Hace 17 días que el experto en emergencias, Michel De L’Herbe fue finiquitado por la administración de la directora (S) Consuelo Contreras en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Y según asegura en entrevista con La Tercera PM, lejos de ser motivada por la “reestructuración” que se hará del programa en el que participaba -para fortalecer las oficinas regionales del instituto en el Biobío, La Araucanía y Los Ríos- su salida fue por “sesgos políticos”.

De L’Herbe afirma que enfrentó fuertes presiones y amenazas por parte de directores regionales para que entregara con anticipación los datos de las personas que habían sido víctimas de la violencia rural que iban a entrevistar, lo que a su juicio implicaba poner en riesgo su seguridad.

Se ha dicho que a usted se le aparta del programa porque no habría sido la persona indicada para llevar a cabo las observaciones. ¿Eso se lo mencionaron cuando se le desvinculó?

No, para nada. No hubo reparos. La única crítica que sé que se hizo en mi contra, la supe porque Sergio (Micco, ex director del INDH) en un momento me comentó algo. Me dijo que en una reunión del consejo una persona criticó mi enfoque. Y yo le pregunté: ¿cuál es ese enfoque? Y me dice, un enfoque humanista. ‘Fuiste criticado por tener un enfoque humanista’ y bueno, bienvenido sea. Desde el punto de vista de la coordinación con regiones, esa era una articulación que le correspondía a Samuel Núñez, jefe (s) Unidad de Planificación, Control de Gestión y TIC. Por lo tanto, difícilmente se me iba a mí reprochar eso.

Ahora, sé que sí hubo algunos reproches, hubo una clara resistencia por mis puntos de vista frente al programa. Resistencia que rayaba con las amenazas.

¿Por parte de quiénes?

Algo concreto es que desde la jefatura de La Araucanía se expresó que el enfoque que yo tenía no gustaba. Por lo referente a la definición de víctima se nos reprochó muchísimo. Había resistencia frente a que nosotros fuésemos para entrevistar víctimas de la llamada violencia rural, porque para el jefe del instituto en la Región de La Araucanía y la jefatura del Biobío, solamente caían en esa categoría aquellas personas que habían eventualmente sido atacadas por un agente del estado. Nosotros hicimos la presentación y la argumentación técnica que finalmente terminó definiendo el director nacional -en ese entonces Sergio Micco- en referencia a que las víctimas de violencia rural tienen que considerarse, por una perspectiva multidimensional.

Cuando usted habla de de acciones que rayan en las amenazas, en concreto ¿A qué se refiere?

Nos impresionó mucho todo lo que se me presionó para que entregáramos los datos de las víctimas que íbamos a entrevistar, se nos pidió informar con 15 días de anticipación y que de lo contrario se advertiría de esto al consejo. Pero desde el punto de vista humanitario eso no se puede hacer porque básicamente hay un factor de orden ético, pero igualmente se me presionó de manera muy fuerte.

Cuando esto escaló, el director de La Araucanía -muy molesto- nos decía que la confidencialidad de la información sólo corría desde el momento en que presencialmente la persona firmara un consentimiento informado, pero para nosotros la reserva de información de una víctima comienza desde el primer contacto.

¿Por qué cree que necesitaban esos datos?

No me lo explico, porque estábamos en medio de un conflicto armado, una situación en desarrollo, en donde las víctimas sienten miedo, temor e incluso terror. Por lo tanto, es clave asegurar la reserva de aquellas personas que quieran que se mantenga esa reserva. Sólo durante la dictadura tuve que tomar testimonio a víctimas de violencia en una reunión clandestina, donde la víctima solicitó desplazarse hacia otro lugar. Eso yo no lo había visto desde la dictadura y ese es el nivel de temor que tienen las víctimas. Y ese temor debe ser respetado, reconocido y acogido. Si ese enfoque implica no encajar en la dinámica interna, ¿Qué te puedo decir? Bienvenido.

Hubo víctimas que acusaban justamente a los dos directores regionales que menciona de no darles respuesta ¿A qué lo atribuye?

Donde nosotros íbamos, vivíamos situaciones muy complejas, porque más allá de lo que implica contactar a las víctimas, lograr su confianza, todos nos decían que estábamos llegando tarde, a veces incluso con insultos y rabia. Ahí nosotros percibimos la ausencia del Estado, que es evidente y que incluye a un organismo como el INDH. Hasta que nosotros llegamos, ninguna de las víctimas había sido contactado en su calidad de víctima por INDH, y la consecuencia es básicamente que se les invisibilizó, lo que a su vez repercute en que hay diagnósticos muy errados de la realidad.

¿Cuál es su principal conclusión tras haber entrevistado a diez familias?

No me puedo referir al informe en particular, pero sí quisiera poner un ejemplo, el Lonko Aniceto Norin, que me permitió estar con él varias veces y más allá de la toma del relato, refleja muchos elementos de lo que vimos en torno al abandono del Estado en esa zona del país. Él fue condenado injustamente por ley antiterrorista y en el Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulnerar sus derechos, pero sus solicitudes son permanentemente ignoradas. Y cuando se tiene un discurso como el de hoy, que es claramente pro mapuche en ciertos sectores, el mínimo del respeto a su historia como pueblo y como autoridad ancestral, es ir a visitarlo, ver cuáles son sus necesidades y cumplir con un fallo, pero sólo notamos la ausencia.

¿Todo esto cree que se debe a razones políticas?

Creo que hay un sesgo político evidente. Creo que no existe ninguna duda. La política siempre está presente, pero en una materia como esta, tu mirada política particular no puede influir en la función pública. Ahora, si tú fueses una ONG o una entidad privada, perfecto.

¿Cree en definitiva que esto se va a terminar dejando en el congelador por esos sesgos políticos que menciona?

Todo lo que hicimos quedó en el congelador. Sólo se habla de una reestructuración, pero hasta el día de hoy, no hay un pronunciamiento que dé garantías de que haya un enfoque humanitario sincero y que refleje en realidad el propósito más importante, que es la protección de derechos humanos. Eso necesariamente implica cambiar la mirada que tienen respecto de quien debe ser escuchado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Porque yo tengo la sensación de que uno de los elementos más invisibles en la Macrozona Sur es precisamente la vulneración de derechos por omisión. Cuando un niño por razones de violencia no puede acceder a su establecimiento educacional, cuando una niña no puede desplazarse libremente, elementos que constituyen derechos humanos, esos niños están siendo afectados y cuando eso ocurre porque el Estado no está presente, también es una situación de vulneración de derechos humanos.

Desde la dirección han insistido en que el programa continúa. ¿Qué le han parecido las respuestas que han dado?

Mientras el informe que entregamos no se dé a conocer, la duda siempre va quedar. Independiente de la persona a cargo, esto merece a lo menos un informe público que no esté sometido a la burocracia con la cual las instituciones públicas suelen dilatar la entrega de información que no tiene ningún elemento clasificado como reservado o secreto.

A la luz de lo que pudieron observar, ¿Cuán importante cree usted que es que este programa siga incluyendo una fuerza de tarea dedicada a la recopilación de testimonios?

Es clave, pero ahora el INDH no tiene personal preparado ni capacitado, por eso llamó la atención que eliminaran a este grupo de tarea, porque no es cualquier zona, es un territorio donde prácticamente más de una vez a la semana existen atentados.

¿Las dos profesionales que trabajaban con usted han continuado con las labores de entrevista a las víctimas?

No, eso está paralizado hasta el momento. Hasta donde yo entiendo eso está suspendido.

¿La directora (s) no se comunicó con usted?

No. La única forma en que yo me comuniqué fue tomando iniciativa de enviarle por e-mail que había acusado recibo de la suspensión del programa, de enviarle el reporte nuevamente y después reenviarlo un par de veces más con algunas actualizaciones menores, más bien de forma que de fondo. En ningún momento hubo una consulta, citarme a informar respecto de la operación del programa, nada. Y me parece que desde el punto de esta gestión, si uno quiere reestructurar un programa, uno parte por preguntarle a las personas que están a cargo, especialmente a aquellos que están en terreno.