Militar chileno condenado por DD.HH. presenta inédita solicitud de refugio político en Argentina

El 15 de julio pasado la Policía Federal de Argentina detuvo en Mar del Plata a quien fuera condenado en enero de 2016 a 18 años de cárcel por el homicidio del dirigente del Partido Socialista Rigoberto Achú Liendo y del militante comunista Absalón Wegner Milla, en diciembre de 1973. Se trata de Sergio Jara Arancibia.

De esta forma se daba pie para que el ex coronel de Ejército, que permanecía prófugo desde agosto de 2017, fuera extraditado a Chile y comenzara a cumplir su condena por violación a los derechos humanos bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

Sin embargo, desde ese momento y considerando que se negaba a ser extraditado, sus abogados, tanto en Chile como en Argentina, comenzaron con las diligencias para impedir su traslado a territorio nacional y mantener su libertad.

Fue en ese contexto que el abogado Eduardo Sinforiano San Emerito presentó una solicitud de refugio político a la Comisión Nacional para Refugiados, a la que tuvo acceso La Tercera PM, argumentando que Jara Arancibia "ha sido y es un perseguido político en su país".

En ese sentido, agrega que en Chile "se lo ha juzgado en clara violación a las leyes vigentes al momento del delito que falsamente se le ha imputado y condenado". Por esa persecución a la que alude, incluso, manifiesta que se encuentra pendiente un recurso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Junto con la solicitud de que se le conceda el carácter de refugiado político en la República Argentina, el abogado solicita que a su defendido se le suspenda el proceso de extradición que se encuentra actualmente en trámite.

Si bien al momento aún no hay pronunciamiento respecto a la petición, se trata de la primera vez que un militar condenado por crímenes de lesa humanidad solicita el refugio en el extranjero, según comenta Raúl Meza, su abogado en Chile.

Junto con celebrar su "valentía", Meza indicó que este hecho sin duda "constituye un precedente judicial y político histórico en la defensa de los derechos de los militares condenados por derechos humanos", puesto que, como dice, en los procesos de uniformados se les ha vulnerado "el principio de la igualdad ante la ley, la cosa juzgada, la ley de amnistía, la prescripción, la irretroactividad de la ley penal, siendo juzgados por un sistema penal inquisitivo, arbitrario e inconstitucional".

Con todo, sí existe un antecedente de petición de asilo político en Argentina, pero desde el lado completamente opuesto: la presentada por el ex jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Galvarino Apablaza, que fue acogida durante el mandato de Cristina Fernández. Caso del que, según anticipó Meza, se han sacado argumentos para la presentación de Jara.

"Los fundamentos que serán invocados ante la justicia argentina para que se rechace la solicitud de extradición activa que fue pedida por la justicia chilena y de esta manera, se conceda el refugio político, tendrán como lineamientos jurídicos los que esgrimió el ex líder del FPMR Galvarino Apablaza, entre otros, que en Chile la justicia de su país no le garantiza un debido proceso y la autonomía e independencia para resolver su libertad", detalla.

A juicio de dicha defensa, el ilícito por el cual Jara Arancibia fue condenado corresponde a un delito político, el que define como un "acto que se realiza por causas políticas y motivaciones altruistas y patrióticas con la finalidad de la autodefensa del gobierno".

"Mi representado no desea volver para enfrentar a la justicia chilena porque tiene la convicción, al igual que el ex frentista Apablaza que no se le garantizará  un debido proceso, un juez imparcial y una debida defensa, especialmente considerando que en su caso, fue condenado por simples presunciones fundadas de participación en un delito de homicidio que nunca cometió y que jamás se le acreditó durante el proceso judicial algún medio de prueba directo para fundar la imputación penal", agrega Meza, haciendo hincapié en que el ex coronel cumple con los requisitos para ser declarado refugiado.

La noticia de esta solicitud fue un balde de agua fría para Cecilia Heyder, activista de derechos humanos e hija de un militar asesinado en dictadura, quien aseguró que "jamás" pensó que "sufriríamos tal retroceso en derechos humanos".

"No quiero imaginar que me los podré encontrar en la calle ahora que la Corte Suprema ha entregado la llave para que las puertas se les abran a los asesinos y torturadores de nuestros familiares, de nuestros compañeros sobrevivientes. Nos dijeron e inculcaron que la dictadura había terminado, que ahora tendríamos una democracia y justicia, a pesar que sería 'en la medida de los posible', pero como todo solo fueron palabras. Aún no termina esta dictadura disfrazada de democracia. No queda otra que seguir luchando ante la impunidad de los genocidas de ayer y los cómplices de hoy", añade.