México inicia trámite ante Chile para extraditar a diputado: escrito detalla el presunto enriquecimiento ilícito del parlamentario

A través de una carta enviada a la Cancillería chilena, México inició los trámites para lograr la extradición del diputado federal Mauricio Toledo, quien en su país fue desaforado y pesa sobre él una orden de detención por un presunto enriquecimiento ilícito. El parlamentario se encuentra en Chile visitando a unos familiares y según ha explicado, el viaje estaba agendado de manera previa, pero cuando se enteró de la orden de detención, decidió quedarse en Chile y apostar por que la Corte Suprema niegue el requerimiento del país norteamericano.

La misiva redactada por los Estados Unidos Mexicanos señala que el pasado 12 de agosto se dictó una orden de aprehensión contra Toledo y se pide que se otorgue una detención preventiva con miras a la extradición. Añaden que “el presente caso es de suma urgencia, ya que se tiene conocimiento que el reclamado se encuentra en un lugar de la ciudad de Santiago que se indica en la solicitud y se teme perder su ubicación”.

El requerimiento adjunta, además, un escrito de la Fiscalía General de Ciudad de México, en que se señala el eventual periodo de prescripción de los delitos imputados, así como el detalle de los hechos por los cuales Toledo es investigado.

En ese sentido, el documento indica que la posible fecha de prescripción sería el 30 de mayo de 2025, “en consideración a que los hechos que se le imputan a Maurico Alonso Toledo Gutiérrez ocurrieron desde el 12 de mayo de 2012, cesando los mismos el 30 de mayo de 2018, en la época del ilícito que se le atribuye al reclamado, se sanciona con una pena de 2 a 12 años de prisión, por lo que el término medio aritmético es de 7 años”.

Luego, el escrito indica que Toledo ha ocupado diversos cargos públicos en México, entre los cuales se incluyen diputado local, diputado federal y jefe delegacional en Coyoacán.

“La investigación comenzó derivada de la existencia de una noticia criminal, la cual consiste en una publicación en fuentes digitales abiertas y en donde se acusaba a Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez”. A raíz de esto, asegura el documento, el director de la Contraloría de Ciudad de México realizó una denuncia ante Fiscalía General de Justicia y el 4 de septiembre de 2020 se dio origen a la causa penal.

“De lo anterior se logró determinar que Toledo había adquirido una finca por un valor de 5,5 millones de pesos, ubicada en San Miguel Xicalco, Alcaldía de Tlalplan, Ciudad de México, cuando los recursos entregados a Mauricio Gutiérrez como servidor público, desde 2009 hasta que compró la finca en febrero de 2011, ascienden a 3,5 millones de pesos. Es decir, Mauricio Gutiérrez solo acreditaba el 63% del precio pagado por la propiedad respecto de lo adquirido como concepto de sueldo”, asegura el escrito.

El documento de la fiscalía también cuestiona que el pago se haya realizado en efectivo y de una sola vez, y que no existe registro de que el parlamentario se dedique de manera paralela a alguna actividad empresarial.

También indica que este hecho, sumado a la adquisición de otras propiedades, “evidencian que su capacidad adquisitiva (de compra) era por mucho incongruente o discrepante con su capacidad salarial, ya que esta última no podía dar para la adquisición de bienes del ahora investigado”.

Según el requerimiento, también se constató que sus depósitos bancarios no coincidían con los sueldos que recibía.

Al finalizar, se indica que Mauricio Toledo “muy posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita debido a que aparentemente ha recurrido a un grupo de personas que fungen como prestanombres para diversos actos de compraventa de bienes inmuebles y realizan así operaciones financieras sin que estén ligadas a tales actos. Asimismo, se encuentra relacionado con diversas empresas mismas que presentan irregularidades, aunado que alguno de sus familiares podrían ser partícipes del esquema al efectuar operaciones en la compra de inmuebles, sin contar con la capacidad económica para ello”.

Ante esta ofensiva de México, Toledo contrató en Chile a los abogados Samuel Donoso, Gonzalo Cisternas y Luis Masferrer, quienes ya ingresaron un documento a la Corte Suprema solicitando una audiencia para que se discuta la petición de prisión preventiva.