la expulsión de los 10 mil habitantes de la toma, bajo el compromiso de que el Ejecutivo establecería una mesa de trabajo para acordar un precio de venta a los pobladores agrupados en cooperativas.

A través del escrito presentado hoy por el abogado Diego Pereira, uno de los representantes de la Inmobiliaria San Antonio que ayer estuvo en la reunión, los propietarios cumplieron con la primera parte del compromiso: cancelar la orden de desalojo que estaba fijada para el jueves 27 de febrero desde las 10 horas.

En el escrito, sin embargo, los empresarios ponen de manifiesto una advertencia al gobierno en el sentido de que si en los próximos seis meses no hay acuerdo se retoma el camino de la expulsión.

En el documento, firmado por Ricardo Posada y Esteban Solari, propietarios mayoritarios del terreno, junto al subsecretario del Interior, Luis Cordero, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se deja explícito que la suspensión solo busca sentar las bases de un acuerdo alternativo, el cual deberá incluir un marco legal, económico y organizacional. En caso de que las negociaciones fracasen, la inmobiliaria reactivará la orden de desalojo ya dictada por la justicia.

“Si el protocolo fracasa, esta parte reactivará oportunamente la solicitud de lanzamiento ya ordenado por la judicatura”, advierte el escrito ingresado ante la Corte.

El documento confirma que la reunión del pasado 24 de febrero con el gobierno y la Municipalidad de San Antonio tuvo como objetivo encontrar una salida pacífica al conflicto. En ese encuentro las autoridades expusieron a los propietarios los altos costos de ejecutar el desalojo, lo que terminó por inclinar la balanza a favor de una postergación.

El gobierno deberá ahora definir cómo garantizará la operación durante el período de negociación y qué respaldo ofrecerá a los propietarios para que accedan a vender el terreno a través del modelo de cooperativas de vivienda propuesto por el Ejecutivo. Mientras tanto, los pobladores de la toma se mantienen a la expectativa. Aunque el desalojo ha sido aplazado, las condiciones para la permanencia en el terreno siguen siendo inciertas y la posibilidad de un nuevo conflicto en seis meses sigue latente.

Junto con la suspensión temporal del desalojo, el abogado de los propietarios, Diego Pereira-Fonfach, presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el “Protocolo de Acuerdo” alcanzado con el gobierno, el cual establece una hoja de ruta para intentar una solución negociada al conflicto.

El documento, firmado en las dependencias del Ministerio de Vivienda, señala que los dueños del predio han expresado su voluntad de revisar una eventual propuesta de compra, aunque sin un compromiso previo de venta.

Para avanzar en este proceso, se confirma la creación de una comisión técnica, conformada por profesionales del área de la construcción, un representante de los propietarios, un representante del Minvu y un delegado del municipio de San Antonio.

Este equipo de trabajo tendrá como misión reportar a las partes las condiciones de venta del terreno, su precio y las garantías asociadas. Sin embargo, el documento establece que, si no se alcanza un acuerdo en el plazo fijado, la comisión deberá definir las modalidades para ejecutar el desalojo de manera “razonable y paulatina”, siguiendo los lineamientos establecidos por la Corte.

Otro punto clave del acuerdo es que, en caso de concretarse la venta, el terreno será enajenado como una sola unidad y en un solo acto, descartando así una venta parcelada.

Este protocolo, que forma parte del compromiso de suspensión del desalojo, no significa una obligación para los propietarios de vender el terreno, sino más bien un marco de diálogo que, de fracasar, podría llevar a la reactivación del desalojo una vez finalizado el plazo de negociación.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, el lunes destacó que la comisión técnica tendrá la responsabilidad de definir aspectos clave de la negociación, como el precio del terreno y las garantías para concretar la compra a través de las cooperativas.

“Resolver distintos temas, entre otros, ver el tema del precio y las garantías, y que esto sea una perspectiva de comprar los terrenos a través de las cooperativas en un solo acto”, señaló el secretario de Estado, quien además enfatizó que este modelo es viable gracias al trabajo de las comunidades.

Montes explicó que en esta etapa ya se han constituido 16 cooperativas y que se avanzará hacia la creación de una federación, la cual será la encargada de adquirir el terreno y gestionar la postulación de las familias a los subsidios habitacionales del Estado. “Se va a constituir una federación que es parte de este proceso, que va a tener que, en definitiva, comprar el terreno, y a partir de lo cual postular como cualquier ciudadano a los subsidios del Estado”, indicó.

Sin embargo, advirtió que, en caso de que no se logre un acuerdo, el gobierno deberá buscar mecanismos para aplicar la sentencia de la Corte, que ordena el desalojo de la toma. “Si no hay acuerdo, aquí estamos comprometidos todos a ver de qué manera se aplica lo que acordó y planteó la Corte”, sostuvo el ministro, reiterando que el plazo de seis meses es una última instancia para evitar una expulsión forzada.