Operación Topógrafo: exministro acusado por escuchas ilegales recurre de amparo como última opción para recobrar su libertad

Fue el pasado 3 de mayo que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exjuez de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete y para el exjefe de inteligencia de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Schafik Gonzalo Nazal. Esto, luego de que ambos fueran formalizados por 12 delitos de interceptación ilegal de comunicaciones y siete hechos de falsificación de instrumento público, en el marco de la Operación Topógrafo.

Pero a casi cuatro semanas de aquello, y totalmente disconforme con la determinación, el exjuez determinó cambiar la estrategia seguida hasta el momento. Como pudo constatar La Tercera PM, cambió de abogado y recurrió de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago con miras a que se revoque la medida cautelar a la que quedó sujeto.

Y es que como describe en la acción judicial su nueva defensa, a cargo del exdefensor público Octavio Sufán, “el decreto de prisión preventiva es ilegal y vulnera su derecho a la libertad personal”.

Como se detalla en el documento de 13 carillas, el juez que dirigió la audiencia, Jaime Fuica, no podía decretar medidas cautelares respecto de Poblete en esta instancia procesal, aunque así lo solicitaran los fiscales Ximena Chong y Jaime Retamal. Esto, argumentan los abogados, porque hasta ahora, no se ha solicitado ni tramitado una querella de capítulos en su contra, lo que se considera requisito previo para fijar alguno de los resguardos que estipula el Código Procesal Penal hacia su persona.

“Los hechos investigados dicen relación con supuestos ilícitos cometidos por mi representado en su calidad de juez. Específicamente, como ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Por ende, siendo norma de orden público, correspondía dar estricta aplicación a lo preceptuado en el artículo 425 inciso 3º del Código Procesal Penal”, se lee en el texto del recurso.

Según dan cuenta los antecedentes expuestos en la formalización de Poblete, durante 2017 y hasta principios del año 2018, mientras que el entonces general Nazal se desempeñaba como director de Inteligencia, aprobó lo que sólo en apariencia habrían sido solicitudes de intercepciones telefónicas amparadas falsamente bajo la idea de que se buscaba proteger la seguridad nacional y el Estado.

De acuerdo con lo descrito por Sufán en el recurso, los “actos ilegales y arbitrarios” que fundan el amparo se simplifican en dos hechos: “Ausencia de querella de capítulos y consecuencialmente de capitulados, y ausencia absoluta de motivación respecto a la no tramitación de querella de capítulos, determinación de capítulos y carácter de capitulado del señor Poblete”.

Respecto del segundo punto, el abogado asegura que queda demostrada “la ausencia de motivación” al notar que, los fiscales habían pedido se dictara orden de detención contra el exjuez porque no estaba presente en la audiencia donde fue formalizado, “sin siquiera verificar previamente si se encontraba válidamente notificado y bajo los apercibimientos legales”.

Así las cosas, se insiste en que la prisión de libertad que afecta a Juan Antonio Poblete “no ha sido en la forma determinada por la ley. En consecuencia, no se ha decretado en las condiciones fijadas de antemano por las leyes, pues como queda palmariamente fijado, la magistratura lo ha privado de su libertad, sin respetar las formas procesales y con infracción de ley”.

En ese sentido, se insiste en que, para ser sujetos de medidas cautelares, se debía antes tramitar una querella de capítulos contra Poblete. Porque, como se enfatiza, “porque el otrora magistrado es indagado por hechos cometidos estando investido como ministro de Corte de Apelaciones, y en el ejercicio de sus funciones judiciales”.

En consecuencia, la defensa de Poblete le solicita a la Corte que, para “el restablecimiento el imperio del derecho, se disponga la inmediata libertad del amparado por ausencia del trámite esencial, siendo el único remedio procesal posible para poner fin al acto ilegal que importa una privación a la libertad personal de mi representado”.

Consultados por La Tercera PM respecto de la nuevas acciones, la defensa del exmagistrado declinó hacer comentarios.