Profesores v/s el Estado: CorteIDH entra a fase final de demanda por más de US$94 millones de deuda previsional histórica

Han esperado 27 años y ahora llegó el momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) procederá a escuchar los alegatos por la demanda que 848 profesores presentaron en contra del Estado chileno por -según acusan- vulnerar sus derechos al no proceder al pago de la denominada “deuda histórica”. Para este lunes 31 de mayo y el martes 1 de junio están agendadas las maratónicas jornadas en que los abogados Ciro Colombara y Giampiero Fava presentarán 43 testimonios entre los que se encuentran algunos de los afectados, ex autoridades del gremio de los docentes y el de parlamentarios, como los senadores Carlos Montes (PS) y Yasna Provoste (DC) quienes darán cuenta cómo pese a los avances legislativos aún no se procede al pago de lo adeudado.

En el proceso judicial internacional, que sólo se puede llevar a cabo cuando todas las instancias nacionales se han agotado como es el caso, se adjuntaron las 13 sentencias judiciales en que se ordenaba pagar a los profesores las asignaciones previsionales con las que contaban antes de ser traspasados a la educación municipal durante el régimen militar. Pese a los pronunciamientos de la Corte Suprema que daban razón a los afectados nunca se procedió al saldo de esta deuda debido a que la ley impide el embargo de bienes inmuebles fiscales y, a su vez, el Estado no adoptó medidas concretas para buscar una solución a una demanda que se repitió año a año en las manifestaciones y paros de estos profesionales.

En medio de este largo proceso judicial, según datos del Colegio de Profesores, al menos el 20% de los afectados ha fallecido, por lo que se le pide a la CorteIDH que en el caso de fallar a favor de ellos se ordene el pago de estos dineros a sus herederos. Uno de los testimonios que se expondrán ante la instancia internacional es el de Juana Alcota Goya, profesora normalista de 77 años. “Varios colegas han fallecido. Los pocos que quedamos algunos tan enfermos como yo y pocos son los que están sanos. Los gastos por la enfermedad son graves”, sostiene en un video que se expondrá ante los jueces.

Quien también va a testificar es Ramona Ilufi Luna, de Cauquenes, quien a sus 80 años relata cómo el haber sido traspasados de sistema previsional y no contar con la reparación económica correspondiente marcó a toda una generación de profesores. “Usted piensa primero si se compra un helado grande de mil pesos o prefiere comprar el pan para el otro día. Esa es la situación, no alcanza para comprar remedios, porque como tenemos ‘la mejor salud del mundo’ los consultorios… a mí, los medicamentos me los compran mis hijas y ya no quiero ser carga de ellas”, sostiene.

La demanda apunta a que “con el retorno a la democracia en 1990, y con la reconstrucción del Estado de Derecho, las víctimas demandaron al Estado por el no pago de la “asignación especial”. Los tribunales en sus sentencias en firme, reconocieron la deuda del Estado y ordenaron a las entidades públicas correspondientes, las Municipalidades, que pagaran los montos decretados. Tal como se ha señalado, estas sentencias firmes y ejecutoriadas contra el Estado, no han sido cumplidas hasta la fecha. En otras palabras, las víctimas de este caso han sido doblemente perjudicadas por el Estado de Chile: la primera vez por el no pago de “asignación especial” decretada el año 1981 y; la segunda vez, por la no ejecución de las sentencias judiciales condenatorias”. Asimismo plantea que el no cumplimiento de estas ordenes emanadas incluso desde la misma Corte Suprema, en fallos que van entre 1993 y 1997, contraviene los convenios internacionales firmados por el Estado chileno.

“Todas las víctimas del presente caso tienen sentencias firmes y ejecutoriadas a su favor, por lo que sus pretensiones de pago no son meras expectativas, sino que son derechos adquiridos con efectos patrimoniales. Además, todas las víctimas que no han fallecido ya, presentan una avanzada edad, lo que determina la urgencia de que puedan recibir los montos largamente debidos por el Estado, sin nuevas dilaciones”, se lee en el texto.

El abogado Ciro Colombara, quien inició esta tramitación en 2005, da cuenta de sus expectativas cuando la demanda interpuesta ante la CIDH entra en su fase final. “Después de casi 30 años de espera para 848 profesores y profesoras chilenos ha llegado la hora de que la justicia internacional decida si el Estado de Chile ha violado gravemente sus derechos humanos al no cumplir 13 sentencias judiciales que obligaban a varias municipalidades a pagarles por haber afectado sus derechos previsionales. Tenemos la certeza que la Corte Interamericana de DDHH nos dará la razón y las audiencias públicas de la próxima semana permitirán que peritos y víctimas declaren ante la Corte, para que concluya que el Estado debe ser condenado. Lo que está en juego es la dignidad de los profesores y profesoras que han llegado al final de este largo camino, porque muchos han muerto esperando justicia”, sostuvo.

En total, según las estimaciones de los demandantes, los montos adeudados por concepto de sentencias incumplidas ascienden a un total de $ 72.481.343.002 aproximadamente, es decir, cerca de US$ 94 millones al 31 de julio de 2020, debiendo actualizarse el monto si paga en una fecha futura. Esa es la apuesta que hacen los 848 profesores que iniciaron estas acciones y que se juegan sus últimas cartas confiando en que el sistema interamericano les dé la razón.