Otro guiño del gobierno al estallido: Presupuesto contempla implementar una comisión de “verdad y justicia” por la “violencia de agentes del Estado contra civiles”

Avanzar en la reparación para quienes fueron víctimas de lesiones graves y atropellos de los derechos humanos durante el estallido social fue una promesa de campaña, reforzada y reafirmada por el propio Presidente Gabriel Boric, quien durante su gestión ha hecho varios anuncios en esa línea.

El 19 de agosto del 2022, por ejemplo, comenzaron a funcionar los encuentros participativos para que los afectados den cuenta de los mecanismos que se requieren para reparar las vulneraciones que sufrieron. Durante el primer año de gobierno, en tanto, se incluyó en el Presupuesto el Programa de Derechos Humanos del Estallido Social, con 181 millones; este año, en tanto, ese ítem se redujo en un 100%. pero el financiamiento para “víctimas de violencia institucional” fue considerado en el presupuesto de otros ministerios en convenios que la Subsecretaría de Derechos Humanos está ultimando a través del plan ad hoc.

Pero la Ley de Presupuesto del 2024 trae otro elemento que apunta al estallido social.

En el artículo 14, numeral 13, se consigna que “el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informarán la posibilidad de implementar una comisión de verdad y justicia, relativa a la violencia cometida por agentes del Estado a civiles entre los meses de octubre y noviembre del 2019, que evalúe propuestas de reparación”.

El Presidente Boric ya había dado luces de una instancia como esta. En mayo del 2022, cuando presentó la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, advirtió que “como Jefe de Estado, uno no se puede conformar con la vergüenza o la indignación, sino que tenemos el deber y la obligación de dar respuestas, y por eso estamos aquí (...) Esto no se puede repetir, y también tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén al alcance para que haya justicia, para que haya verdad, y para que haya reparación”.

Esta comisión, según se lee en la Ley de Presupuesto, “no reemplazará las funciones de los órganos juridiccionales. Esta información se remitirá trimestralmente, e incluirá a la Comisión de de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Derechos Humanos, Nacional y Ciudadanía del Senado”. Este mismo artículo estaba incluido para el año 2023, sin embargo, no hay registro de esos informes.

Consultada la Subsecretaría de Derechos Humanos, señalaron que “se va a estudiar en conjunto con Interior la mejor forma de dar continuidad al trabajo de catastro de víctimas de la violencia cometida por agentes del Estado entre octubre y noviembre del 2019, que ya se ejecutó en el informe de la comisión del año 2023, y evaluar propuestas de reparación”.

En la oposición, la idea no genera buena recepción. El senador Manuel José Ossandón (RN) señala que “desde la bancada de senadores de RN estamos revisando la Ley de Presupuesto 2024 y nos encontramos con varias sorpresas como reducción del presupuesto de Defensa, la suspensión de los aportes al fondo plurianual para las capacidades estratégicas de la Defensa y la creación de comisiones de verdad y reparación, entre otros”.

Sobre esta última, agrega que “es muy grave, pese a que se aprobó la misma el año pasado -porque los diputados no lo detectaron-, nuevamente el gobierno pretende, a través del Ministerio de Justicia e Interior crear comisiones para indemnizar a supuestas víctimas sin una sentencia judicial, esto, a diferencia de otras comisiones, tendría fuerza vinculante. El Ejecutivo no puede pretender tomarse atribuciones que son propias de otros poderes del Estado, pues los únicos llamados a juzgar son los tribunales de justicia”.

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli), integrante de la Comisión de DD.HH., por su parte, explica que “las comisiones de Verdad son organismos de investigación muy importantes, que internacionalmente han sido creados para encargarles establecer la verdad sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos en contextos de dictaduras, graves conflictos armados internos o guerras civiles (...). No sé si podemos decir que condiciones tan graves como esas, que son las que inspiran a una comisión de Verdad, se dieron a partir del año 2019″.

En esa misma línea, añade que “hubo casos de violaciones de DD.HH. que están siendo investigados por un Ministerio Público autónomo y juzgados por tribunales independientes e imparciales; y hasta el momento el gobierno no ha presentado ante la Comisión de DD.HH. las razones que permitan entender por qué se presentaría una propuesta como esta.

Fuentes de gobierno explican que ya se está trabajando en la presentación de una propuesta y, para eso se están cerrando una serie de convenios con otros organismos para trabajar en un proyecto multifactorial.

Entre las reparaciones en que se pretende avanzar están, por ejemplo, becas para que sigan estudiando, o devolverles el dinero que gastaron en sus tratamientos médicos, a raíz de las lesiones sufridas. El plan para crear una comisión de “verdad y justicia” sigue siendo una idea.