“No les creyeron”: informe de caso Cayazaya revela inacción de la UAndes y amedrentamiento a alumnas que acusaron maltrato

La madre de Catalina Cayazaya, estudiante de Terapia Ocupacional que en marzo de este año se quitó la vida tiempo después de enfrentar “situaciones de hostigamiento y maltrato” por parte de funcionarias de la Universidad de los Andes, su casa de estudios, dio a conocer este domingo en sus redes sociales que la Superintendencia de Educación Superior (SES), además de establecer lo anteriormente señalado, determinó que hubo faltas de aplicación de normativa interna de la institución, por lo que, según se lee en la resolución exenta, “ordena instruir proceso administrativo sancionatorio” a la universidad.

En esa resolución se da cuenta de los resultados de la investigación que llevó a cabo la superintendencia, a cuya acta de fiscalización y los detalles de ese caso tuvo acceso La Tercera.

En esa extensa acta de más de 80 páginas se lee con detalle la descripción de algunos hechos anteriores y posteriores al día en que la joven se quitó la vida. Resumidamente, la estudiante reclamaba que no solo sufría acoso y hostigamiento en su práctica, sino que la universidad no hizo nada al respecto a pesar de haberlo comunicado.

En el informe en cuestión, por ejemplo, se establece que previo a un correo del 30 de septiembre de 2022 en el que un grupo de estudiantes, incluida Cayazaya, piden una reunión para dar cuenta de “las situaciones de maltrato” que habían vivido en sus campos clínicos, también “es posible establecer que, de manera previa al correo las autoridades de la Escuela de Terapia Ocupacional (TO), la coordinadora de Internado y/o las supervisoras respectivas, habían tomado conocimiento de al menos seis estudiantes que reportaron situaciones en los campos clínicos eventualmente constitutivas de maltrato y/o abuso”. Y que, en tal sentido, “no hubo acciones tendientes a esclarecer los hechos por parte de quienes fueron informadas de las situaciones; en lugar de ello, en algunos casos, se atribuyó la situación a la estudiante o los hechos fueron minimizados al solicitar a la estudiante que ‘aguantara’ porque quedaba poco”.

Fue justamente esa falta de respuesta la que llevó a enviar ese 30 de septiembre el mencionado mail para informarles nuevamente la situación a las autoridades de TO, quienes citaron a las firmantes a una reunión por Zoom para el 4 de octubre, a la que asistieron “al menos” siete de las alumnas denunciantes y, por parte de la Escuela, la coordinadora de Práctica de Internado, Paola Manghi; la coordinadora de Campos Clínicos, Carla Bartolucci; la directora de la Escuela, María Elena Riveros, y la secretaria académica, Rosario Fernández, estas últimas dos miembros del Consejo de Escuela.

“De acuerdo con el Informe de Testimonios Reservados, en dicha reunión las estudiantes explicaron que no todas las firmantes habían sido víctimas de malos tratos, pero sí testigos directos o de oídas. Frente a lo expuesto, las autoridades indicaron a las estudiantes que sus dichos tenían el carácter de injurias, informándoles que ello podía ser objeto de sanciones”, dice el informe de la SES, que agrega que “en el marco de la presente investigación, la universidad informó haber borrado el registro de la grabación de la reunión como parte de la eliminación periódica de archivos; sin perjuicio de lo cual, los antecedentes recabados permiten establecer que las autoridades de la Escuela presentes en la reunión no escucharon a las estudiantes, sino que les solicitaron hacer llegar por escrito sus testimonios”, se extiende esa parte del acta de la investigación.

Y sigue: “Tanto Catalina -a quien se dirigían principalmente las intervenciones de las autoridades en esa reunión- como las demás estudiantes que asistieron, sintieron falta de apoyo y de atención, ya que las autoridades de la Escuela de TO relativizaron o no les creyeron los hechos y también sintieron miedo porque podían verse perjudicadas por lo planteado a las autoridades”, se lee a continuación, agregando que en referencia a lo anterior incluso 16 de las 26 alumnas enviaron un correo de disculpas al día siguiente.

Luego se consigna que “a pesar de que Catalina envió su testimonio de las situaciones vividas en el Hogar Español, el Consejo de Escuela de TO no abordó el punto en su sesión de 6 de octubre de 2022 ni se inició investigación tendiente a esclarecer los hechos”. Tampoco se abrió un proceso de investigación para determinar la efectividad de los hechos denunciados.

En esa sesión del 6 de octubre, además, el Consejo de Escuela de TO “validó la línea de acción de las asistentes de la reunión por Zoom, en el sentido de sancionar a dos estudiantes (por supuestas denuncias infundadas), lo que se realizó sin un proceso disciplinario previo”.

El informe de la superintendencia posteriormente reseña que el Consejo de la Facultad de Medicina tomó conocimiento de la situación, “avalando lo realizado por las autoridades de la Escuela de Terapia Ocupacional (...). Es decir, el Consejo de Facultad no estimó necesario realizar acciones tendientes a esclarecer los hechos denunciados, estimándolos como “supuesto maltrato” y validando las amonestaciones a estudiantes que hayan hecho acusaciones falsas”.

“Enseguida, la Escuela organizó reuniones individuales en las que se concordó previamente la estrategia para abordarlas, en que se evidencia que la línea de acción sería la misma, es decir, reprochar la forma de actuar de las estudiantes y advertir que este tipo de denuncias -calificándolas de infundadas- podría costarles el trabajo en el mundo laboral”, se suma.

Asimismo, se explicita que el 14 de octubre de 2022, María Elena Riveros, Carla Bartolucci, Paola Manghi, Rosario Fernández y Nicolás González, como autoridades y miembros del Consejo de Escuela, sostuvieron reuniones con 21 de las estudiantes que suscribieron el mail del 30 de septiembre. “Catalina Cayazaya no asistió a la reunión individual a la que fue citada, por temor”, se establece.

Testimonios de estudiantes que asistieron a dichas reuniones dicen que fue “hostil y no tenía por objeto escuchar ni atender las situaciones planteadas por las estudiantes”. Otra testigo lo califica como “monólogo” de parte de las autoridades de la universidad. La respuesta de la UAndes es calificada como “insuficiente y represiva” en el informe de la superintendencia.

“Los antecedentes recabados sobre lo ocurrido luego de la reunión colectiva permiten establecer que, en las reuniones individuales de las estudiantes, las autoridades de la Escuela no escucharon las experiencias de maltrato de las estudiantes, sino que insistieron en la actitud de reprimenda y advertencia de los problemas que les traería en caso de injuriar a docentes de los campos clínicos, dando por sentado que las denuncias eran infundadas o falsas”, se dice al respecto, sumando además que todos los antecedentes constituyen “una forma de amedrentar a las estudiantes”.

Y suma: “En síntesis, las autoridades de la Escuela de TO no creyeron a las estudiantes lo relatado individual ni colectivamente, rechazando de plano las situaciones informadas, sin activar ninguna investigación interna orientada a atender las inquietudes planteadas ni brindar la ayuda solicitada por las estudiantes”.

Fue durante la rotación a modo de práctica en el centro Pepikan que se establecen otros hechos en el informe. Por ejemplo, se señala que el 5 de mayo de 2023, Javiera Court (una de las coordinadoras de prácticas) le envió un mail a Cayazaya donde le comunicó que había bajado su nota de desempeño. Esto es relevante porque se ha señalado que la estudiante recibió constantemente actitudes hostiles. Y que, dentro del centro, se vivían situaciones anómalas. Hay testimonios que dicen que en dicho centro no les aprobaban su rotación “para tenerte más tiempo trabajando”.

Hacia fines de 2023, acorde al escrito, Cayazaya comenzó a comunicar a su escuela pretender congelar sus estudios “por trastorno anímico grave, con ideas de muerte”. En el intertanto su madre -Carolina Cors- tuvo contacto con algunas autoridades de la universidad -se menciona a Francisca Ovalle- para buscar una solución. Consta en esa línea que el Consejo de Escuela de TO aprobó ofrecer rendir por tercera vez el examen de la rotación de pediatría, a pesar de que no era una alternativa. Pero la estudiante no volvió a la universidad.

“Las autoridades de la Escuela de TO no tomaron acciones respecto de las irregularidades detectadas en la rotación de Pepikan. Tampoco consta que el vicedecano de Medicina, que estaba en conocimiento de esa situación, haya escalado la información a autoridades superiores”, se lee. Dichos personeros de la universidad tampoco adoptaron medidas “a pesar de estar informados de la situación de salud mental de Catalina y de tener conocimiento de otros alumnos con certificados de salud mental que les llevó, tal como Catalina, a suspender estudios”.

A través de su ficha curricular fue posible establecer que Cayazaya se encontraba matriculada para estudiar en 2024. Eso no llegó a concretarse, dado que el 16 de marzo se quitó la vida, dejando una nota para su madre.

El 18 de marzo, Pilar Ortega, actual directora de la Escuela, escribió a la madre de Cayazaya, manifestando sus condolencias. Ese correo, dice el informe, fue respondido el 19 por Cors “atribuyendo responsabilidad en el hecho a la Escuela y a su falta de respuesta oportuna”.

Pero antes, el 17, día que la universidad tomó conocimiento de la muerte, el Consejo de Escuela de TO se reunió para activar el protocolo de fallecimiento de un alumno. Pero que producto de la respuesta de Cors tomaron conocimiento de que era un suicidio. “En atención al tenor del correo electrónico de Carolina Cors, se tomó la decisión de no activar el protocolo respectivo”. Esta decisión, señaló Francisca Ovalle, les generó problemas porque los alumnos ‘creyeron que estábamos encubriendo esto, como que hubiéramos tapado algo, pero no es que quisiéramos, sino que era netamente por tratar de resguardar eso’”.

En la investigación también se menciona la carta que Cors publicó el 2 de abril, donde expuso la experiencia de su hija en el internado, lo que destapó el caso. Ese mismo día la SES solicitó información a la universidad. En paralelo, Francisco Lavín, vicerrector de Alumnos y Alumni de la UAndes, solicitó una investigación interna, la que fue llevada a cabo por las académicas Tatiana Vargas Pinto y María Claro Montes, y al subdirector de Gestión de Personas, Ricardo Solís.

Dicha investigación, dice el acta de la SES, concluyó con un ‘Informe Final caso Catalina Cayazaya Cors’ el 3 de mayo de 2024. Y que ahí se propuso la aplicación de sanciones para Valeria Zamora (inhabilitación temporal por 10 años para ejercer cargos directivos y de gestión en la universidad y clínica de la U. de los Andes y amonestación con copia a la Dirección del Trabajo, DT); Paola Manghi (sanción equivalente) y Javiera Court (inhabilitación temporal para ser docente de Prácticas por 5 años desde la imposición de la medida). A esta última le detectaron “irregularidades” en la evaluación de desempeño de Cayazaya, al modificarla. Además, se encomendó dejar sin efecto las sanciones a las alumnas y poner término al convenio con el Hogar Español y a la relación con Pepikan.

Consultada la institución sobre las acciones adoptadas luego de la elaboración del informe, la UAndes dijo haber notificado a dichas docentes, pero no entregó verificadores que dieran cuenta que haya sido remitido o recibido por la DT. La universidad, además, señaló que puso fin a toda relación con Pepikan, que suspendió el envío de internos al Hogar Español durante 2024 -sin terminar el convenio-, y que dejaron sin efecto las sanciones a las estudiantes. Asimismo, dijo haber implementado una serie de acciones de mejora en internados.

Respecto a las docentes que se sugirió sancionar, la UAndes constató a la SES que dos de las tres -Paola Manghi y Javiera Court- dejaron de prestar servicios a la casa de estudios. Y que Zamora se mantiene desarrollando labores de profesor investigador “con una jornada de 23 horas semanales, con una remuneración bruta mensual de $2.495.669″, según se lee. Ella había llegado como profesora asistente extraordinaria, con más horas y más sueldo.

Hacia el final del informe, la SES dice que en el marco de la investigación “se verificó que las autoridades de la Escuela de TO (María Elena Riveros y Valeria Zamora) y de la Facultad de Medicina (decano y vicedecano, Ismael Correa) fueron alertadas en 2021 respecto de situaciones de maltrato y faltas de respeto a estudiantes por parte de Paola Manghi, Claudia Prieto y Javiera Court, sin que conste que haya habido alguna acción tendiente a aclarar lo relatado por exdocentes de la Escuela de Terapia Ocupacional”. Asimismo, se agrega que las autoridades de la Facultad de Medicina “fueron alertadas del estilo autoritario y hostil de María Elena Riveros”.

De los antecedentes revisados, dice casi al cierre el escrito, “es posible establecer que la Universidad de los Andes dio inicio a una investigación interna ‘solo una vez que el suicidio de Catalina fue difundido por redes sociales y la situación fue consultada por esta superintendencia’”.

Como se ha dicho, la SES instruyó un proceso administrativo sancionatorio en contra de la universidad, tras lo cual se formularán los cargos correspondientes.

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