Milei endurece críticas al Congreso: advierte de un plebiscito si rechazan su megadecreto y acusa de supuestas “coimas” entre legisladores

A dos días de que entre en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Presidente de Argentina, Javier Milei, busca iniciar su tanda de reformas profundas al Estado, un nuevo frente se le abrió. Durante una entrevista televisiva la noche del martes, adelantó que si no le aprobaban su propuesta, llamaría a un plebiscito para enrostrarles un supuesto rechazo de la ciudadanía, en caso de que dicha votación fuera positiva para el mandatario. Pero Milei fue más allá. También deslizó que miembros del Poder Legislativo “buscan coimas”, desatando el debate entre sus excolegas justo cuando necesita de la mitad de los votos de al menos una cámara para que se concrete su ambicioso plan de reformas.

Fue durante una entrevista con LN+ que el mandatario endureció sus críticas al Congreso, del que formó parte entre 2021 y 2023 como diputado nacional. “Al margen de que parte de esa lentitud que ponen los legisladores es porque buscan coimas. Algunos, digo. Esos que les gusta la discusión, discutir la coma, es porque están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos. Una de esas cosas es entrar en esa dinámica. Hay mucho vivillo y delincuente dando vueltas”, dijo al periodista Luis Majul.

Milei fue aun más allá al insinuar que en el Congreso hay políticos que “venden sus votos”. De momento, la máxima autoridad política del país vecino no ha entregado nombres o más antecedentes que respalden la dura acusación.

El cruce con el Poder Legislativo se da justo cuando el Ejecutivo requiere de los votos para que el DNU se materialice de manera indefinida, el que iniciará su vigencia este viernes 29 de diciembre. Pero, además, cuando la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) presentó una petición a la justicia para que el decreto sea declarado inconstitucional, con marcha a la Plaza Lavalle, frente a Tribunales, incluida como forma de presión.

Desde la oposición salieron a cruzar las palabras del mandatario, quienes calificaron sus dichos como “muy graves” mediante redes sociales. “Milei fue diputado hasta hace pocos días. Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados, debería denunciarlo. Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones. Si no, impulsaremos una denuncia. No vale todo”, escribió el diputado de Unión por la Patria Germán Martínez.

El congresista, quien oficia como jefe del bloque kirchnerista en diputados, aclaró que su sector “tiene una postura clara respecto al megadecreto, incluso antes de su publicación”, puesto que “avasalla al Congreso. Y debe ser retirado. Si no lo hacen, trabajaremos para que sea rechazado. La Constitución y la división de poderes no se negocian”.

En el Senado también se dieron por aludidos. Carolina Moisés, miembro de dicha cámara por Jujuy, coincidió con el reclamo K y llamó al presidente a tener “más prudencia en sus comentarios”. “Tiene responsabilidades públicas y por Ley está obligado a denunciar actos ilícitos que usted tenga conocimiento. No puede amenazar, ni injuriar a los representantes electos, salvo que tenga las pruebas correspondientes de lo que acusa... Pretender ensuciar nuestra tarea como legisladores para apretarnos es un acto de cobardía y solo demuestra su propia debilidad en las Cámaras legislativas”, agregó.

Desde la Unión Cívica Radical (UCR) también mostraron preocupación por las palabras del mandatario. El partido formaba parte del ahora extinto bloque Juntos por el Cambio, fracturado luego del que el PRO del expresidente Mauricio Macri y la excandidata presidencial y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dieran su apoyo explícito a Milei en el balotaje. Ahora son precisamente en la UCR y en la Coalición Cívica (CC) donde más interrogantes existen por el posible apoyo al DNU.

Paula Olivetto, diputada radical, señaló que “el presidente no mandó ningún proyecto de ley, pero si hay legisladores que le pidieron coimas tiene que denunciarlo, porque esa es su obligación y porque el pueblo tiene derecho a saberlo”. Y agregó: “Si no lo hace, sería una bravuconada no digna de su investidura”, marcando una nueva diferencia con los congresistas en un contexto en que los necesita para la aprobación de leyes y, en este caso, de su megadecreto.

Nunca en la historia argentina se ha rechazado un decreto de necesidad y urgencia, en parte, por el bajo quorum requerido para su confirmación. Sin embargo, varios parlamentarios expresaron reservas con el uso de esta herramienta legislativa durante los últimos días.

La respuesta del mandatario se dio en la citada entrevista de la tarde del martes, donde defendió su propuesta asegurando que su DNU está compuesto por tres elementos fundamentales: “Tiene una parte de dar más libertad a los individuos. Hay otra parte que tiene que ver con desregular e ir a estructuras más competitivas, y otra que tiene que ver con eliminar los tongos de la política”, explicó.

Luego cargó contra los parlamentarios que no han dado su visto bueno a la medida. “Si están a favor, listo, que lo dejen correr, no se hagan problema. El problema es que con este mecanismo no pueden morder. Eso es lo que más les molesta”. También tuvo palabras para sus gobernados, a quienes les dijo que “el esfuerzo vale la pena”, y que “esta vez vamos a salir en serio. Vamos a tener que soportar un trago amargo, pero pasado ese período Argentina se pondrá de pie y comenzará el camino para volver a ser una potencia”.

En opinión del mandatario, “si me lo rechazan (el decreto), llamaría a un plebiscito y que me expliquen por qué se ponen en contra de la gente”, planteó Milei en la entrevista del martes. Apelando al 55,65% de los votos obtenidos en el balotaje, el economista libertario aseguró que sus opositores “no pueden aceptar que perdieron, que la población eligió otra cosa”. También argumentó utilizando a sus predecesores como ejemplo: “Cristina se ha cansado de firmar DNU, Macri y Alberto también. Si lo firmo yo, no se puede”, añadió.

La posibilidad de un plebiscito está contemplada en la Ley de Consulta Popular; sin embargo, esta no es vinculante. Es decir, no tiene ninguna validez legal o administrativa más que reforzar o negar un punto político levantado por el Ejecutivo. El carácter no vinculante fue confirmado por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quien indicó a radio Urbana Play que solo “indica conformidad o disconformidad del electorado, una gran encuesta nacional”.

Joaquín Morales Solá, periodista y columnista argentino, recordó en una columna de La Nación que al utilizar un decreto como método de transformación del Estado, “Milei no innovó en las formas, aunque tal vez haya sido más profundo en el fondo. De hecho, el expresidente Raúl Alfonsín creó por decreto en 1985 una nueva moneda nacional, el austral, y el expresidente Carlos Menem ordenó una profunda reforma del Estado en octubre de 1991 también por decreto”.

“En el caso de Menen”, continuó, “debe consignarse que ya en octubre de 1989 su segundo ministro de Economía, Néstor Rapanelli, y el entonces secretario de Coordinación y Programación Económica, Orlando Ferreres, habían redactado las leyes de emergencia económica y la primera reforma menemista del Estado. Estas dos últimas fueron leyes separadas porque Menem temía que el Congreso se las rechazara si iban juntas”.

Al menos entre los sectores de la centroderecha, su distancia con la propuesta del presidente Javier Milei se debe no tanto al contenido, sino por la forma, puesto que la mayoría de los abogados constitucionalistas del país, independiente del color político al que estén asociados, se han mostrado en contra de la medida por su posible inconstitucionalidad.

En esa línea, la Confederación General del Trabajo, organismo que agrupa a los principales gremios del país vecino, se mostró contrario al megadecreto, presentando una petición a la justicia para que lo declaren inconstitucional y realizando su primera marcha.

Esta última, llevada a cabo a mediodía del miércoles con un carácter mucho menos combativo que la desarrollada la semana pasada por los movimientos piqueteros, tuvo como fin el fortalecer su reclamo ante la justicia. “No queremos que la marcha se convierta en un show”, dijeron desde la CGT a Clarín.

Encabezada por el ente gremial, y acompañada por las dos Centrales de Trabajadores (CTA), la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y partidos de izquierda, la movilización intentó mantener un perfil bajo, donde se esperaba la asistencia de entre 8.000 y 10.000 manifestantes. Incluso, intentaron que no hubiera demasiados problemas de seguridad.

“No había nada que coordinar porque es una marcha de los gremios para elevar el pedido a la justicia”, dijo al mismo medio un dirigente de la primera línea cegetista sobre una fallida reunión con el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien organizó la marcha piquetera de la semana pasada. “No le impedimos a nadie que se movilice, pero está claro que quienes lo hagan cuando no es el sentido planteado, solo le hacen el juego en favor al gobierno”, argumentaron.

Sin embargo, Belliboni se mostró igual de combativo anunciando que esta movilización “es un primer paso”, pero llamó a realizar “un paro general que incluya un plan de lucha porque el gobierno avanza y no va a parar”, consignó La Nación.

En el gobierno se tomaron la pasividad de la marcha como una victoria del “protocolo antipiquetes” inaugurado por Bullrich en la primera marcha de la era Milei. “En un hecho histórico, la CGT presento una solicitud para la realización del acto del día de mañana en Plaza Lavalle, marcando un hito en las formas de llevar a cabo manifestaciones en espacios públicos”, explicó el equipo de prensa de la ministra.

De todos modos, la prensa local informó que minutos antes de las 12, las fuerzas de la Policía de Seguridad debieron replegarse al no poder evitar que los manifestantes cortaran las calles aledañas a la zona de los tribunales, lugar en que los asistentes a la marcha se congregaron.