“Me parece que lo que han hecho el resto de los partidos de Apruebo Dignidad de llamar a votar por las otras candidaturas es lo correcto, hoy día una persona que está cuestionada de esta manera no cuenta con mi apoyo”. Con esas palabras el abanderado presidencial Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) dejó caer este jueves a la carta senatorial del pacto por la Región Metropolitana, Karina Oliva (Comunes).

Los dichos del presidenciable -que sorprendieron al entorno de la excandidata a la Gobernación de Santiago- se daban luego de que este miércoles Ciper Chile revelara que Oliva pagó sueldos abultados a sus asesores durante su campaña. Antecedentes que se vieron agravados cuando esta mañana, en conversación con distintos medios, la candidata reconoció que había incurrido en financiamiento fuera del plazo legal. Es decir, más allá de los 90 días previos a los comicios.

De acuerdo al reportaje, siete de los asesores de la actual candidata a senadora presentaron boletas por un total de $137 millones.

“Quiero ser absolutamente claro: cuestiones de estas características son inaceptables. Y, en ese sentido, nosotros no vamos a trepidar en hacer ninguna defensa corporativa. Venimos acá para más que apuntar con el dedo, para cambiar justamente estas prácticas. Entonces, sucedan donde sucedan, es inaceptable, no lo vamos a tolerar y no va a ser parte de nuestro gobierno”, agregó Boric en una actividad en la comuna de Lo Espejo.

La decisión de desmarcarse de Oliva se tomó ayer en la noche en una reunión de emergencia del comando de campaña de Boric. El análisis, según presentes, fue claro: más allá de lo legal, el bloque debía salir a condenar duramente los actos denunciados. Esa, dicen las mismas fuentes, era la única salida para contener al máximo el conflicto y evitar que, a solo tres días de la elección, la situación de la candidata al Senado impactara negativamente en la opción del propio Boric y en la lista parlamentaria de Apruebo Dignidad.

Pese a que Oliva es quien lidera los sondeos y hasta hoy era considerada una de las cartas más fuertes en la carrera parlamentaria, en el sector coincidían en que no podían arriesgarse a que el caso empañara la elección de este domingo. Sobre todo, porque como bloque se instalaron en el mapa político con un discurso de “manos limpias”.

“Por la carga moral que nosotros mismos hemos establecido, no podíamos no tener una respuesta contundente y compartida”, sostenía esta mañana otro dirigente del Frente Amplio.

Los cálculos en el entorno de Boric fueron variados. Pero distintas fuentes de su entorno reconocen que facilitó la decisión el hecho de que Comunes y, particularmente Oliva, fueron uno de los sectores del Frente Amplio que más resistieron su opción presidencial. De hecho, la colectividad fue la última en respaldar al diputado de cara a la primaria y la excandidata a gobernadora hizo varios guiños a su contendor, Daniel Jadue (PC). “Para nosotros dejarla caer no representa un costo personal”, decía un cercano a Boric esta mañana.

Minutos después de los dichos del candidato, la directiva interina de Comunes, que asumió anoche tras la renuncia de su presidente, Jorge Ramírez, también le daría la espalda a su candidata. A través de un comunicado interno, la colectividad les dio a sus militantes “libertad de acción” respecto de su voto en los comicios senatoriales del domingo. Luego, el Tribunal Supremo le dio el golpe de gracia al suspender su militancia tras la denuncia que impulsaron las diputadas del partido Claudia Mix y Camila Rojas.

En paralelo, los partidos del Frente Amplio se reunían para abordar la crisis. En esa cita se acordó reforzar el mensaje de Boric y quitarle el respaldo a la candidatura. La idea inicial era sacar un comunicado conjunto, sin embargo, hasta el cierre de esta edición solo había publicada una declaración de Convergencia Social.

En el documento el partido del diputado por Magallanes cuestionó las explicaciones de Oliva al calificarlas de ”insuficientes” y llamó a sus militantes y adherentes a no votar por ella.

“La transparencia es esencial en política, sobre todo si hablamos de platas. La situación de Karina Oliva es inaceptable, antiética y daña el proyecto de #AprueboDignidad. Su candidatura no cuenta con nuestro apoyo, la gente no quiere más engaños”, sostuvo esta mañana la integrante del comando de Boric, Camila Vallejo (PC).

Mientras que su par Diego Ibáñez (Convergencia Social) aseguró que “Karina Oliva no cuenta con el apoyo de Gabriel Boric ni el nuestro. Trabajamos arduamente para dejar estas prácticas atrás y no toleraremos esto dentro de nuestra coalición. Hacemos un llamado a apoyar al resto de las candidaturas de Apruebo Dignidad. Los principios se respetan”.

Las primeras alarmas en el comando de Boric se activaron tras la publicación del reportaje. Según distintas fuentes, el equipo del candidato se habría enterado por la prensa de la situación de Oliva.

En ese contexto, el propio jefe político del comando, Giorgio Jackson, tuvo conversaciones con el entorno de la candidata senatorial. Según fuentes que conocieron del intercambio, el diputado por el distrito 10 les advirtió que saldrían a condenar fuertemente los hechos y que no podían permitirse algo distinto. Mientras que desde Comunes transmitieron que Oliva aclararía el asunto a través de un comunicado.

“La cuenta de ingresos y gastos de primera vuelta de gobernadora regional se encuentra aprobada por el Servicio Electoral”, sostuvo anoche Oliva, agregando que tanto “las cuentas de Comunes como mías fueron aprobadas, no teniendo por rechazado ningún gasto declarado”.

En esa línea, Oliva sostuvo que “la premisa de que mi campaña sería la más cara de la Gobernación Regional y que los montos cobrados también son los más altos es absolutamente falsa y lo muestro a continuación: el costo de nuestra campaña de primera vuelta fue de $ 408.492.235, lejos de los más de $ 790.000.000 millones de Catalina Parot o de los $ 780.000.000 de Claudio Orrego”.

Pero sus explicaciones no calmaron las aguas. Al cierre de esta edición, el Servicio Electoral anunciaba que enviaría todos los antecedentes al Ministerio Público.