Plan de compensación de CGE por incendios limita pago a víctimas más afectadas y desestima daño moral

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Por estos días, el fiscal a cargo del denominado caso incendios comparte la propuesta que presentó la eléctrica para compensar a los afectados. Querellantes critican la propuesta y anticipan su rechazo.


El pasado lunes, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias a través de un correo electrónico dirigido a un grupo de abogados reveló el resultado de las  negociaciones que sostuvo con representantes de la Compañía General de Electricidad (CGE) en el marco del proceso judicial por su responsabilidad en los incendios ocurridos entre diciembre de 2016 y enero de 2017.

En la misiva el persecutor adjuntó la propuesta de la filial de la filial de Gas Natural Fenosa (GNF) a fin de blindar un acuerdo con todos los querellantes del caso. Igualmente añadió que "en caso de que estimen necesaria una entrevista, el fiscal Sergio Moya, quien además es jefe de asesoría jurídica se las concederá, según su agenda".

Sin embargo, la propuesta, que implica a los afectados renunciar a cualquier tipo de acción legal en curso o futura en contra de la compañía, sus ejecutivos procesados y hasta su matriz, generó de inmediato la reacción de los abogados querellantes del juicio que han respondido al fiscal, calificando la oferta de la eléctrica como un "abuso" y una "clara discriminación" respecto de las víctimas que sufrieron daños mayores.

¿La razón? La propuesta establece una diferenciación sobre los montos y sectores afectados. De hecho, los perjuicios y su modalidad de pago están fijados desde los $5.000.000 a más de $30.000.000.

Justamente para los afectados que caben dentro de este grupo, CGE se comprometió a formular una propuesta de pago que "corresponderá al veinticinco por ciento (25%) del monto total determinado por el liquidador designado por la propia compañía, y el cual no será ajustado por ninguna causa".

La mayor crítica de las víctimas radica en que la propuesta en su carácter de borrador, no considera el daño moral. Más aún, uno de los querellantes que pidió reserva de su identidad  afirmó que "la propuesta es ridícula, si se considera que una persona que perdió todo y sus bienes ascendían a 40 millones de pesos, al final CGE le ofrecerá 10 millones. Mientras que otro que perdió 30 millones, la empresa le pagará el mismo monto".

"Los daños susceptibles de ser reclamados por las víctimas previstas en este instrumento sólo serán aquellos que tengan el carácter de materiales, directos y previstos, excluyéndose la posibilidad de incluir reclamaciones por conceptos distintos, y muy especialmente, por concepto de daño moral", consignó el documento.

"Estamos estudiando la propuesta, pero creo que es insuficiente. Además no nos parece el procedimiento. Vamos a hacer nuestras observaciones formales durante los próximos días", sostuvo el abogado querellante Mauricio Daza, que representa a 70 víctimas.

Consultado los abogados Christian Aste y Ricardo Freire, que representan el mayor número de víctimas del incendio de Pumanque, respecto de la propuesta formulada por CGE, señalaron que sin perjuicio de valorar la gestión de la Fiscalía para mediar con CGE para que indemnicen prontamente a las víctimas, se manifestaron sorprendidos por lo insuficiente, arbitrario y discriminatorio del acuerdo.

"Insuficiente porque no incluye el daño moral, lo que implica que CGE desconoce el sufrimiento de la gente y el cambio que significó el incendio en su calidad de vida. No es claro tampoco en incluir el lucro cesante. Arbitrario, porque la evaluación del daño, la determina un liquidador designado por ellos. Discriminatorio: porque pese a la prueba que existe, entre ellas un ordinario de la SEC que data recién de julio del año 2018, que ratifica la responsabilidad de la empresa en cortar los árboles ubicados en las proximidades de las líneas eléctricas, ésta insiste en tratar distinto a las víctimas de unos y de otros", afirmaron ambos abogados.

A cargo de liderar las tratativas por parte de CGE se encuentran los abogados Felipe Bulnes y Gastón Gómez, quienes han debido llevar adelante las reuniones tanto con afectados como con el propio fiscal que lidera la causa que mantiene como imputados a los ejecutivos: Pablo Yáñez Mardones, Patricio Reyes López y Esteban Vuchetich De Cheney.

Por otro lado, las propuestas que realizó la firma están supeditadas a que los tres ejecutivos sean beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento en las investigaciones en curso en calidad de autores del delito previsto y sancionado en el artículo 476 Nro. 3 del Código Penal.

De igual forma, el escrito estableció que la compensación propuesta "no implican para CGE el reconocimiento alguno de responsabilidad por parte de la compañía, su sociedad matriz o sus sociedades relacionadas, aseguradores, reaseguradores, directores, representantes, gerentes y ejecutivos".

El escrito identificó un total de 77.125 hectáreas afectadas por incendios. Entre ellos destacan: el sector Perdigadero de la comuna de Paredones y el Fundo San José, sector Nilahue Barahona, ubicado en la comuna de Pumanque.

Por su parte, CGE declinó efectuar comentarios sobre este proceso.

Descargue aquí la propuesta que envió el fiscal Arias a los querellantes del denominado caso incendios.

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