“El reglamento debe facilitar el diálogo, la deliberación y los acuerdos de los convencionales, así como permitir un flujo de trabajo ágil y constante para maximizar el uso del tiempo escaso”.

Es el primer párrafo que se puede leer en la “Propuesta para el reglamento de la Convención Constitucional”, entregada este viernes por centros de pensamiento ligados a la centroderecha a convencionales de Vamos por Chile.

En el documento -de 24 páginas- participaron entidades como Acción Educar, Aire Nuevo, Ciudadano Austral, FJG, FPP, P!ensa, Horizontal, IdeaPaís, IES, IL, LyD y ResPublica.

Un punto importante de la propuesta son los plazos -ya se cumplió el primer mes- por lo que esperan que la Convención no se pase el plazo estipulado (nueve meses con tres de prórroga). Los centros de estudio postulan que “si el órgano redactor pierde excesivo tiempo discutiendo sobre su reglamento, ello podría implicar que se discuta, en el Congreso, la ampliación del plazo para acordar el contenido de una nueva Constitución, lo que a todas luces no sería recomendable dada la incerteza jurídica que ello acarrearía, sobre todo en el complejo contexto fiscal, económico, político y social que atraviesa nuestro país”.

Por lo cual creen que el reglamento debería ser elaborado entre los próximos 30 a 60 días como máximo. “En ningún caso el plazo de elaboración debiera superar los 3 meses”, se destaca.

Son siete puntos los que aborda el documento: los principios que inspiran la discusión, propuestas para la organización, transparencia y probidad, los plazos involucrados, el control de la Corte Suprema, mecanismos de participación de las minorías de la Convención y protección de derechos de las minorías en la Convención.

Estos últimos dos puntos son quizá más importantes en el papel para los constituyentes de Vamos por Chile, porque si bien son la minoría más numerosa de convencionales (37 de los 155 cupos), no llegaron al tercio que proyectaban antes de las elecciones.

El texto, eso sí, no está sólo dirigido hacia los convencionales de centroderecha, sino que argumenta que “ninguna fuerza política o lista (incluyendo la lista de independientes) logró 1/3 en la Convención Constitucional. Individualmente considerados, todos los grupos son una minoría”.

Por eso, argumenta la propuesta, “las reglas deben propiciar que se garantice a todos los intervinientes un espacio para debatir, deliberar y expresarse respetuosamente”.

¿Cómo se traduce este respeto? Según el texto, una forma es que el reglamento replique las normas constitucionales que fijan los límites de procedimiento, votación y temas sustantivos o de fondo a la Convención Constitucional. Para los expertos, es importante recordar que “ninguna norma del reglamento de la Convención (votación, funcionamiento, etc.) puede contradecir o desconocer los límites y exigencias que impone la Carta Fundamental para el funcionamiento de la Convención”.

Se propone que “cualquier convencional tenga derecho a pedir la observancia del reglamento a la mesa en el plenario, y lo mismo aplica a las comisiones temáticas”.

En relación a las comisiones, los expertos recomiendan comisiones de orden interno, transparencia y reglamento, una comisión constitucional técnica o de armonización, otra de comunicaciones y participación ciudadana y una de ética.

También postulan que todo convencional participe en al menos una eventual comisión temática, además de las principales dichas anteriormente. Estas comisiones podrían ser sobre bases fundamentales de la República, nacionalidad y ciudadanía; de derechos, deberes y garantías; de régimen de gobierno, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otras, con sus respectivas subcomisiones.

En cuanto a los quórums, se propone que tanto el Pleno como las comisiones puedan sesionar con un quórum de 50% de sus miembros. Se plantea, eso sí, que el presidente o presidenta de la mesa podrá citar a sesión cuando lo crea necesario, sea acordado por la misma convención o sea solicitado “por escrito a lo menos el 10% de sus miembros”.

Además, se estima que es razonable un quórum 2/3 de los convencionales en ejercicio en cada votación en el Pleno, pero por ejemplo, para tomar acuerdos en comisiones, el quórum podría ser de la mayoría en ejercicio. “No obstante y a fin de resguardar el derecho de las minorías, el informe de la comisión, que conocerá posteriormente el plenario, deberá consignar siempre los fundamentos, propuestas y votaciones de las minorías que han sido rechazadas en la comisión del caso”, se lee en el texto.

Señalan que en este informe que conocerá el Pleno debe estar acompañada por “la segunda propuesta o formulación más votada para su discusión, no solo la propuesta aprobada por la comisión, la que se deberá ser expuesta por un convencional que represente esa postura y someterse a votación en caso de que la propuesta mayoritaria no reúna el quórum necesario de 2/3″.

Se plantea que durante el Pleno se podría establecer “una regla para renovar indicaciones estudiadas y rechazadas por la comisión, pudiendo incluso dejarse abierta la posibilidad a la presentación de cualquier indicación, salvo que resten pocos meses de funcionamiento de la Convención, en cuyo caso podría aplicar que solo se renueven indicaciones rechazadas”. Un límite para seguir presentando indicaciones sería cuando “la Comisión Técnica o Armonizadora sea la que emita los informes al Pleno”.

Un capítulo relevante del documento es sobre participación en la Convención, que es además uno de los “principios” que destaca el texto.

Pero en concreto, se proponen foros y audiencias, además de contar con un panel ciudadano que sería “una muestra -estadísticamente representativa- de personas, seleccionadas por variables como edad, sexo, ocupación, entre otras. A estas personas se les preguntaría periódicamente su opinión sobre distintas ideas, temas o propuestas. Es importante que el panel se vaya renovando, para evitar algunos vicios que se pueden generar en el camino”, se lee en el planteamiento.

Se destaca además el que se establezca una forma institucionalizada de participación, clara y transparente, velando por la participación de grupos minoritarios. Siendo este un punto clave en gran parte del documento, se indica que “es clave aquí incorporar a personas que no suelen participar en estas instancias por diversos motivos o que tienen una participación menos intensa. Para ello, una alternativa es desarrollar vínculos con instituciones educativas y perseverar en un espíritu de escucha activa”.

Por eso, creen que “es esencial establecer límites y pautas concretas para ordenar la participación ciudadana, a fin de evitar el desorden y el eventual abuso por parte de grupos o individuos” en estas instancias.