Un monto de $ 7.096.267, para los senadores, y de $ 4.615.005, en el caso de los diputados reciben mensualmente los parlamentarios para financiar sus gastos operacionales: actividades territoriales; oficinas parlamentarias; telefonía móvil; vehículos; desplazamientos; alojamiento y alimentación; comunicación; y regulación de pasajes.

El uso de asignaciones parlamentarias es un tema sensible que ha expuesto judicial y políticamente al Congreso en varias oportunidades. La lista de escándalos es larga y va desde el proceso por fraude al Fisco que enfrentó el exdiputado de RN Maximiano Errázuriz en 2009 por el arriendo fraudulento de sus sedes parlamentarias, hasta la investigación que inició en 2022 la Fiscalía de Valparaíso en contra del diputado Cristóbal Urruticoechea (exrepublicano) cuando se descubrió que su pareja de ese entonces, Tamara Küpfer, usaba la tarjeta de combustible del Congreso.

Desde el año 2010 el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, que hoy preside el exsenador Rabindranath Quinteros, resguarda el uso correcto de los fondos asignados a los diputados y senadores autorizando o rechazando sus solicitudes de gastos.

La Tercera revisó los oficios emitidos por el Consejo de Asignaciones Parlamentarias durante todo el periodo legislativo 2024. En esos documentos oficiales están registrados todos los “no ha lugar” de la entidad a los senadores y diputados. Las solicitudes son variopintas. Van desde pedir permiso para autorizar la compra de equipos tecnológicos a la más común: autorización para ampliar el gasto de combustible.

El 9 de agosto la senadora Ximena Órdenes (Ind. -PPD) solicitó autorización para adquirir un dron, “con el objeto de apoyar el trabajo comunicacional”.

El portazo de la Comisión fue unánime, “por razones de austeridad”. Según consta en el oficio, el Consejo argumentó que dicho implemento no se encuentra dentro de los permitidos por la regulación vigente.

Otro senador que sufrió un revés ante la Comisión, por el mismo motivo que Órdenes, fue Carlos Kuschel (RN), quien el 4 de octubre pidió la venia para la compra de un notebook MacBook de 16 pulgadas, cuyo costo bordeaba los 4 millones de pesos.

El senador Gustavo Sanhueza (UDI), en tanto, el 10 de abril pidió la autorización para adquirir con cargo a la asignación de gastos operaciones, distintos accesorios de una máquina fotográfica. Sin embargo, la Comisión rechazó el requerimiento pues dicho artefacto no se encontraba dentro del inventario del Senado.

Otros rechazos llamativos fueron a los diputados Jorge Brito (FA) y Daniela Cicardini (PS). Ambos solicitaron mantener el gasto mensual en el ítem comunicación en medio de las elecciones municipales y de gobernadores regionales de 2024. En sus respuestas, la Comisión afirmó “que no se advierten fundamentos para autorizar una excepción a dicha regla”.

El diputado Benjamín Moreno (republicano) también recibió el portazo de la Comisión. El trámite del representante por el Maule, efectuado el 13 de agosto, fue debido a que la carga de combustible realizada con una tarjeta en convenio en la que se consignó un RUN con un dígito equivocado. La Comisión rechazó el requerimiento de Moreno, ya que no identificó a la persona que efectuó dicha carga.

La diputada Marcia Raphael (RN) también presentó un requerimiento por el uso de combustible el 26 de agosto. Este fue desestimado ya que la Comisión había aprobado otra solicitud de ella del mismo tenor, en la cual se le indicó que, en esa oportunidad, la aprobación fue de “carácter excepcional”.

En el ítem de combustible se registraron 14 solicitudes de diputados que fueron aprobadas por la Comisión.

Héctor Barría (DC), Cosme Mellado (radical), Consuelo Veloso (FA), Helia Molina (PPD), Marcela Riquelme (FA), Boris Barrera (PC), Bernardo Berger (Ind. -RN), Eduardo Cornejo (Ind. -UDI), Sofía Cid (Ind. -republicana), Karen Medina (Ind.), Ricardo Cifuentes (DC), Carla Morales (RN), Henry Leal (UDI) y Renzo Trissoti (Ind. -republicano).

El argumento principal para la aprobación de la Comisión fue por “el carácter excepcional” de la solicitud elevada por los diputados. Sin embargo, hay otras razones que ha entregado la Comisión para visar las observaciones hechas por los miembros de la Cámara Baja.

En el caso de Cifuentes -que además de combustible, incurrió en gastos de “comunicación” y “actividades territoriales”- los ejecutó en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados, entre julio de 2023 y abril de 2024. En concreto, el otrora timonel de dicha Corporación solicitó una revisión de los promedios que se calcularon en dichos ítems. El argumento de Cifuentes, y que acogió la Comisión, fue que, en dicho cargo, el “uso de asignaciones se vio alterado significativamente”.

Los miembros de la Cámara Alta también han hecho requerimientos en cuanto al gasto en combustible, pero argumentando distintas razones.

Iván Moreira (UDI), por ejemplo, el 8 de mayo solicitó reconsiderar el promedio del gasto en ese ítem entre mayo y julio de 2023, puesto que no viajó a la región de Los Lagos -de la cual es representante- por motivos de salud.

Otra solicitud que se destaca entre las elevadas por los senadores fue la que hizo Alejandro Kusanovic (Ind. -RN). El representante por Magallanes pidió, el 26 de julio, el reembolso de $ 114.814 en que incurrió su jefe de gabinete. El argumento fue que para dicho traslado “no había disponibilidad de un vehículo 4x4, necesario para las condiciones de tiempo en la zona”.

Por lo mismo, el senador facilitó un vehículo particular que no estaba registrado.

El senador Pugh, en tanto, el 23 de enero pidió la venia para la compra de un lápiz para utilizar en aparatos como tablets, cuyo precio ascendía a $ 153.510. La Comisión aprobó la petición en razón a que “puede considerarse como parte del equipamiento necesario para el cumplimiento de la función parlamentaria”.