No solo Hassler: concejo municipal y vecinos de Santiago rechazan transversalmente nueva cárcel y estudian qué pasos legales seguir

El potencial nuevo inquilino de la comuna de Santiago no es bien recibido. Así lo retratan concejales y vecinos de la céntrica comuna de la capital, hoy unidos por la misma causa: rechazar la posibilidad de que en su territorio se construya la nueva cárcel anunciada este jueves por el Presidente Gabriel Boric, y que ya provocó que la alcaldesa, Irací Hassler (PC), se opusiera “rotundamente” y de manera pública a que el recinto penitenciario de alta seguridad sea construido allí. Hoy los concejales no descartan levantar recursos judiciales, pasos que también comienzan a estudiar los vecinos de Rondizzoni.

El nuevo recinto penal contará con 500 plazas y tendrá un costo de $ 90 mil millones y estaría ubicado -según lo adelantó La Tercera- en el cuadrante de Pedro Montt, en la comuna de Santiago, colindante con Santiago 1. El Mandatario ya indicó que enviará un proyecto de ley al Congreso para acelerar su edificación y en el Ejecutivo esperan que las obras partan el próximo año y sean terminadas antes del fin del mandato.

La ubicación del penal fue una sorpresa para todos en la Municipalidad de Santiago. Según fuentes internas de la casa edilicia, la alcaldesa Hassler tuvo las primeras noticias de esto el 5 de julio, “por la prensa”. Mismo fue el caso de los concejales, que al ser consultados por este medio reaccionaron negativamente, sin importar el color político.

Las tres militantes comunistas -Camila Davagnino, Virginia Palma y Dafne Concha- personalmente le hicieron llegar su postura a la alcaldesa y partido político, y afirmaron que la edificación de este recinto permitiría el aumento de la delincuencia en “al menos tres barrios” del sector, y elude otras materias como la construcción de viviendas sociales.

“Sabemos la preocupación que tienen los vecinos y las externalidades que genera, los peloteros, los robos y las situaciones de delincuencia que se dan alrededor de la cárcel, tanto de Santiago 1 como de la ex Penitenciaría. Un tránsito con el que los habitantes de esa zona ya tienen que lidiar. Un recinto penitenciario de estas características, tal como se hace en otros lugares del mundo, se encuentra fuera de los radios urbanos. No es una buena opción en la comuna de Santiago, capital del país, donde se verían tres barrios afectados: el judicial, el de Rondizzoni y el de San Eugenio”, explica Davagnino.

Asimismo, Palma indica que “el anuncio generó principalmente dudas, ya que no nos imaginamos en qué paño podría construirse una cárcel de alta seguridad en nuestra comuna, pero además de esto, la instalación de este recinto penitenciario aumenta las desigualdades que por muchos años viene insistiendo, en luchas como la vivienda. Claro que nos alerta a todos”.

Por su parte, la concejala Concha agrega que “si se busca que sea la comuna de Santiago, nos hemos opuesto de manera categórica. Tenemos tres recintos penitenciarios y muchas situaciones de conflictividad en el barrio donde se ubican: población flotante, comercio no regular e incivilidades. Me parece una decisión incorrecta. Todo nuestro esfuerzo ha estado en la recuperación del espacio público y sabemos el impacto negativo que significa para la vida de barrio y no nos queremos ver más perjudicados”.

Hasta el momento, el comunal del partido de la alcaldesa no se ha referido respecto a la potencial instalación del centro penitenciario y desde la colectividad aseveran estar esperando un anuncio formal para referirse al tema, aunque aseguran que esta declaración debería ir en línea de la opinión que Hassler emitió a través de sus redes sociales.

Una de las concejalas del Frente Amplio, Ana María Yáñez, también se refirió al tema. “Ante una eventual edificación carcelaria en la comuna, Santiago no está en condiciones de recibir esta infraestructura. Hay que evaluar lugares que permitan cumplir con los estándares de seguridad y no afecte la calidad de vida de vecinos, que es lo primordial”, dice.

Incluso los ediles fuertemente opositores a Hassler, como Juan Mena (RN), Santiago Mekis (RN) y Rosario Carvajal (Ind.), destacaron la respuesta realizada por la alcaldesa y reafirmaron su apoyo, señalando que esta nueva estructura afectaría “el vivir de los habitantes de Santiago”.

Es más: ninguno de los concejales consultados para esta nota descartó empujar que se tomen medidas como institución. Una de ellas apunta a enviar una carta firmada en conjunto por la entidad colegiada a La Moneda y en caso de que esto no tuviese eco, levantar manifestaciones y recursos de protección en contra del proyecto.

Pero los concejales no son los únicos. Los posibles futuros vecinos de la nueva cárcel también alzan la voz. Residentes del barrio Rondizzoni de inmediato expresaron su rechazo.

Al respecto, la vocera del barrio Rondizzoni, Paola Morena, afirma que es “inaceptable” la instalación por la serie de “externalidades que se sufren en el entorno de los otros cuatro recintos que hay en el sector”.

“Esto es algo inaceptable en un barrio residencial como Rondizzoni, histórico, con zonas patrimoniales. Ya tenemos que lidiar con cuatro recintos penitenciarios. Hemos denunciado en Gendarmería y en el Ministerio de Justicia, en innumerables ocasiones, el comercio ilegal, tráfico, bandas de peloteros y otras incivilidades que hemos presenciado, en un lugar que, por cierto, viven adultos mayores”, agrega.

En ese sentido, es tajante en afirmar que “nuevamente los barrios de Santiago, en especial nosotros que estamos en el límite sur, no somos prioridad, por lo que no descartamos levantar recursos de protección en contra de esta construcción que, por cierto, provocará un daño más grande en nuestro entorno”.