“Peritaje urgente”: las diligencias con que la fiscal Herrera busca completar imputación contra Jadue por Achifarp

Seis días restan para la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y a estas alturas son múltiples los detalles que ultiman imputados, querellantes y también el Ministerio Público.

Esto, porque la jornada del próximo miércoles 29 de mayo, donde el jefe comunal y otros imputados serán encausados por presuntos delitos de cohecho, fraude al Fisco, estafa y administración desleal, en el marco de las operaciones realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), se prevé intensa.

De hecho, de acuerdo con antecedentes que pudo recabar La Tercera, la fiscal Giovanna Herrera revisa varios informes periciales que solicitó durante las últimas semanas a efectivos especializados de Carabineros y que le permitirán robustecer las imputaciones a realizar.

Entre ellos, por ejemplo, está el peritaje calificado como “urgente” que requirió el pasado 24 de abril a Labocar, y mediante el cual pide complementar un informe pericial emanado en diciembre pasado y que hacía referencia a insumos incautados a Achifarp.

Solicitó, en ese sentido, determinar la cantidad referencial de cada uno de los productos. “El informe debe detallar cantidad de cajas que se observan y cantidades de envases al interior de cada una de las cajas”, explicó la persecutora mediante el oficio, junto con exigir que se fije el avalúo total aproximado de cada tipo de productos.

Esa información debía ser remitida dentro de un plazo de 15 días, pues cada minuto contaba al momento de ir acotando el cerco en torno a los imputados.

Pero esa no fue la única petición que evacuó la fiscal ese día, pues también dio una instrucción particular a la capitán María Belén Galaz, del OS-7 de Carabineros, para que ubicara y tomara declaración a empleados de la empresa factoring que recibieron las facturas de Best Quality emitidas a la Achifarp, “para que declaren sobre las circunstancias de este contrato, fechas, y en especial todas las negociaciones realizadas con Achifarp para el pago de las mismas, las acciones judiciales emprendidas, la forma de término, tratativas extrajudiciales e indicar los saldos pendientes de pago a la fecha”.

En el mismo sentido, la persecutora pidió ubicar y tomar declaración en calidad de testigos a representantes de la empresa Lifante Ortomédica y Víctor Manuel Bocaz, de la empresa Trum, como proveedores de Achifarp, al funcionario de Senadis Luis Pizarro, y también a la funcionaria del Departamento Jurídico de Recoleta, Silvia Cavada.

Se incluye, igualmente, la necesidad de que declaren, también como testigos, funcionarios del Instituto de Salud Pública y de la Universidad de Concepción, debiendo remitir sus testimonios en un plazo máximo de 30 días.

En el marco de la documentación requerida, también asoma como fundamental un complemento de peritaje solicitado el 12 de abril al perito Ariel Garrido, del Laboratorio de Criminalística de la policía uniformada. Esto, con el objeto de que realice un análisis de las ventas realizadas por la Achifarp desde 2016 al 2022, “determinando los compradores, diferenciando a los municipios o corporaciones municipales de las ventas a empresas, agrupaciones sociales o personas naturales”.

Mediante el mismo escrito, Herrera también requirió al profesional un análisis de los montos aproximados de venta de Achifarp por facturas y boletas, agregando, de igual forma, un examen con las declaraciones de impuestos y de las ventas por Transbank.

Señaló que era importante determinar el costo de cada una de las mascarillas y si había sobreprecio en la compra y venta de glucómetros y de otros insumos.

De la misma formal, la fiscal pidió detallar información sobre los trabajadores contratados por Achifarp, verificando información de Previred, nombres de quienes reciben pagos, cantidad de boletas de honorarios y monto por cada persona, y hacer un comparativo de los años 2020 y 2022 para así -como señaló- “identificar el aumento excesivo en pago total de sueldos”.

Anteriormente, con fecha 12 de marzo, Herrera había pedido al mismo perito incorporar al peritaje el análisis de los trabajadores contratados con boletas de honorarios, realizar un cuadro demostrativo por trabajador con indicación de tipo de contrato, año y remuneración, y también realizar un cuadro demostrativo y conclusivo por año, con indicación del número de trabajador con distinción de honorarios y contrato, y los montos pagados.

Con estos antecedentes y otros reunidos en el marco de la indagatoria, como ha podido recabar este medio, es que la fiscal pretende solidificar las imputaciones contra Jadue y compañía, pues como se ha indicado desde que se fijó fecha para la audiencia de formalización pedirá prisión preventiva para la mayoría.