PDI toca la puerta de la Subsecretaría de Educación Superior: funcionario con 16 años de servicio es investigado por posible cohecho

Pasadas las 10:30 de la mañana de este viernes funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta el piso 6 de las nuevas oficinas de la Subsecretaría de Educación Superior ubicadas en calle San Martín, en pleno centro de Santiago. ¿La razón? Llevar a cabo diligencias por una investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte a un antiguo funcionario de la repartición.

Según detallan conocedores de la acción de la PDI, que tomó más de dos horas, primero se le notificó al trabajador que está siendo investigado, luego se llevó a cabo una revisión de su computador en compañía de él para posteriormente, según se esperaba, tomarle declaración.

La historia de esta indagación, eso sí, comenzó mucho antes que esta jornada.

Hace aproximadamente un mes y medio un correo electrónico anónimo llegó a la casilla de Pía Grandón, la jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría. En él, acorde a conocedores del mismo, se señalaba que un funcionario de la División Técnico Profesional estaba incurriendo en actos que eventualmente podrían constituir delitos. El qué en específico es justamente motivo de investigación, pero conocedores de la información preliminar señalan que al trabajar en el área de infraestructura de los Centros de Formación Técnica (CFT) estatales, habría favorecido el camino de algunas instituciones para la postulación y asignación de recursos.

¿El nombre del funcionario? Juan Ramón Cabezas, quien acorde al portal de Transparencia Activa de la Subsecretaría tiene como primera fecha de ingreso al servicio el 1 de septiembre de 2008, es decir, está próximo a cumplir 16 años allí, habiendo trabajado en los dos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, y lo que va de la administración de Gabriel Boric.

Según la información disponible en el mismo portal, Cabezas es constructor civil y su última renta bruta -julio- fue de $ 4.232.098. En su descripción de cargo aparece como profesional de la División Técnico Profesional, pero en el pasado ejerció otros puestos, al menos uno de jefatura, en la subsecretaría.

La preocupación se apoderó inmediatamente de la repartición una vez los hechos fueron informados al subsecretario Víctor Orellana, quien apenas enterado ordenó hacer la denuncia en el Ministerio Público y, por otro lado, iniciar un sumario administrativo.

Consultada sobre el caso, desde la Fiscalía señalan que efectivamente fue recibida la denuncia y que corresponde a una causa vigente que está en investigación por posible ilícito de negociación incompatible y/o cohecho.

Desde la subsecretaría, en tanto, confirman que “en el marco de una investigación liderada por el Ministerio Público por posibles hechos constitutivos de delito, el día de hoy funcionarios de la PDI realizaron diligencias investigativas” en sus dependencias, sumando que “desde un comienzo, esta subsecretaría ha puesto a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes disponibles y se han instruido los procedimientos que corresponden para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Seguiremos colaborando hasta el total esclarecimiento de los hechos”.

Hasta el cierre de esta nota no fue posible contactar a Cabezas, quien se mantenía ocupado en las diligencias.