Pasajes con escala, la pista por lavado de activos y la sombra de gastos reservados: el laberinto judicial del general (R) Martínez

A mediados del 2018, entre junio y agosto, comenzaron los ruidos internos por las diligencias que la ministra en visita, Romy Rutherford, dictaba en una arista hasta entonces desconocida: Pasajes y Fletes. Allí se indagaba a los efectivos del Ejército por el uso irregular del presupuesto destinado a realizar comisiones de servicio al extranjero, donde se solicitaban reembolsos, se hacían escalas en lugares turísticos y hasta se financiaban viajes de familiares con fondos fiscales.

El caso terminó alcanzando al último excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez. El hasta hace poco número uno de la institución castrense fue procesado por Rutherford este martes por la presunta defraudación de $ 44 millones, a través del uso irregular de pasajes al extranjero. La magistrada lo encausó por ocho viajes, entre febrero de 2011 y octubre de 2017.

En el procesamiento de Rutherford -plasmado en 337 páginas- se detallan los viajes de Martínez, las devoluciones de dinero por concepto de pasajes y también cómo el general (R) siguió los días más complejos de la arista que terminaría por acelerar su salida de la institución, antes de cumplir su mandato.

El 5 de abril declaró en la causa el teniente coronel (R) Javier Libuy Krotz. El militar en retiro, que trabajó 28 años en la institución, concretando su salida en 2016, manifestó ante la PDI que cuando trabajó en Dirección de Proyectos del Ejército, entre sus funciones se encontraba recibir todo tipo de documentación contable, por tal motivo, es que en “dos oportunidades tuvo que recibir cheques que llegaron a nombre del general Ricardo Martínez Menanteau”.

Los investigadores le exhibieron un documento de egreso por US$ 14.030, el cual había sido recibido por él. El coronel retirado explicó que el cheque se lo entregó a un ayudante de Martínez y que lo mismo hizo con otro por US$ 8.256. “Al parecer estos cheques se encontraban relacionados con comisiones de servicios al extranjero”, advierte a los policías. Sin embargo, antes de concluir su declaración, recordó una llamada que recibió en 2018, a dos años ya de su salida de la institución.

“Hace aproximadamente tres años, en el momento que salió a la luz el tema de Pasajes y Fletes, dado que dieron de baja a varios funcionarios, lo contactó vía telefónica a su celular el abogado de Ricardo Martínez Menanteau, de quien no recuerda mayores antecedentes, solo que se presentó con grado militar, consultándole, justamente por estos cheques”, resume Rutherford en su procesamiento.

La magistrada agrega que la persona que se identificó como abogado del comandante en jefe le preguntó sobre lo ocurrido con esos cheques, ante lo cual el testigo le explicó lo ocurrido. El testigo agregó que nunca más recibió un llamado, ni menos se reunió con la persona que lo contactó.

Otro que entregó su declaración apuntando a Martínez fue el exjefe de la sección Pasajes y Fletes, Juan Cornejo de la Fuente. El oficial -quien también fue procesado en esta investigación- explicó que “los pasajes se compran de acuerdo al Reglamento, por lo tanto, no existe posibilidad que se efectúen escalas a petición del interesado”.

Al momento de entregar su testimonio, Rutherford le exhibió correos electrónicos entre él y la ejecutiva de la agencia de viajes que organizaba los viajes de los generales del Ejército, donde se pactaba una salida de Martínez y su señora, en 2011, María Ceciliar Militzer. El oficial declara que el excomandante en jefe le indicó que “el pasaje de su señora lo paga él. Reconoce que no puede explicar la razón por la cual en ese correo aparece que el viaje lo efectúa con su cónyuge de ida en clase ejecutiva y de regreso en clase económica, porque en realidad lo que correspondía era que viajara en clase económica”.

Además, “menciona que no sabe por qué se le pagó clase ejecutiva. Reconoce que según estos correos viajaron de esa forma. Señala que no puede asegurar que el general Martínez pagó el pasaje de su cónyuge porque esto lo debió haber coordinado con la agencia, refiere el deponente que se limitó a coordinar el tema de los pasajes de ambos para que se sentaran juntos”.

Reitera, de acuerdo a lo expuesto por la ministra en el procesamiento que, “los cambios de pasajes, itinerarios o destinos estaban prohibidos, así como los pagos de pasajes para las señoras de los comisionados, que no sean aquellas en las cuales sí corresponde pagarle pasajes, como serían las comisiones de larga duración”.

Martínez fue procesado por el uso irregular de pasajes en ocho viajes al extranjero. El primero, según dictó la ministra Rutherford, ocurrió entre el 19 al 27 de febrero de 2011. En esa oportunidad salió a una comisión de servicio a París (Francia) y Bonn (Alemania). Sin embargo, de acuerdo al encausamiento de la ministra, el exalto oficial solicitó un reembolso de dinero, una vez finalizado el viaje, por haber extraído de su bolsillo gastos para financiar algunos desplazamientos.

Sin embargo, Rutherford advirtió que el viaje no solo se suscribió a París y Bonn: “Se incorporaron destinos que allí no se ordenaron. En efecto, los boletos realmente emitidos, cuyo pago se dividió en las referidas dos facturas, fueron por una ruta no autorizada por el Decreto Exento N° 0240, como lo fue la efectivamente usada, esto es Santiago-París-Orly-Toulon-Orly-París-Bonn-París-Orly-Madrid-Santiago. Todo esto, según la agencia de turismo registró en la correspondiente ficha de Negocio y según quedó consignado en la información interna de cada ticket emitido”. Por este viaje, Martínez recibió reembolsos por más de $ 4 millones.

Entre el 10 de y 19 de septiembre de 2011, el general (R) fue enviado a una comisión de servicio a Washington, en Estados Unidos. Al llegar a su destino, requirió el reembolso de dinero por casi $ 6,5 millones, dado que compró pasajes que no fueron cubiertos por el decreto que permitía su desplazamiento. Rutherford apuntó: “En vez de emitirse boletos para el destino Washington D.C., se emitieron boletos para destinos no autorizados por el Decreto Exento N° 2497, como fueron las ciudades de Boston, Detroit y Newark” y agregó que “lo anterior lo obtuvo incluso antes de pagar realmente dicho documento a la agencia de viajes como había declarado, dándoles con ello a los fondos públicos un destino diferente al que correspondía”.

Los otros viajes que Rutherford cuestionó de Martínez, donde se pidieron reembolsos por escalas que realizó antes de llegar a su destino de servicio, fueron a: Tel Aviv (Israel), Munich (Alemania), Lima (Perú), Montevideo (Uruguay), Buenos Aires (Argentina) y otro viaje, en 2016, a Washington D.C. “Los medios de prueba antes enunciados, unidos a las declaraciones indagatorias prestadas, conducen a concluir que existen presunciones fundadas que a Ricardo Marcelo Martínez Menanteau le ha correspondido una intervención directa e inmediata en la ejecución de los hechos que se han tenido por justificados (...), relacionados con un perjuicio específico provocado al Fisco de Chile”, se lee en la resolución de la ministra.

Otro elemento que destaca en el procesamiento y que podría complicar el futuro judicial del general (R) es un oficio enviado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al tribunal militar, el 9 de marzo. Allí, la entidad da cuenta de que los delitos por los cuales está siendo indagado Martínez podrían enmarcarse en un presunto lavado de activos. “De conformidad a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.913, pone a disposición informe que, a juicio de la Unidad de Análisis Financiero, contiene elementos que permiten sostener la existencia de indicios de algunos de los delitos establecidos en los artículos 27 y 28 de la referida Ley”, se contempla en el encausamiento.

Hasta ahora, el encausamiento de Martínez solo está radicado en la arista Pasajes y Fletes. El abogado del general (R), incluso, Juan Carlos Maríquez, manifestó ayer que “se ha descartado un procesamiento por la arista gastos reservados, por lo que queda completamente desafectado de la situación”.

Sin embargo, los antecedentes del caso lo sitúan como uno de los generales que está siendo indagado en esta arista. Si bien no ha sido objeto de cargos, en este cuaderno investigativo -donde cayeron sus antecesores, los excomandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Óscar Izurieta- sí aparecen menciones al general detenido en Peñalolén.

Una de ellas es un careo que la magistrada llevó a cabo entre el exjefe de Finanzas, Sergio Vásquez y el propio Humberto Oviedo. En ese interrogatorio, el primero señaló que “recuerdo que cuando mi general Martínez estaba como subjefe del Estado Mayor Conjunto, me contactó antes que se produjera su comisión de servicio y me pidió que yo gestionara la entrega de su ‘perdiem’”. Este último concepto se refiere a una jerga interna del Ejército que se refería a una especie de viático que se les daba con gastos reservados a los generales de la institución para sus viajes al extranjero, y también al cuerpo de generales de brigada.

La respuesta que recibió Vásquez, según declaró, fue que al consultarle a Oviedo sobre esta entrega, el general la negó. “Estaba fuera de la línea del Ejército, ya que tenía su propio presupuesto”, recordó que le dijo. Pese a esto, el propio Oviedo, en este careo, deja entrever que nunca manifestó esto último.

“No recuerdo haber dicho que no le entregaran recursos al general Ricardo Martínez, porque no estaba cumpliendo funciones en el Ejército (estaba en el Estado Mayor Conjunto (EMCO) que corre por una línea paralela). La entrega de estos recursos no era una obligación asociada a la jerarquía”, dijo Oviedo.

Otra declaración que podría complicar el futuro de Martínez en esta arista es el testimonio de Robinson Durán. El suboficial en retiro es uno de los testigos clave en la causa, pues desde 1995 se desempeñaba como “auxiliar” en el Aeropuerto, tramitando las salidas del país de los los generales y comandantes en jefe. Su sueldo era pagado con gastos reservados, según quedó establecido en los procesamientos de Fuente-Alba, Oviedo e Izurieta.

Durán declaró -según los procesamiento de Rutherford a los exnúmero uno del Ejército- que “el pago era mensual, en efectivo, en pesos, en un sobre, normalmente los días 21 o 22 de cada mes. Admitió que nunca quiso firmar contrato, porque después de 50 años que estuvo en servicio activo en el Ejército, lo siguieron llamando a hacer su función, por lo que no quiso ser muy esclavizado, queriendo tener sus horas libres. Agregó que le pagan $ 500.000 desde ya hace unos 10 años”.

Quien le entregaba este dinero en un comienzo eran los exjefes de Finanzas, Jorge Cortez, luego Sergio Vásquez y que después “le siguieron pagando los ayudantes del comandante en jefe, haciéndolo en la actualidad el ayudante del general Martínez, comandante Sergio Álvarez, siendo la última vez que le pagaron el 21 de mayo de 2019″. Cuando estalló el caso y sus declaraciones quedaron al descubierto, el suboficial fue despedido.