El Memorándum Trucco y Charaña: Los argumentos de los tres jueces de La Haya que estuvieron por darle la razón a Bolivia

Fueron tres contra doce, pero de todas formas manifestaron su posición específica en documentos. Los jueces que integraron el tribunal que este lunes rechazó categóricamente la demanda boliviana ante La Haya y que se opusieron a la posición mayoritaria explicaron, en textos separados, por qué creen que Chile contrajo una obligación de negociar un acceso marítimo soberano con Bolivia.

Los magistrados de la corte Patrick Lipton Robinson (Jamaica) y Nawaf Salam (Líbano) sustentaron sus respectivas posiciones en dos elementos centrales: el Memorándum Trucco -una serie de intercambios a inicios de la década de 1960- y el acuerdo de Charaña de 1975.

"El juez Robinson ha identificado el Memorándum Trucco, junto con la respuesta boliviana, y las declaraciones de Charaña, como elementos que dan origen a una obligación legal de parte de Chile de negociar acceso soberano al Pacífico para Bolivia", dice el resumen del fallo que la Corte puso a disposición en su sitio web.

"En su visión, estos dos sets de instrumentos establecieron tratados en la línea del significado de la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados, obligando a Chile a negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico", se agrega.

"Los intercambios entre las partes desde 1962 a 2011 demuestran que la obligación de Chile no ha sido extinguida y aún existe hoy. Por ello, la Corte debió haber dado a Bolivia una declaración de que Chile tiene una obligación legal de negociar directamente con Bolivia para encontrar una fórmula o solución que le permita a Bolivia tener acceso soberano al Océano Pacífico", cierra esa parte.

En cuanto a Salam, éste señala que "los eventos que siguieron el intercambio de notas de 1950 y en particular el Memorándum Trucco, la declaración de Charalla, la carta del 18 de enero de 1978 del presidente chileno al mandatario boliviano, y la participación de Chile en rondas subsecuentes de negociaciones -en particular, el período del denominado "nuevo enfoque", el mecanismo chileno-boliviano para consultas políticas introducidas al inicio de la década de 1990, la Agenda de 13 Puntos de julio de 2006 y el establecimiento en 2011 de una comisión binacional para negociaciones a nivel ministerial- constituyen un set de acciones desde el que puede ser razonable inferir que Chile y Bolivia estuvieron vinculados por una obligación continua de negociar el tema de garantizar a Bolivia acceso soberano al Océano Pacífico", y que "el fracaso de una ronda de negociaciones no es suficiente en sí mismo para inferir que una obligación de ese tipo está extinguida".

A ellos se sumó el francés Yves Daudet, juez ad hoc nominado por Bolivia, y cuyo voto no sorprendió porque tradicionalmente dichos abogados votan favorablemente a la postura del país que los designa. De hecho, así también ocurrió con el canadiense-australiano Donald McRae, nombrado por Chile y que apoyó el fallo mayoritario.

En el resumen, se señala que Daudet considera "que al menos tres elementos debieran haber sido evaluados como constituyentes de una obligación: el "Acta Protocolizada" de 1920, el intercambio de notas de 1950 y el proceso de Charaña de 1975 a 1978".

Sin embargo, de acuerdo al resumen, Daudet incluso estuvo de acuerdo con algunos de los puntos del fallo a favor de Chile, en específico que "la dependencia de Bolivia de otros elementos, y del estoppel y el principio de las expectativas legítimas, no puede ser sostenido".