Millonaria licitación de Junaeb en la mira: denuncian falsificación de estados financieros que podría anular proceso

Todo comenzó el 14 de octubre de 2020. Ese día se publicó en el portal de Mercado Público una licitación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) llamada “Servicio de Alimentación PAE-PAP”, para contratar a la empresa que se haría cargo de la entrega diaria de comida para los beneficiarios de los Programas de Alimentación Escolar y de Párvulos para 2021, 2022, 2023 y hasta diciembre de 2024. Y así se inició la carrera de varios empresarios por adjudicarse millonarios contratos.

Tres meses después, luego de pasar por una comisión evaluadora, el 15 de enero de 2021 las empresas Las Lagunas SpA, Aliservice y la UTP Tekarera -todas vinculadas a Luis Alberto Yapur, mismo empresario al que hace un año la Intendencia Metropolitana le compró 150 mil cajas de alimentos para repartir en el contexto de la pandemia, por $ 5.250 millones- se adjudicaron contratos por un monto total de $ 501.455.293.934, correspondientes a 1.041.070 raciones a repartir en parte de la Región Metropolitana, de Valparaíso, del Ñuble y todo el Biobío.

Según acusa el abogado particular y expresidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Juan Ignacio Piña, en representación de Fedir SpA, empresa que perdió en la licitación, la adjudicación de estas firmas se logró en base a una adulteración de sus estados financieros presentados a la Junaeb. Por esto, hoy presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía contra quienes resulten responsables por presunta falsificación y uso malicioso de instrumento privado. Sostiene que esto podría anular la adjudicación de más de 1.800.000 raciones de alimentos diarios.

¿En que consistió la supuesta manipulación de datos? De acuerdo a la querella, para conseguir la adjudicación las empresas “fingieron un capital de trabajo presente y futuro superior al real, lo aumentaron de manera artificial por un total de $ 8.976.700.000, cuestión que les permitió obtener una calificación más ventajosa y adjudicarse la licitación pública”.

Asegura que con esta manipulación, que consistió en hacer pasar pasivos de corto plazo entre las empresas relacionadas como si fueran de largo plazo, las tres empresas aseguraban 1.141.111 de potenciales raciones a financiar. “Tras revisar los anexos financieros, documentos contables y los estados financieros auditados por la consultora Deloitte al 31 de diciembre de 2020, se constató que los saldos de las cuentas por cobrar están clasificados en los estados financieros siempre como activo circulante, y la misma cuenta en la empresa relacionada con la cual se mantiene el saldo, aparece siempre como pasivo no circulante, cuando en ambas empresas debería tener la misma clasificación, ya sea circulante o no circulante”, dice la acción legal.

Además, dice Piña en la acción penal, estos hechos constituirían eventuales perjuicios para el Fisco. Por esto, pide que “del Ministerio Público se oficie al Consejo de Defensa del Estado”.

Advierte que en 2015, en una situación con características similares, Junaeb debió interrumpir anticipadamente los contratos con las empresas Ibasa -que no contó con los recursos financieros que le permitieran cumplir con las 140 mil raciones de alimentos diarias que le habían sido adjudicadas en tres regiones- y Sercomaule, que contaba con un contrato por $ 14 mil millones anuales para la entrega de 116 mil raciones diarias, pese a que tenía impagos por más de
$ 500 millones.

Asimismo, el querellante apunta a responsabilidades de parte de la Junaeb. Esto, ya que como “órgano administrativo encargado de velar por una óptima ejecución del contrato que adjudican, debe minimizar los riesgos que implica la ejecución del contrato de suministro de alimentación escolar y parvularia, de ello se desprende que se exija una garantía de seriedad de la oferta económica y técnica, junto con un orden, estabilidad y salud financiera acordes al compromiso contractual”, indica la querella.

En ese sentido, dice que “si la detección de la alteración contable no reviste mayor complejidad, y menos aún para una comisión evaluadora experta, es, al menos, llamativo que esta no lo haya identificado, por lo anterior, esperable resulta entonces que la presente investigación también se aboque a ello.

Esta no es la primera vez que Junaeb se ve involucrada en hechos de estas características. En 2015, el CDE presentó una querella por presunto fraude al Fisco, al ver que la licitación de Junaeb de ese año se le adjudicó a la Empresa Vertti Frutti y Hendaya con sobreprecio cercano a $ 5.000 millones. El caso costó la salida del cargo al entonces director de la Junaeb, José Miguel Serrano (DC), quien fue formalizado por fraude al Fisco.

Junto con la acción penal, Piña también presentó una solicitud de invalidación de la licitación ante la Junaeb.