Caso TC: Suprema indica que causas por DD.HH. se paralizaron en promedio 251 días y después se rechazaron

La jefa de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro-Norte, Ximena Chong, realizó una serie de peticiones a organismos públicos en el marco de la investigación que conduce por presunta corrupción en el Tribunal Constitucional (TC).

Las solicitudes están relacionadas a la supuesta dilación que se generaba en el TC en algunos casos de derechos humanos, hecho denunciado por la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, quien apuntó a eventuales delitos de prevaricación y cohecho.

La causa se abrió luego de que la presidenta del TC, María Luisa Brahm, dijera en una entrevista a La Tercera Domingo que “antes de que yo llegara había causas detenidas en el TC por mucho tiempo, al límite de la corrupción”, apuntando al periodo en que Iván Aróstica lideró la institución.

Uno de estos requerimientos fue enviado al Poder Judicial el pasado 23 de abril. En él se solicitó “las suspensiones dispuestas por el Tribunal Constitucional durante 2018 en los requerimientos de inaplicabilidad recaídos en causas de derechos humanos, el número de las mismas, el resultado del requerimiento formulado, y el número de días de la suspensión”.

Se les dio un plazo de 10 días para responder.

Así, el 20 de mayo reciente la Corte Suprema contestó a Chong que le entregarían la información disponible.

“Se deja constancia que el ministro señor (Sergio) Muñoz G. estuvo por remitir a la señora fiscal, además, todos los antecedentes relacionados con el acuerdo del Tribunal Pleno de 4 de octubre de 2017 (AD 1212-2017) sobre los efectos de las suspensiones de procedimiento dispuestas por el Tribunal Constitucional y el oficio enviado a dicha institución mediante el cual se hizo presente nuestra preocupación, especialmente por cuanto la suspensión decía relación con causas en que se investigaba la posible violación a derechos humanos y sobre recurso de protección, en las que la referida medida se prolongó por años”.

Así lo señala la resolución N°490-2020, firmada por todos los ministros del Máximo Tribunal, menos por Gloria Ana Chevesich, quien se encontraba en comisión de servicio.

De acuerdo a un estudio realizado por la Dirección de Estudios de la judicatura, del 7 de febrero de 2019, que ya fue enviado a la fiscal, desde 2015 se ingresaron al TC requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (INA), “respecto de diferentes normas susceptibles de aplicarse en causas judiciales sobre graves vulneraciones a los derechos humanos acaecidos en dictadura y que tramitan ministros en visita extraordinaria”.

Según el documento, en total, hasta esa fecha, se habían presentado 39 INA ante el TC respecto de este tipo de investigaciones por vulneraciones a los derechos humanos.

De éstas, el TC ha declarado 36 casos admisibles, 22 casos los ha rechazado y 13 casos estaban en tramitación en distintas fases del procedimiento y sólo uno ha sido acogido parcialmente.

Se indica también que esos procesos sobre causas en que se persigue la responsabilidad penal por violaciones a los derechos humanos se han paralizado en promedio 251 días.

“Destacan 21 requerimientos cuyos procesos fueron paralizados por el TC y que en definitiva fueron rechazados. Uno de ellos estuvo paralizado a la espera de la sentencia del TC 662 días”, dice el informe.

Además, sólo en seis ocasiones el TC denegó suspender procedimientos judiciales en tramitación.

Como ejemplo del largo tiempo de suspensión, el estudio señala que “tomando aquellos requerimientos ante el TC durante todo 2018 y hasta enero de 2019, cuatro de ellos estaban en conocimiento de la Corte Suprema por recursos de casación pendientes y estuvieron paralizados en promedio 244 días. Otros dos procesos estaban en tramitación ante la Corte de Apelaciones de Santiago con recursos de casación en la forma y apelación, cuando fueron paralizados por resolución del TC. En estos dos casos el conocimiento de los recursos estuvo paralizado 231 días uno y 367 días el segundo”.

Entre los otros organismos a los cuales ha acudido la fiscal Chong están el propio TC. El 12 de mayo, la fiscal envió al tribunal un oficio con siete puntos y les dio un plazo de 25 días para responder.

Entre ellos, requirió identificar el número de casos que haya terminado en empate y en que la voz del presidente/a fue el voto decisivo, desde el 1 de enero de 2017 hasta la fecha.

También, que le enviaran un estudio sobre votos dirimentes históricos realizado el 19 de marzo de 2019 por el relator Sebastián López Magnasco. Y una planilla con los datos de las causas en que el abogado Enrique Navarro presentó informes en derecho ante el Tribunal Constitucional y que informen en qué causas ha actuado como litigante.

Asimismo, pidió remitir un detalle de las implicancias o inhabilidades realizada por ministros del TC desde el 1 de enero de 2015 y confirmar si es que en la página web del TC se encuentran subidas todas las actas de plenos desde el 1 de enero de 2017 hasta la fecha.

El Ministerio Público ya cuenta con un resumen realizado por el TC de causas de DD.HH. del 1 de junio de 2010 hasta el 24 de abril de 2020. De acuerdo a esa tabla, han ingresado 70 causas, de las cuales 27 se declararon inadmisibles y tres no fueron admitidas a trámite. De las que llegaron a sentencia definitiva, 32 fueron rechazadas, cuatro acogidas parcialmente y una acogida.

Además, la fiscalía cuenta con una respuesta enviada por Brahm al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el pasado 23 de abril. “Desde 2017 a la fecha se han presentado 52 INA, en causas relacionadas a violaciones a los derechos humanos en Chile entre 1973 y 1990. Los que se desglosan en 33 causas con sentencia definitiva, 18 causas con otros términos (18 declaradas inadmisibles y una no admitida a trámite) y una pendiente de fallo”. Dice que de esos 52 requerimiento, hay 32 causas con suspensión. Y el tiempo de dilación se indica en una planilla aparte.

De acuerdo a esta última, hay causas que ingresaron en 2017 con tiempo de suspensión variable: de 310 días, 389 días, 383 días, 196 días, 115 días, 127 días, 217 días y 113 días. En 2018, 200 días, 349 días, 208 días, 337 días, 136 días y 201 días. En 2019, en tanto, se registran tiempos de suspensión de 112 días, 176 días, 183 días y 107 días.

También, el Ministerio Público envió al Consejo de Defensa del Estado copia de la denuncia del caso.