Presidente DC explora negociación con La Moneda ante juicio político

Una jugada que pretende buscar la unidad de la bancada de la DC pero que también abriría la puerta para que la acusación constitucional contra tres jueces de la Corte Suprema no vea la luz es la que encabeza el timonel de ese partido, Fuad Chahín.

El libelo lo impulsa el Frente Amplio y el Partido Comunista -al que ya se sumaron de forma oficial el Partido Socialista y el PPD- y pretende acusar a los jueces de la sala penal de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch, Carlos Kunsemuller y Manuel Antonio Valderrama por notable abandono de deberes. Ello, luego de que la semana pasada permitieran la libertad condicional de siete reos que estaban presos en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad.

La DC, por su lado, se encuentra dividida. Si bien 12 de sus 14 diputados votarían a favor de la acusación en la sala, Gabriel Silber y Jorge Sabag tienen serias dudas al respecto. Como la acusación requiere de la mayoría simple de los diputados para aprobarse, basta que una pequeña parte de los parlamentarios decé se baje del libelo para que éste naufrague.

Esta mañana, Chahín dijo a La Tercera PM que, aunque no descartan apoyar la acusación, "una medida efectiva es apoyar la ley interpretativa –que además tiene efecto retroactivo- que, a nuestro juicio, busca dar una mirada constructiva para resolver la situación que estamos enfrentando". El timonel -que ha impulsado una política de "buscar soluciones" y de "oposición constructiva"- pretende presentarle la iniciativa al ministro del Interior, Andrés Chadwick, en una reunión que le pidió para el día de mañana y que está sujeta a confirmación por parte del jefe de gabinete. Ahí, entre otros temas, Chahín pretende pedirle que el Gobierno le ponga discusión inmediata a la iniciativa para que esté en votación la próxima semana, cuando la acusación esté en plena redacción.

El proyecto de ley -que presentó hoy la bancada de la DC- establece en un artículo único que para acceder a la libertad condicional, las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, genocidio y delitos de guerra "como asimismo las personas condenadas por los hechos de que trata la referida ley 20.357 cometidos con anterioridad a su promulgación", deberán cumplir con los requisitos establecidos en el decreto 321 de 1925 que establece la libertad para los penados y las exigencias establecidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En su artículo 110, éste plantea que, al examinar la reducción de una pena, el reo debe haber cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, y que deben concurrir los siguientes factores: la voluntad de cooperar con la Corte en la investigación y que éste haya facilitado la ejecución de decisiones y órdenes de la Corte en otro casos.

"Esta es una solución técnico-jurídica muy apropiada. Si el gobierno le pone discusión inmediata, como vamos a pedir, es evidente que tenemos una solución al problema más de fondo incluso que la acusación constitucional, que remueve a los ministros pero que no quita que el día de mañana puedan existir otros fallos similares", dijo Chahín.

El exdiputado llamó al gobierno a tener una posición sobre la acusación, respecto de la cual hasta ahora no se ha pronunciado. "Obviamente que en nuestra reunión con Chadwick éste va a ser uno de los temas. Pretender mirar para el techo en relación a que violadores de DD.HH. están saliendo en libertad y el clima que se está generando en el país y el mundo político por esto, es mucho más complicado. El gobierno acá tiene una preciosa oportunidad de realmente desvincularse –Piñera, fundamentalmente, que siempre hace alarde de que votó por el No- y mostrar un compromiso con los DD.HH., poniendo suma urgencia y evitando que los violadores salgan de la cárcel", aseveró.

"No puede ser una actitud del gobierno que esto termine por un lado con la Corte Suprema abriendo la puerta a los criminales y, por otro lado, con el Congreso, sin otra alternativa, extremando el uso de una herramienta como la acusación para abordar esta situación. Es un tema de país delicado y el gobierno no puede pretender ser un simple espectador", agregó Chahín.

-Si el gobierno pone discusión inmediata, ¿uds. estarían dispuestos a bajarse de la acusación?

-A mí me parece que es evidente que cambia el escenario.

El proyecto presentado por la DC nace de un informe que la comisión de constitución de ese partido -que integran, entre otros, Jorge Correa Sutil, Claudio Troncoso, Genaro Arriagada, Laura Albornoz, Mario Fernández y Patricio Zapata- redactó hace unos días. En este, se rechazaron los fallos de la Suprema pero también se cuestionó la existencia de requisitos constitucionales para aprobar el libelo.

En el gobierno, en tanto, aún cuando no han tomado posición sobre el tema, monitoreaban la situación y su avance en la Cámara baja. Desde el ministerio de Justicia especificaron que la modificación a las libertades condicionales se está estudiando dentro del proyecto de ley de ejecución de penas.

En tanto, para esta tarde estaba citada la primera sesión de la comisión mixta del Congreso que estudia un proyecto que establece la libertad condicional de los penados, presentado por los entonces senadores Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN), el PPD Felipe Harboe y el independiente Pedro Araya en mayo de 2016. Tras los fallos recientes, la oposición pidió acelerar su discusión, que dormía desde diciembre de 2016.

El proyecto contiene una indicación del PS Leonardo Soto que fue aprobada por los diputados pero rechazada por los senadores: que los condenados por crímenes cometidos "entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990" y que hubiesen actuado "como agentes del Estado" no se les podrá conceder ese beneficio.

La tramitación también mantiene expectantes a los decé -que son representados por el diputado Gabriel Silber y el senador Francisco Huenchumilla-, pues si se convierte en ley, podría relativizar el futuro de la acusación. Incluso un senador de esa bancada, que insistió en que no tiene una postura tomada frente al caso de los supremos, ha aludido a la mixta. Soto, el diputado PS, admitió que "si cambiamos la ley y establecemos la exigencia perentoria de beneficios a condenados por estos delitos, sin duda obligará a evaluar al menos la subsistencia o el sentido del resto de las alternativas, por lo menos en lo que resta a futuro. Pero hoy nada se ha conseguido aún y respaldamos completamente las tres iniciativas".

En Chile Vamos no había, hasta hoy, una posición única sobre el tema.