El viernes 4 de junio, a las 10.00, Ana Cabello recibió una llamada telefónica que daría un vuelco a la vida de su familia. Su hijo, Mauricio Eduardo Isla Cabello (40), había fallecido en la residencia sanitaria a la que había ingresado, de forma voluntaria, el 26 de mayo.

Isla había comenzado a experimentar dolor muscular y de cabeza cinco días antes. Tuvo fiebre y acudió a la Clínica Ciudad del Mar, donde le diagnosticaron estrés y un posible resfriado. Luego su cuadro se agravó y se tomó un PCR que salió positivo. Frente a ello, y para no contagiar a su familia, llamó al Minsal para ingresar a una residencia. Llegó al lugar -el hotel Novotel de Viña del Mar- y comunicó a su familia que estaba bien. Que estaba seguro de que saldría pronto.

Pero ese pronóstico no se cumplió y, casi una semana después, murió en el recinto.

Su caso causó polémica, pero no es el único. Según información del Ministerio de Salud, seis personas han fallecido en el país mientras permanecían internadas en residencias sanitarias.

Se trata de casos registrados entre julio del año pasado y este mes, en las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Maule.

La Tercera solicitó más antecedentes al Minsal sobre estos casos, pero no se entregaron. La cartera precisó, eso sí, que la cantidad de pacientes fallecidos durante su aislamiento representa el 0,002% de las 301 mil personas que han utilizado residencias sanitarias desde que se inició esta política.

En la web del Minsal se establece que estos recintos están destinados a “aislar de manera oportuna y eficaz a aquellas personas definidas como caso confirmado, probable o sospechoso por Covid-19 y a sus contactos estrechos, disminuyendo la posibilidad de contagiar a quienes los rodean”, y que las residencias ofrecen “control de salud dos veces al día y personal de salud las 24 horas del día en caso de alguna emergencia”.

Por eso, y particularmente el caso de Mauricio Isla Cabello -un hombre sano, de 40 años- encendió las alarmas sobre la vigilancia que se presta a los pacientes mientras cursan su estadía en estos sitios.

Los detalles de lo que ocurrió con el viñamarino quedaron estampados en la querella que su familia presentó por cuasidelito de homicidio en contra de quienes resulten responsables, tipificado en el Artículo 491 del inciso primero del Código Penal, que señala que “el médico, cirujano, farmacéutico, flebotomiano o matrona que causare mal a las personas por negligencia culpable en el desempeño de su profesión, incurrirá respectivamente en las penas del artículo anterior (490)”.

Este establece penas que van desde la reclusión de entre 61 días a tres años y a multas que pueden ir de $ 573.000 a $ 1.043.000.

En el escrito se detalla que los días siguientes a su ingreso a la residencia sanitaria, el trabajador de un holding bancario y estudiante vespertino de Auditoría estuvo en permanente contacto con su familia. El jueves 27 de junio, casi 24 horas después de ingresar, informó que todavía no lo veía un médico y que personal de la residencia le solicitó comprar medicamentos. Isla entregó su tarjeta bancaria y la clave a una enfermera, quien le compró antibióticos, inhaladores, antiinflamatorios y otros. En ese minuto, el viñamarino informó a sus cercanos que tenía fiebre y se sentía inapetente.

Dos días después, el sábado, recuperó las ganas de comer. Incluso, se puso a estudiar para un examen. Pero el domingo y el lunes la familia perdió contacto. El martes 1 de junio, Isla les escribió un WhatsApp diciendo que estaba “más o menos los últimos dos días”, que tenía poca saturación en la sangre y que pasaba día y noche en posición fetal “para que no trabaje tanto el pulmón y descanse”. Un médico y enfermeras lo habían controlado. El miércoles 2 les informó que estaba “bien sentado, todo el día de guata para mejorar la saturación”. Y el jueves 3, que su nivel de oxígeno en la sangre estaba “normal”, entre 94% y 95%, aunque días anteriores había saturado al 90%.

Ese día agregó que “no me puedo agitar mucho, así que no me llamen, para hablar solo WhatsApps escritos”. Cada vez que hablaba se ponía a toser.

Su última comunicación fue a las 20.25 horas del jueves 3 de junio. Doce horas después lo encontraría fallecido, en el suelo de la habitación, el médico Alexis Quintero. Su causa de muerte, dice el certificado de defunción, fue insuficiencia respiratoria aguda por Covid-19.

La mamá de Isla, Ana Cabello, ya había ingresado una denuncia a la fiscalía el 16 de junio. Ese día, el Ministerio Público inició investigación por cuasidelito de homicidio por profesional de la salud. A cargo de la indagatoria está el fiscal de Viña del Mar, Stefan Kramar, quien despachó una orden de investigar a la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes deben realizar una serie de diligencias, entre ellas, toma de declaraciones.

En particular, la querella patrocinada por el abogado Paulo Pérez solicitó que se tome declaración a ocho personas que tuvieron contacto físico o telefónico con Isla; “periciar el aparato celular de la víctima”; también se ordene al hotel remitir los registros de cámaras de seguridad, y al Minsal enviar la ficha clínica de la víctima, con el “registro de controles realizados en su estadía con días y horas, tipo de controles realizados”, así como los “nombre de los médicos, enfermeras, auxiliares y personal de aseo a cargo de la víctima y protocolo Covid-19 aplicado en la residencia sanitaria”.

La fiscalía, además, instruyó a la Seremi de Salud de Valparaíso “un requerimiento de información relacionada a la residencia sanitaria, la que será vital para el desarrollo de la investigación”. Sin embargo, el seremi Georg Hübner dijo que “hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación de la fiscalía al respecto (...); una vez que nos demos enterados y acusemos recibo vamos a entregar todos los antecedentes”.

Hübner señaló que el deceso de Isla “significó mucho dolor dentro del equipo, que ha atendido a más de 10 mil personas” y que ha entregado “lo mejor de sí”. El médico agregó que “estamos conscientes de que en este caso se cumplieron los protocolos definidos”, no obstante, instruyó en junio una auditoría clínica interna, “para poder establecer con mayor detalle cuáles son los elementos que se pudieron haber presentado”.

“Le pedimos a un profesional de connotada trayectoria, el cual trabaja en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, para que pudiera hacerla, y no hacerla un profesional directamente de nuestra Seremi”, puntualizó Hübner. El proceso está en curso. Dependiendo del resultado -”esperamos que sea en el corto plazo”-, la autoridad va a “determinar si es necesario hacer un proceso de investigación sumario o un sumario administrativo”.

En la residencia Novotel “tenemos todos los días atención medica de acuerdo a los requerimientos que puedan existir. En caso de que haya un paciente que pudiera estar con algún grado de descompensación se coordina con la unidad del Samu o con las misma urgencia del hospital donde tenemos la residencia”, agregó el seremi.

Según el protocolo del Minsal de traslado vía Samu para pacientes complejos desde residencias sanitarias a centros asistenciales, son seis los parámetros que debe contemplar el encargado de la residencia ante la descompensación de un paciente: frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno -menor o igual a 91% es lo más grave-, temperatura, presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca y escala Advi -que sirve para medir el grado de conciencia-.

Si el usuario presenta dos o tres parámetros alterados, su riesgo puede ser alto y se requiere una respuesta clínica de “emergencia”, con el control continuo de los signos vitales y el llamado al Samu.

En Valparaíso, es el cumplimiento de este tipo de protocolos lo que intentará determinar la auditoría oficiada por el seremi Hübner. La auditoría analizará “todo el tiempo que estuvo el usuario dentro de la residencia, el cumplimiento de los protocolos por parte de nuestro equipo”, dijo el seremi.

María José Escudero, madre del hijo (8) de Isla y querellante en la causa, señaló que “es una verdadera vergüenza lo que pasó con Mauricio. Para el Minsal y las residencias. Esto no puede volver a ocurrir”.

Asimismo, espera que “salgan a la luz los responsables de los que hicieron mal su trabajo y derechamente no lo hicieron. Acá hubo una negligencia gigante, de la cual el Estado y sus instituciones deben hacerse cargo y dar la cara (...). Vamos a llegar al fondo del asunto, porque su mamá se lo merece, porque Mauricio se lo merece y porque mi hijo se lo merece”.