“Pinta bueno” para Jara y el gobierno: resolución de contralora Dorothy Pérez por spot previsional valida difusión de reformas en TV abierta

Un triunfo administrativo se anotó el gobierno en medio del interferiado de la semana pasada.

En momentos en que la actividad política comenzaba a bajar su intensidad producto de largo fin de semana, el miércoles en la tarde la contralora general de la República (s), Dorothy Pérez, zanjó en favor del Ejecutivo una denuncia presentada por diputados opositores en contra del controvertido spot, difundido en la televisión abierta, que promovía la reforma previsional.

En esta pieza audiovisual -parte de la campaña denominada “Mejores pensiones para Chile”- actores profesionales simulaban una escena familiar, tomando “once”, donde debatían sobre un “seguro social”, que “pinta bueno”, decía una de las comensales. Ese seguro hoy es uno de los aspectos claves de la reforma previsional aún en tramitación que impulsa la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC).

Solo la producción del spot, su material gráfico y su kit digital para redes sociales costó $46.698.000, mientras que su difusión en televisión abierta, en horario prime (21 horas), costó otros cien millones de pesos más, según información revelada por la Subsecretaría de Previsión Social.

Si bien en el pasado la Contraloría validó que los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera recurrieran a videos para empujar proyectos en tramitación, su difusión siempre se restringía a redes sociales y sitios web institucionales, mientras que el contenido (por lo general extractos de discursos y gráficas sencillas) quedaba en manos de los propios equipos de gobierno. Las campañas televisivas, por lo general, aparecían una vez que la ley estaba en vigencia.

En este caso, la actual ofensiva publicitaria corría un poco más el cerco para las iniciativas que todavía no han culminado su discusión legislativa. El spot recurría a una producción profesional (con actores, libretistas y agencias de publicidad) y su difusión incursionaba en la televisión abierta.

Estos nuevos antecedentes, sin embargo, no fueron objetados por la Contraloría.

“Se debe recordar que el Ejecutivo impulsó una propuesta legislativa que, entre otros propósitos, pretende la creación de un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social, así como el aumento de la pensión garantizada universal, la que se encuentra actualmente sujeta a la aprobación del Congreso Nacional, tal como se indica expresamente en el texto del spot. Por lo mismo, no se aprecia la existencia de elementos que permitan suponer que las actividades de publicidad y difusión y los eventuales gastos incurridos en ellas contravengan el principio de probidad administrativa o lo previsto en el citado artículo 3° de la Ley N° 19.896″, dice la contralora (s) aludiendo a la normas sobre administración financiera del Estado que permite difundir reformas, siempre y cuando se hagan por “medios idóneos” y se precise que es una iniciativa que depende de una “aprobación legislativa”.

“En cuanto al contenido del video, se advierte que este no se aparta de la idea central de dar a conocer a la ciudadanía una iniciativa gubernamental que se pretende propiciar, cual es la reforma al sistema de pensiones”, dice el dictamen firmado la semana pasada.

“Así, de lo expuesto se sigue que el MINTRA actuó en la situación analizada conforme a la reiterada e invariable jurisprudencia administrativa vigente sobre la materia, sin que, por tanto, exista reproche que formular al efecto”, añade la resolución.

“No obstante, cumple con hacer presente que, al momento de contratar y autorizar la realización de una campaña publicitaria, las entidades públicas deberán adoptar las medidas pertinentes para que, tanto los medios materiales como el lenguaje que se emplea para la transmisión del mensaje permitan a la ciudadanía adquirir un conocimiento acabado de la iniciativa legislativa que la autoridad busca relevar, de modo de satisfacer de mejor manera el requisito de idoneidad previsto en el citado artículo 3° de la Ley N° 19.896″, concluye en el documento la contralora Pérez.

Las conclusiones dejaron una profunda preocupación en la derecha, ya que a diferencia de otros dictámenes no se fijaban cortapisas a la acción gubernamental.

En resoluciones anteriores, otros contralores interpretaban que el concepto “medios idóneos” para difundir estos videos debían ampararse en un marco de austeridad fiscal, lo que se cumplía en el caso de una campaña ejecutada por redes sociales y que no demandaba gastos externos. Por ejemplo, el excontralor Jorge Bermúdez, en su dictamen del 28 de noviembre de 2019, a propósito de un video de Piñera sobre su reforma previsional, señalaba que los ministerios deben “restringir los gastos en publicidad y difusión a aquellos que sean necesarios e imprescindibles para el cumplimiento de la función pública, la que, por regla general, puede llevarse a cabo sin necesidad de incurrir en ellos (gastos en publicidad)”.

Además, otros dictámenes hacían hincapié en la prudencia de los contenidos. “Lo anterior no obsta a que la Contraloría pueda considerar recomendar al ministerio usar recursos lingüísticos moderados, en atención a que, con otras palabras, igualmente, la información puede ser entregada y comprendida en un lenguaje cotidiano”, decía, por ejemplo, la resolución del excontralor Ramiro Mendoza, de abril de 2015, en la que se le reprochaba al segundo gobierno de Michelle Bachelet algunos conceptos empleados en el video denominado “Mitos y realidades: La Reforma Tributaria no la paga la clase media”, en el que se criticaba a “los poderosos de siempre”, que se oponían a pagar más impuestos para planes sociales.

No obstante, a juicio de los diputados opositores no hay limitaciones similares en la reciente resolución.

“El dictamen de la Contraloría establece un precedente grave y abre la puerta a un ejercicio abusivo de los recursos públicos para propaganda gubernamental. En el fondo, la Contraloría está dando el visto bueno a que desde el gobierno se intente condicionar el debate legislativo con spots profesionales en horario prime y por televisión abierta. Vamos a mandar una nota a la Contraloría contradiciendo lo resuelto y exponiendo nuestros argumentos, porque creemos que no se condice con la adecuada protección de los recursos públicos ni con principios que informan la acción de la Administración. Por eso insistiremos, y de cualquier forma vamos a ingresar un proyecto de ley que deje el tema claro, sin perjuicio de abordar también el tema en el presupuesto del 2025″, dijo el diputado Frank Sauerbaum (RN), miembro de la Comisión de Trabajo.

El jefe de los diputados de Evópoli, Jorge Guzmán, dijo que “hicimos una presentación inspirada en nuestro rol fiscalizador por el correcto uso de los recursos públicos”. “La resolución de la Contraloría, que valida la acción del gobierno, sin embargo, a nuestro juicio, no es vinculante para futuras acciones. Eso no nos inhibe. Vamos a seguir fiscalizando para que no se financien campañas con un objetivo político”, agregó.

Para la oposición, el precedente que establece Contraloría puede ser complejo para discusiones en materia de reforma tributaria, el levantamiento de secreto bancario, la agenda de seguridad o la eventual condonación de la deuda educativa (el fin al CAE, el Crédito con Aval del Estado), que el gobierno se comprometió a enviar este año.

No obstante, desde el órgano contralor aseguran que el reciente dictamen no innova respecto de resoluciones anteriores, ya que el margen que tendría el gobierno para hacer propaganda a sus proyectos está avalado por la ley y el mismo Presupuesto de la Nación.