Pablo Valderrama: “La izquierda y la derecha han manoseado la subsidiaridad”

El rol subsidiario o solidario en la Constitución. Hace más de dos años que ese tema obsesiona al abogado Pablo Valderrama, director ejecutivo en IdeaPaís. En esta entrevista, el miembro del consejo asesor de Re:Constitución y académico de la Universidad de los Andes, aborda eso y también cuál debe ser la relación entre la Carta Magna y los derechos sociales.

¿Cómo definirías el denominado rol subsidiario de la Constitución actual, que es implícito, pero que varios lo citan como el principio dominante de la actual Carta Magna?

Es indudable que hay una orientación subsidiaria en la Constitución, sin perjuicio de que está implícita, ya que la palabra ‘subsidiaridad’ no es una nomenclatura que se use en el texto. Sin embargo, hay muchos errores en torno a esto. El primero es que una parte de la derecha y casi toda la izquierda -por no decir toda- le da una interpretación a la subsidiaridad que, a mi parecer, está equivocada. Esto es, entenderla como una mera abstención estatal en favor del mercado. Al menos yo, y otras personas más, defendemos una visión un poquito más integral de la subsidiaridad.

¿A qué te refieres?

Que sin perjuicio de que la subsidiaridad este implícita en la Constitución, a mí me parece que la manera en que se la ha entendido no es la verdadera subsidiaridad. No es cierto que la subsidiaridad funciona como un candado donde no es posible hacer nada y que el Estado cede su lugar en favor del mercado. La misión subsidiaria del Estado está muy manoseada, en el sentido de que ha sido mal interpretada, y, además, está exageradamente denostada por algunos. La izquierda y la derecha han manoseado la subsidiaridad.

¿Por qué crees que se malinterpretó y se ‘manoseó’ tanto este rol?

Se manoseó en el sentido de que se mostró su peor cara y se la redujo a la abstención estatal en favor del mercado. En una sociedad donde se ha tomado consciencia de que existen ciertos derechos denominados sociales, no parece sensato que estos dependan de la capacidad de pago o de la posibilidad que tiene el mercado de satisfacerlos, y si la subsidiaridad es sinónimo de eso, claramente está manoseada. Esa mezcla de cosas le hace muy mala fama a la subsidiaridad.

¿Y cómo la entiendes entonces?

Te doy un ejemplo en concreto. Soy de los que creen que la educación de los hijos es una prerrogativa que le corresponde naturalmente a las familias. Entonces, el Estado actúa y provee educación solo cuando las familias no pueden hacerlo, o no lo hacen bien. Esta es una parte de la subsidiaridad, lo que se llama la ‘subsidiaridad negativa’. Pero también está la ‘subsidiaridad positiva’, que es aquella que obliga a las sociedades mayores, y particularmente al Estado, a crear las condiciones sociales que permiten a las sociedades menores, como las organizaciones sociales, gremios, fundaciones, familias e incluso las empresas, que cumplan lo que naturalmente les corresponde.

Con menos participación del Estado…

El Estado tiene el deber de actuar constantemente de manera que permita a los demás cumplir lo que les corresponde. Esta subsidiaridad, entendida de manera más integral, se traduce en un Estado activo, que no está ausente pero que tampoco es protagonista. Por ejemplo, promoviendo que las distintas organizaciones sociales satisfagan necesidades públicas y que los mercados sean verdaderamente sanos, transparentes y competitivos.

¿Y eso cómo se materializa constitucionalmente?

Esto se traduce en un deber constitucional del Estado de generar las garantías que permiten que eso suceda. Dicho de otra manera, el Estado debe crear las condiciones sociales que permitan, en el caso de las empresas, cumplir con lo que naturalmente les corresponde, lo cual solo puede ocurrir en un contexto de competencia y transparencia. Yo creo que es necesario incluir a nivel constitucional ciertos deberes del Estado de crear esos contextos. De lo contrario, pasa un poco lo que ha ocurrido en Chile, en donde pareciera que el Estado está completamente ausente y el mercado corre con reglas propias, aunque a mi parecer, eso es falso.

¿Los grupos económicos están siendo solidarios, o es el Estado quien los debe forzar a ser solidarios?

Depende de cómo uno entienda el concepto, pero el fondo que arma la CPC -que ahora está ayudando a combatir el Covid-19 en Chile- va en ayuda de las personas más vulnerables, ahí yo veo que hay una acción completamente solidaria. Lo que se está transmitiendo, es que los empresarios o los grandes grupos económicos, se sienten responsables por el porvenir de las personas más vulnerables en esta crisis sanitaria. El Estado lo que tiene que hacer es generar las condiciones para que haya más fondos como el de la CPC o más Teletones, para que haya más privados que se sientan responsables de los demás y quieran cumplir con esa responsabilidad. El Estado tiene que preguntarse si está generando las condiciones sociales que permiten que eso ocurra. Yo creo que hay una deuda ahí.

Sin embargo, muchos creen que ya se agotó esta ‘caridad cristiana’, que no es suficiente para garantizar ciertos derechos sociales.

Esto se remonta a las discusiones que tenía el Partido Conservador con la Juventud Conservadora en la primera mitad del siglo XX, y es que, si acaso esa acción, en este caso de los empresarios, es justicia o es caridad. Yo creo que acá lo que estamos viendo no es caridad, sino que es justicia. Es decir, quienes han sido más favorecidos en esta sociedad tienen un deber de justicia y de solidaridad con aquellos que hoy están más desprotegidos y son más vulnerables. Lamentablemente, lo que una parte de la izquierda suele presentar es que el mundo privado estaría ‘tirando limosnas’ y yo creo que es todo lo contrario. Ahí lo que está presente es un acto de justicia. Alguien que tiene más de lo que necesita para vivir, le está dando gratuitamente a alguien que tiene menos de lo que necesita para vivir. Esto se llama justicia social, no caridad.

¿Sería el Estado quien debe garantizar los derechos sociales y el privado complementarlo?

Al revés. El concepto de derecho social es muy complicado, ya que jurídicamente significa que si alguien tiene un derecho, por el otro lado, hay alguien que tiene el deber de satisfacerlo. En ese caso, la persona que tiene el derecho debiese tener una acción judicial que presentar en contra del Estado o un tercero para que lo satisfaga. Esa noción me complica, porque no tiene en cuenta la realidad financiera y presupuestaria de los Estados. Si el Estado garantiza todos los derechos sociales que a uno se le puedan ocurrir, sin atender a las capacidades fiscales, es muy complicado porque efectivamente los recursos son escasos y las necesidades son múltiples. De esta manera, no tendríamos la capacidad de solventarlos.

¿Y cómo entonces se puede lograr garantizar estos derechos sociales?

A mí me interesaría que en Chile se empezase a hablar de ‘metas solidarias’. Esto es, ciertos mandatos imperativos que la Constitución envía al legislador y también al Ejecutivo para que se satisfagan vía política pública o deliberación política. Por dar un ejemplo, la Constitución Política puede fijar un mandato al legislador de proveer cierta educación a los grupos más vulnerables. Las formulaciones del mandato pueden ser variadas, pero tienen que ser generales y vagas, precisamente porque se entiende que la deliberación política es la llamada a resolver y determinar cómo satisfacer en concreto estas necesidades. Entonces, estas metas solidarias lo que hacen es establecer este mandato al órgano legislativo -principalmente- pero también al gobierno, para que ellos, deliberando políticamente, determinen la manera de resolverlo.

¿Se deberían, o no se deberían consagrar derechos sociales en la Constitución?

Lo que tenemos que hacer es eliminar el concepto de derechos sociales, porque es muy equívoco, y que, en vez, en la Constitución se ocupe la nomenclatura “metas solidarias”, como mandatos muy generales que la Constitución envía al legislador y al Ejecutivo. Además, se podrían incorporar mecanismos de control ciudadano, porque acá alguien me podría decir que soy ingenuo al pensar que sólo porque en la Constitución se establezcan estos mandatos, los órganos deliberativos van a hacerse cargo de esta tarea. Lo que hay que hacer es incluir en la misma Constitución y en las mismas leyes, mecanismos que permitan hacer valer, incluso judicialmente, ciertas garantías que no están satisfechas cuando el legislador no ha cumplido con su mandato.