Minera canadiense demanda a comunidad indígena de Atacama y exige millonaria devolución

COLLA

Canadiense asegura que comunidad colla de Atacama ha actuado bajo "mala fe" y acudió a tribunales para exigir la restitución de $285 millones. Mientras que la agrupación se defiende y acusa usurpación de aguas.


Son vecinos, pero hoy prácticamente no se pueden ver. Por estos días las comunicaciones entre la Comunidad Colla Río Jorquera y sus Afluentes, y la Compañía Minera Maricunga, filial de la minera canadiense Kinross Gold Corporation, están totalmente cortadas en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

Al conflicto por el derrame de petróleo en el sector de Quebrada del Carrizo en el Campamento del Rancho del Gallo, de propiedad de Maricunga, ocurrido el 20 de mayo de 2017, se suma ahora un nuevo foco de divergencia entre la minera y la agrupación indígena.

El pasado 13 de diciembre, la minera presentó en el 3º Juzgado de Letras de Copiapó una demanda de restitución de dineros pagados en el marco de un proceso de servidumbre minera que se encontraba sujeto al visto bueno de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). La minera asegura que comunidad colla -integrada por poco más de 100 personas- le adeuda la suma de $285.000.000.

Pero el conflicto tiene su origen mucho antes. A mediados del año 2011 entre la comunidad colla y compañía minera surgieron una serie de controversias respecto a la titularidad de Maricunga para acceder, ocupar y transitar, por parte de los predios de la comunidad. A ello se suma la construcción por parte de la minera de un by-pass en el camino público de acceso al campamento de su propiedad, denominado Rancho del Gallo; y una serie de denuncias de la agrupación indígena sobre una supuesta usurpación de agua por parte de la minera.

Con el objetivo de poner fin a las disputas, el 30 de diciembre de 2013 las partes acordaron una millonaria transacción por medio de un contrato. En el documento las partes convinieron la constitución de servidumbres de ocupación y tránsito sobre el ancho de la ruta C-611. Además del avenimiento respecto de la denuncia efectuada por la comunidad en el año 2011 en la Fiscalía Regional de Copiapó, por la imputación del delito de usurpación de aguas.

Pero pese a las gestiones realizadas ante la Conadi, llegado el día 26 de julio de 2016, las condiciones no se cumplieron, ya que nunca logró obtenerse las autorizaciones correspondientes; y las partes tampoco acordaron una nueva prórroga.

Para Maricunga, -representada por el abogado Rodrigo Díaz de Valdés-, los dineros deben ser restituidos "íntegramente, reajustados y con intereses". Más aún, la minera acusó "mala fe" de parte de la comunidad colla al retener los fondos percibidos e insistió en que el tribunal debe aplicar los intereses corrientes a la deuda desde el momento en que venció la condición suspensiva.

Según el Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial (Sigpa) "los kolla son un pueblo andino prehispánico que ha habitado históricamente un gran zona del terreno andino, ocupado hoy por Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Es un pueblo de pastores trashumantes que recorren los territorios cordillerano en busca de alimento y agua para sus animales".

"Ellos usaron clandestinamente una propiedad"

Roberto Carlos Salinas, presidente de la Comunidad Colla Río Jorquera y sus Afluentes confirmó la recepción de los dineros, que se llevó a cabo en "bienes inmuebles" por medio de una transacción.

Para el dirigente, la compañía omitió revelar en su demanda la garantía que estableció la Conadi que exigió $500.000.000 a favor de la propia comunidad demandada y que, a ojos suyos, la minera no estuvo dispuesta a entregar. Esto último es refrendado por medio de un oficio enviado por Claudio Araya, encargado de la Oficina Regional de Conadi de Atacama al Director Nacional (s), Rodrigo Bustos, que data del 21 de noviembre de 2014.

"Ellos usaron clandestinamente una propiedad que no era de ellos. Se lucraron de tierra indígena. Ellos usurpan y contaminan tierras indígenas. Son meros arrendatarios y más encima vienen ahora a demandar", sostuvo Salinas.

Mientras que la minera respondió que "entregó los fondos a la comunidad de buena fe y de acuerdo a nuestro compromiso de construir buenas relaciones con las comunidades".

"Nuestra convicción como compañía es que nuestra prioridad es y será siempre establecer estrechos lazos con las comunidades, para que en conjunto, trabajemos mirando hacia el futuro y logremos acuerdos y relaciones fructíferas. De la misma manera, como ha sido nuestra tradición, nuestras puertas siempre estarán abiertas para que, sobre la base a la transparencia y claridad en las relaciones, se puedan encontrar las mejores soluciones conjuntas", remató la minera.

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