¿Por qué y para qué un grupo de constituyentes busca abrir el secreto de la comisión Valech?

Ayer a las 13:33 horas la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional enfrentó su última sesión. En ese marco aprobó en general una propuesta de norma transitoria presentada por el convencional Roberto Celedón (Chile Digno) que, de ser ratificada por el pleno, levantaría el secreto que aplica a casos de vulneraciones a los derechos humanos acordado por la Comisión Valech.

La propuesta sostiene que “la ley N° 19.992 (...) declara el embargo de 50 años de los documentos, testimonios y antecedentes aportados a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, es, por tanto, contraria a los principios y derechos reconocidos en esta Constitución, por lo que dicha disposición, que prevé el embargo, se deroga ipso facto”.

Agrega que “se reconoce el derecho de los descendientes o representantes legales de las víctimas de estas violaciones a mantener el secreto si así lo manifestaren ante el organismo que tenga bajo custodia dicha información”.

La norma contó con el respaldo de 17 convencionales, mientras que otros 15 optaron por abstenerse. Nadie rechazó en esta oportunidad.

En concreto, votaron a favor Damaris Abarca (FA), Benito Baranda (INN), Luis Barceló (Colectivo del Apruebo), Celedón, Gaspar Domínguez (INN), Dayana González (Pueblo Constituyente), Lidia González (Pueblo Yagán), Giovanna Grandón (Coordinadora Plurinacional), Natalia Henríquez (Pueblo Constituyente), Bastián Labbé (MSC), Elsa Labraña (Coordinadora Plurinacional), Francisca Linconao (Pueblo Mapuche), Isabella Mamani (Pueblo Aymara), Janis Meneses (MSC), Valentina Miranda (Chile Digno), María Magdalena Rivera (Coordinadora Plurinacional) y Fernando Tirado (Pueblo Chango).

En tanto, se abstuvieron Adriana Cancino (Colectivo Socialista), Claudia Castro (Un Chile Unido) Patricio Fernández (Colectivo Socialista), Javier Fuchslocher (INN), Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo), Teresa Marinovic (Chile Libre), Katerine Montealegre (Unidos por Chile), Alfredo Moreno (Un Chile Unido), Matías Orellana (Colectivo Socialista), Manuel José Ossandón (RN-Evópoli-IND), Bárbara Rebolledo (RN-Evópoli-IND), Tatiana Urrutia (FA) y César Valenzuela (Colectivo Socialista).

Celedón, el impulsor de la propuesta, valora la aprobación de la norma, y la justifica. “El pueblo chileno tiene derecho a conocer la verdad y toda la verdad, sobre hechos que pasaron hace casi 49 años”. dice.

“No hay razón alguna para mantener en secreto alguna fuente de información, como son todos los relatos ante la comisión Valech que puedan revelar un mejor conocimientos sobre los hechos de vulneración a los Derechos Humanos”, agregó Celedón, quien fue torturado en dictadura y cuyo caso fue incluido en el informe Valech.

Una de las principales críticas emitidas entre quienes se abstuvieron ante la norma, es que el informe vulnera lo acordado por quienes accedieron a atestiguar con la seguridad de que se mantendría el secreto. En este sentido, el convencional Harboe (Colectivo del Apruebo), quien se abstuvo, sostuvo: “(La norma) podría generar que muchas personas que declararon bajo la condición de secreto, porque las atrocidades de las cuales fueron víctimas no son conocidas ni siquiera por sus familiares, se vieran expuestas a una revictimización con la exposición pública de esos antecedentes”.

“Si una persona que declaró en el informe Valech quiere hacer público su testimonio, no tiene para qué abrir el informe. Tiene que decir lo que ocurrió”, agregó Harboe.

Frente a estos reparos, Celedón dijo: “Yo soy de la comisión Valech, mi mujer también. Y nunca, nunca, se nos planteó el tema del secreto. Siempre se ha hecho alusión en términos genéricos de que lo habían pedido algunas de las víctimas. Yo nunca en mi vida, y como abogado y como víctima también, nunca escuché alguna petición en esa dirección”.

“Si por cualquier razón la víctima directa o la familia no quiere que se dé a conocer, no se da a conocer simplemente. Pero por qué negarle a la justicia, a la historia, una fuente de información legítima, fidedigna, porque todos los casos eran documentados. No hay ninguna razón, estimo yo”, complementó el convencional de Chile Digno, el colectivo cercano al PC.

En este sentido, y ante las críticas que despertó la aprobación de la propuesta, María Rivera, de la Coordinadora Plurinacional, sostuvo: “No veo el problema, puesto que la norma ‘garantiza’ a víctimas o familiares sobrevivientes de víctimas que no autoricen a revisar sus casos no hacerlo”.

“Es muy importante esta norma porque es una forma de reparación y también una forma de medida de no repetición. Quien violó DDHH ayer sabe que hoy su nombre está ‘protegido’ por una decisión que se tomó sin pedirnos opinión a quienes vivimos ese horror”, agregó Rivera.

En la misma línea, Barceló, del Colectivo del Apruebo, argumentó: “Han transcurrido muchas décadas desde que los hechos sucedieron y es necesario que la sociedad conozca la verdad hasta en sus más crudos detalles. Además, salvaguarda los derechos de los afectados mediante una simple petición: estos podrán seguir manteniendo los hechos en su órbita de privacidad”.

Consultados sobre por qué decidieron abstenerse, algunos convencionales de izquierda se excusan de responder, pues consideran que “es un tema delicado” y que hubo poco tiempo para deliberar las implicancias de reabrir esta discusión.

En el caso de la derecha, algunos convencionales manifiestan, también en privado, que la votación de esta norma va en contra del reglamento, pues no se trataría de una norma transitoria.

Frente a esta acusación, Celedón defiende su norma y explica que “es una norma transitorias de las norma aprobadas sobre el derecho a la verdad y la reparación. Por lo tanto, esta norma del embargo por 50 años afecta un derecho constitucional de la nueva Constitución. Es concretamente equivocado decir que se trata de una norma sustantiva”.

La idea de levantar el secreto de estas materias había sido cuestionada previamente, en el marco del trabajo de la ya desintegrada comisión de Derechos Humanos de la Convención, por el expresidente Ricardo Lagos (PS) y otros rostros de la exConcertación.

En septiembre del año pasado, cuando esta comisión provisoria debatía al respecto, el expresidente envió una carta dirigida a la anterior mesa de la Convención, liderada por Elisa Loncon y Jaime Bassa, en que se decía: “Es fundamental considerar que un número importante de las víctimas presentaron sus testimonios sabiendo que sus casos no serían revelados al público, incluyendo las formas de ejecución de los tormentos que sufrieron”.

Sin embargo, y aunque el Colectivo Socialista se abstuvo en la votación de ayer, al interior del Partido Socialista hay distintas visiones sobre esta posibilidad.

Consultado al respecto, el exministro y exdiputado Osvaldo Andrade (PS) sostuvo que ve con buenos ojos que se levante el secreto, “pero solo con autorización de las víctimas directas”. “Cuando entregaron su testimonio, lo hicieron sobre la base de que esto se iba a mantener en privado durante una buena cantidad de años. Hay que respetar ese compromiso”, sostiene Andrade.

Andrade puntualiza que habla como exvíctima de torturas. “Yo respeto mucho la posición del Colectivo Socialista (que se abstuvo) y los demás en orden a preservar el secreto, pero me parece que también es razonable que la sociedad chilena conozca en detalle la verdad, siempre y cuando esa verdad sea autorizada por las víctimas directas”, justificó.

No obstante, aunque descarta que sea algo que le incomode, Andrade postula que el hecho de que se incluya en la Constitución “puede ser un poquitito excesivo, porque para esto bastaría que hubiera una ley”. “En una Constitución de 400 y tantos artículos, uno más no va a cambiar las cosas. Sin duda que es raro que sea una norma transitoria, pero pareciera ser que tiene que ver con los momentos de la Convención”, agregó.