Objeción de conciencia: ¿Por qué hoy la oposición cuestiona a la exministra Pascual?
La Tercera reveló que el 50% de los obstetras de la red pública se declara objetor de conciencia en casos de violación. De Urresti y Harboe dicen que fue un error negociar ese punto en el Senado.
"Le advertimos en su momento a la entonces ministra Claudia Pascual (PC) que la objeción de conciencia sería un problema, pero lamentablemente no se entendió que terminaría afectando a las mujeres más vulnerables que no tienen acceso al sector privado".
El dardo a la ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer de la administración de Michelle Bachelet es del senador socialista Alfonso de Urresti, a raíz de la publicación de La Tercera que reveló que el 50% de los obstetras de la red de salud pública se declara objetor de conciencia en casos de violación.
A dos años de que se despachara la Ley que Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el actual vicepresidente del Senado dice que fue un error del gobierno anterior haber cedido a que se incluyera la objeción de conciencia en el proyecto, accediendo a una solicitud de los parlamentarios de Chile Vamos y de la Democracia Cristiana.
En orden a esa crítica, hoy el parlamentario pedirá en comisión de Constitución que se tramite un proyecto de ley que apunta a que ningún doctor pueda acogerse a objeción de conciencia si trabaja en la red pública de salud.
"Lo que está ocurriendo es inaceptable porque si un profesional trabaja en el sector público tiene el deber de cumplir la ley y aceptar las tres causales de la ley de aborto. El gobierno debe aplicar las medidas necesarias porque en comunas alejadas las mujeres no están recibiendo la atención que corresponde", comentó el parlamentario a La Tercera PM.
En su calidad de presidente de la Comisión de Salud, el senador Rabindranath Quinteros (PS) recalca que "es deber del Ministerio de Salud garantizar que las mujeres reciban atención en las tres causales en cualquier rincón del país, porque lo que hoy está pasando que en muchas regiones sólo en las capitales está garantizada la atención".
La tramitación
Tal como recuerda un ex ministro de Bachelet, el proyecto que Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo partió su tramitación en el Congreso sin objeción de conciencia. La entonces oposición incluyó esa indicación con un régimen amplio que le otorgaba el derecho de objetar tanto al médico tratante como a la institución. Los diputados acotaron esa posibilidad, pero el proyecto pasó al Senado con esa herramienta.
El cuestionamiento retroactivo que hoy hacen algunos senadores de oposición es que el gobierno -con la ministra Pascual al frente- le concedió a la derecha y a la DC el punto de la objeción de conciencia y del sistema de acompañamiento.
En la comisión de Constitución fue el senador Pedro Araya (entonces miembro del comité DC) quien introdujo una indicación que permitía ampliar la objeción de conciencia al equipo médico tratante. Una posibilidad que promovía la senadora Carolina Goic y que hoy sigue defendiendo.
"La objeción de conciencia es un derecho de los médicos. Lo importante es que se garantice la atención en un establecimiento. El punto es que operen las redes de derivación cuando corresponda, aun en lugares aislados como Puerto Williams", señala Goic a La Tercera PM.
Un integrante del comité político de Bachelet defiende la gestión de la ministra Pascual, asegurando que no tuvo más salida que actuar con pragmatismo para asegurar la aprobación de ley.
Los críticos, en tanto, sostienen que la negociación del Senado abrió la puerta para que luego el Tribunal Constitucional ampliara a las instituciones la objeción de conciencia sin que la ex Nueva Mayoría pudiera hacer nada.
El senador del PPD, Felipe Harboe se cuenta entre los detractores de la gestión del gobierno anterior en este tema.
"Los que permitieron la objeción de conciencia sabían que esto ocurriría, cometieron un error... Siempre es más fácil no hacer la pega que hacerla. Las mujeres no merecen que en el sector público existan estas limitaciones por razones religiosas, el Estado debe velar por el interés general con independencia de las creencias personales de los médicos", sostiene.
La ex ministra Claudia Pascual fue contactada por La Tercera PM, sin embargo declinó pronunciarse.
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