Presidente del G9: “Es relevante no repetir la experiencia negativa de generar un borrador constitucional basado en grupos de interés”

Carlos Saavedra, rector de la U. de Concepción y presidente de la red G9 de universidades (las Católicas, Austral, Federico Santa María y la suya), a inicios del año pasado fue uno de los protagonistas durante el intercambio de opiniones que su agrupación sostuvo con sus pares del Cuech, consorcio que reúne a las 18 instituciones estatales de Chile.

En aquella oportunidad, los rectores del G9 acusaron un “trato preferente” de parte del gobierno y la Convención hacia las universidades del Estado, lo que derivó en largos meses de opiniones cruzadas. Todo terminó con una molestia mayor de la red luego de no aparecer explícitamente en la propuesta de nueva Constitución. Ahora, con un nuevo proceso en camino, el G9 vuelve al ataque en el contexto de que la semana pasada, en estas mismas páginas, el presidente de las casas de estudio del Estado, Osvaldo Corrales, insistiera en que el texto anterior no excluía a sus pares no estatales.

“Para nuestro país es de la mayor relevancia que se pueda generar continuidad en este proceso, considerando todos los aprendizajes que hubo en el proceso anterior, sobre todo en no desarrollar la experiencia negativa de generar un borrador basado en lo que se articuló a través de grupos de interés específicos en distintas esferas”, señala Saavedra.

¿Qué ve para la educación superior en 2023?

En 2022 regresamos con algunas limitaciones por efecto de la pandemia que se fueron resolviendo. 2023 impone desafíos tanto de futuro como de presente. A futuro, el que nuestras instituciones puedan ir evaluando de mejor forma las transformaciones que se producen a partir de aprendizajes, como el uso de nuevas tecnologías que han cambiado formas y definitivamente las instituciones se tienen que ir adaptando. Y en el presente hay que seguir avanzando en la recuperación de los procesos formativos, así como en los desafíos que nos impone el sistema de educación, como inclusión o equidad de género.

La crisis sanitaria también relevó la salud mental de los estudiantes.

Lo que permitió la pandemia fue visualizar situaciones que estaban presentes, pero no tenían tal vez la atención debida, como la salud mental. Sobre todo, hay que entender los abordajes de ella desde el punto de vista comunitario y cómo las comunidades se hacen cargo.

¿Y cómo hay que afrontar este nuevo proceso constituyente?

Tuvimos una reunión con el Presidente Boric y le entregamos el documento elaborado por el G9, donde esencialmente damos una propuesta para la redacción del nuevo borrador: que se aborde el derecho a la educación como uno esencial, que se permita el desarrollo de personas en todas sus dimensiones y en particular en educación superior proponemos y promovemos el reconocimiento y cuidado de la función pública de las universidades reconocidas por el Estado.

En educación superior, ¿le parecía un texto “satisfactorio y adecuado” como insistió la semana pasada Osvaldo Corrales?

Nosotros planteamos el reemplazo de ese articulado y difiere de la forma que estaba expresado, garantizando por supuesto la autonomía y libertad de enseñanza. Hay elementos en que coincidimos, pero hay que ampliar la mirada y, sobre todo en educación superior, reconocer el aporte histórico de nuestras instituciones.

Da la sensación –lo decía Osvaldo Corrales en su entrevista- de que no fue la educación superior lo que provocó el rechazo a la propuesta anterior. ¿Cómo hará ahora el G9 para sí ser incluidos?

Enviaremos las herramientas que corresponden. El rechazo no se basó en un artículo o en un ámbito específico, pero lo que buscaremos es que se produzca este reconocimiento a través de las instancias pertinentes. Esta nueva etapa necesariamente considera todos los aprendizajes previos. Que existan estos 12 bordes nos genera mucha esperanza, fija principios que abren oportunidades a cambiar las redacciones como las que conversábamos: el Estado debe hacerse cargo de sus universidades, por supuesto, pero también tiene que reconocer a las instituciones coayudantes en su misión fundamental, en este caso educación de excelencia.

El rector Corrales decía también que en educación superior se debe mantener el espíritu del borrador constitucional anterior en el articulado que cautelaba la educación pública. ¿Difiere?

El Estado debe resguardar a sus instituciones, lo que pasa es que el sentido público nosotros lo entendemos desde la historia. Pienso que no es comparable el sistema escolar con el desarrollo de la educación superior en nuestro país (esa comparación hacía Corrales en su entrevista). El sistema escolar incorpora lo particular subvencionado solo después del 80, lo que es equivalente a las universidades que surgen después del 80. Y en el caso de la educación superior el aporte histórico se remonta a la creación de la PUC en 1888, la UdeC en 1919 o la Santa María en 1931. El desarrollo del sistema se ha visto determinado por la existencia de estas universidades públicas no estatales.

Y si el texto explicitara a las universidades no estatales, ¿cómo se define a cuáles?

En nuestra propuesta es el Estado el que debe definir el dominio de lo público en términos de cuáles son los requisitos para tener este trato igualitario. Nos parece que el Consejo de Rectores (Cruch) es un dominio natural en esta materia. Las instituciones que hoy pertenecen a él han sido sometidas a un escrutinio público de manera de garantizar que se ajustan a la ley y podrían ser merecedoras de estos recursos. En nuestra propuesta no se habla del G9, sí que el Estado defina. Podrán estar todas las del G9 o no y otras podrán no aceptarlo.

¿Sus ganas de estar explícitamente en el borrador es un tema meramente de recursos?

Por supuesto que no, lo importante de este reconocimiento es básicamente que el Estado garantice en simetría las condiciones para el desarrollo del cumplimiento de coadyuvarlo en la misión de educar. Desde esa perspectiva, la Red G9 aporta al desarrollo e implementación de políticas públicas. No es solo un tema de disponibilidad de recursos, sino un compromiso por aportar al desarrollo del país.

¿Dice entonces que el nuevo texto debe asegurar financiamiento por igual a universidades estatales y no estatales? El rector Corrales hacía el punto en que tienen procesos de compra y fiscalización distintos al, justamente, ser o no del Estado.

Las universidades estatales efectivamente tienen hoy regímenes administrativos que dificultan y comprometen su funcionamiento. El Estado debiese revisar las condiciones de flexibilidad para que tengan un funcionamiento más ágil, acorde a los tiempos. Pero esto puede funcionar en ambos sentidos: hay que flexibilizar, sí, pero también las estatales tienen cargas impositivas diferentes, por ejemplo, en zonas extremas. Y nosotros no tenemos la contrata. Se tienen que hacer ajustes que permitan un mejor funcionamiento de todos. Lo relevante es entender que la función pública no se agota en el Estado.

¿Por qué no podrían clínicas privadas, colegios particulares o incluso empresas que hacen aportes públicos clamar también por ser incluidos explícitamente?

Lo que hemos propuesto de forma explícita es que la Constitución reconozca la inspiración primordial al bien común, con características. Para ese reconocimiento y amparo, en este caso de las universidades, planteamos que exista una ley que establezca un régimen regulativo que defina el estándar de lo público y en base a ese cumplimiento se asegure el financiamiento adecuado del Estado. No es de libre arbitrio.

¿Insiste, y aquí hace otro contrapunto con los rectores de las estatales, que lo público no se tiene que entender desde la propiedad?

El ámbito de lo público ha evolucionado en las sociedades y con certeza existe un ámbito público que se construye desde lo social. Lo planteo desde la historia de la U. de Conce: en 1919 el Estado respondió que no construiría una universidad acá, la ciudadanía entendió que había que contar con una universidad propia por las necesidades de desarrollo territorial y la sociedad penquista creó la U. de Conce.

¿Y cómo debiesen ser incluidas sus universidades durante el proceso?

Hay algunas definiciones que ya se han adoptado. Se incorporó a la PUC y la Chile como encargados de llevar el proceso de participación y consulta, en conjunto con las demás universidades. Pero las oportunidades de participación están tremendamente acotadas. Es importante que no se generen expectativas extremadamente altas por procesos participativos. Los tiempos no dan, (pero) ya existieron iniciativas de normas y la revisión de esas propuestas son claves en este proceso. También es decepcionante el número de personas que representan genuinamente a las regiones, es un proceso extremadamente centralizado, a pesar de que el segundo acuerdo reconoce lo contrario.

Después de todas las discusiones que se dieron, ¿cómo sigue la relación con el G9?

Las instituciones por sus naturalezas pueden tener discrepancias genuinas, pero eso en ningún momento ha entorpecido las relaciones y nexos profundos de trabajo de nuestras instituciones.