Protestas, un frustrado punto de prensa y la insistencia por postergar la audiencia: lo que marcó la formalización de Yáñez, Rozas y Olate

Cuarenta minutos faltaban para las 9.00 horas, cuando hasta el estacionamiento del Centro de Justicia llegó el vehículo que transportaba a los exgenerales director de Carabineros Ricardo Yáñez y Mario Rozas, además del exsubdirector Diego Olate. Sin dar declaraciones, y como lo habían solicitado sus abogados, descendieron del vehículo ya dentro del tribunal, donde 40 minutos después la Fiscalía Centro Norte comenzaría a formalizarlos por su presunta participación en el delito de apremios ilegítimos por omisión durante el estallido social.

Formalización que derivó de una investigación de cinco años por parte del fiscal regional Xavier Armendáriz y la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong, quienes durante la jornada comenzaran a leer uno a uno los casos por los cuales se les imputa a los exgenerales el no haber adoptado las medidas correctas, mientras encabezaban la institución, para evitar la vulneración de los derechos humanos de los manifestantes durante la crisis social de 2019.

Audiencia de formalización marcada por protestas, una comparecencia a la prensa que se frustró y por una discusión por aplazarla ante los reiterados requerimientos que presentó la defensa durante las últimas semanas, argumentando que el abogado del exgeneral director de Carabineros, Jorge Martínez, está enfermo. Pese a eso, finalmente se concretó a solo horas de que la tarde de este lunes el ahora general (r) Yáñez entregara el mando de Carabineros a su sucesor, Marcelo Araya, tras renunciar ante su inminente formalización.

La comparecencia de los exgenerales ante la justicia a casi cinco años del estallido social fue algo que se planificó en cada detalle. Según pudo conocer La Tercera, el equipo que acompaña al exgeneral Yáñez en primer lugar pidió ingresar por los estacionamientos ante posibles manifestaciones.

Y así fue, mientras Yáñez, Rozas y Olate ingresaba al Centro de Justicia por los estacionamientos, en el frontis del recinto organizaciones como Amnistía Internacional y grupos vinculados a las víctimas de trauma ocular durante el estallido social desplegaron carteles y realizaban cánticos alusivos a los generales. “Formalicen mandos”, se leía en la pancarta del grupo internacional.

Pero las manifestaciones en el exterior también frustraron parte de los planes que tenía el general Yáñez. En el frontis del Edifico C del Centro de Justicia se había instalado un micrófono y delimitado la zona para que se instalara la prensa, cual punto de prensa. Sin embargo, y pese a que era uno de los escenarios que tenía estudiado su equipo de seguridad, finalmente esa comparecencia se tuvo que suspender ya que con el pasar de los minutos más agrupaciones y manifestantes se fueron sumando al grupo que a esa hora ya realizaba cánticos: “Justicia, verdad, no a la impunidad”, se escuchaba fuerte en el edificio de la Avenida Pedro Montt.

Fuentes de La Tercera explican que el micrófono para que hablaran los exgenerales se había instalado en ese lugar a sabiendas de que podía ocurrir lo que finalmente sucedió, que fue frustrado por los manifestantes. Pese a eso, fue aprovechado por las agrupaciones y por la senadora Fabiola Campillai -víctima de apremios durante el estallido- que encabezaba las manifestaciones.

“Hoy se habla de un estallido social delictual, se habla de nuestros compañeros como delincuentes, luchadores sociales que lucharon por los derechos de todos nosotros, de todo un país, y se les llama delincuentes (...) hoy aquí tenemos los verdaderos delincuentes, los que dieron órdenes o los que simplemente no frenaron todas las violaciones a los derechos humanos en nuestro país”, afirmó la parlamentaria.

Luego de que las agrupaciones hablaran, y ya que faltaban dos minutos para que se iniciara la audiencia, uno de los técnicos dio la orden al equipo que instaló la amplificación: “Desconecten nomás, hay que sacar todo”, dijo mientras a esa hora los generales Yáñez, Rozas y Olate ya entraban a la sala 103.

Sin embargo, más adelante su equipo enviaría un mensaje grabado del exgeneral Yáñez, quien calificó esta audiencia como “injusta y absurda”. “Se nos pedía, de acuerdo a los antecedentes que estamos recogiendo, lo imposible. Más de 665 días de violencia en todo el país, los carabineros tuvimos que actuar con los medios y con las capacidades que el Estado nos había entregado. Más de 1.100 vehículos atacados, más de 540 ataques a nuestros cuarteles, cerca de 5.000 carabineros lesionados”, sostuvo.

Junto con eso, agregó Yáñez: “Creo que esto es injusto, creo que esto es el pago de Chile a quienes pusimos la cara, a quienes pusimos el pecho a las balas, quienes estuvimos más de 18 horas enfrentando violencia absoluta, donde nuestras familias sufrieron, nuestros hijos sufrieron. Creo que hoy día, si el país, si hay una democracia, si tuvimos una transición de un gobierno a otro, si tuvimos dos procesos constitucionales, es que hubo una institución, integrada por hombres y mujeres valientes, que dieron la cara para que Chile tuviera y pudiera mantener la democracia de este país”.

Ya en la sala, uno a uno los imputados se fueron identificando ante el juez Cristián Sánchez. “Ricardo Alex Yáñez Reveco, su señoría”, dijo el general que horas antes entregó el mando a su sucesor y cuya defensa frustradamente intentó postergar la audiencia hasta último minuto. Lo mismo hicieron el resto de los intervinientes, entre los que se encontraban la fiscal Chong representando al Ministerio Público y diferentes organizaciones y víctimas como querellantes.

Antes de comenzar la formalización como tal el tribunal debía resolver una de las solicitudes de la defensa del general Yáñez. Días antes, el abogado Nicolás Oxman, quien reemplazó a Martínez, pidió una audiencia de cautela de garantías donde se discutiera la postergación de la audiencia de este martes ante la enfermedad del abogado. Cita que pidió adelantar pero que el tribunal mantuvo para ser revisada antes de la formalización, y así ocurrió.

Oxman solicitó al magistrado aplazar siete días la imputación de cargos, ya que a su juicio no solo se afectaba el derecho a defensa, sino que también existía un riesgo a la libertad de su cliente, el exgeneral Yáñez. “Nos hemos visto en la necesidad de armar una defensa compleja, pero necesitamos un plazo racional, no estamos pidiendo un mes, dos meses. Hemos hecho todos los esfuerzos de poder garantizar una igualdad de condiciones, lo que forma parte de la garantía integral del debido proceso para que pueda existir un debate integral de todos los intervinientes”, argumentó.

La Fiscalía, por su parte, dijo que dejaba a criterio del tribunal si accedía a postergar la audiencia, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) pidió rechazarlo ante el tiempo que ha pasado, además de apuntar a que este tipo de situaciones “ya han pasado antes en esta causa”, haciendo alusión a los cambios de abogados de los imputados.

Después de escuchar todos los argumentos, y antes de entregar su resolución, el juez Sánchez respondió a una argumentación de la defensa de Yáñez, quien mencionó a Carabineros. “Acá los imputados son Diego Olate, Mario Rozas y Ricardo Yáñez, esos son los imputados en el proceso criminal que apertura la Fiscalía, para ellos se comunica cargo, esto no es un proceso criminal respecto de la institución de Carabineros de Chile”, dijo el magistrado.

Seguido de eso, rechazó la solicitud de la defensa, pero le concedió un punto. El juez le preguntó a la Fiscalía cuántos días necesitaría para comunicar los cargos, ante lo cual la fiscal Chong afirmó que se extendería por dos días. Ante eso el juez entregó los horarios en los que se realizaría la audiencia, y decidió que luego de esas dos jornadas que se tomará el Ministerio Público para formalizar, esta audiencia entrará en un receso “por un plazo razonable” que podría partir en siete días, para que Oxman estudie la causa y pueda responder a las medidas cautelares del ente persecutor.

Resuelta la nueva solicitud de postergar la audiencia, fue el turno de la fiscal Chong, quien afirmó que durante el estallido omitieron “sus deberes de intervención y no ejecutan acciones para impedir o hacer cesar su comisión”.

La fiscal comenzó a exponer la normativa que, a su juicio, le correspondía a los altos mandos de la época. Posterior a eso, comenzó a detallar la responsabilidad que le cabía a cada uno en estos hechos. En el caso de Rozas, sostuvo que “no emanó ni instruyó emanar actos administrativos, instrucciones u órdenes generales orientadas a limitar el uso de gases lacrimógenos o la munición antidisturbios, ni que propendiera a impedir detenciones arbitrarias o cualquier otra medida que implicara cambios de las armas y municiones empleadas en el control de las manifestaciones sociales, de modo de impedir o hacer cesar los apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que el personal subalterno, a su cargo y bajo su mando, estaba cometiendo”.

En el caso de Yáñez, quien en aquel entonces estaba a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad, “debía emitir órdenes, realizar evaluaciones periódicas e imponer sanciones disciplinarias, pudiendo incluso disponer cambios a políticas nacionales emanadas del general director”. Junto con sostener que “fue el responsable de la evaluación periódica de planes y programas que guarden relación con el orden y la seguridad pública a nivel nacional, debiendo disponer los cambios que sean pertinentes”.

“La cantidad de lesiones de manifestantes observadas durante el trimestre final del año 2019, imputables a funcionarios de Carabineros, fueron conocidas por la Dirección de Orden y Seguridad de la institución, por el imputado Yáñez Rebeco”, sostuvo Chong mientras atentamente el general (r) Yáñez tomaba nota en una libreta, lo mismo hacían Rozas y Olate.

El video grabado por Yáñez fue hecho durante uno de los recesos de la jornada y en compañía de Rozas y Oleta. Fuentes cercanas al general (r) afirman que se encuentra tranquilo ante la formalización, aunque -tal y como lo dijo- considera que toda la formalización es injusta y que él mismo trabajará en armar su defensa, por lo mismo durante la audiencia tomó nota detalladamente a las palabras de la fiscal.

Más adelante la fiscal Chong detalló que 2.438 personas fueron afectadas por el actuar policial en el estallido, especificando que de esos casos, “1.002 casos corresponden a lesiones provocadas con proyectil de arma de fuego, de los cuales 653 fueron lesiones en la zona de la cabeza o cuello. De las lesiones ocurridas en la cabeza o cuello, 430 fueron producto de disparo de perdigones y 172 por disparo de gases, siendo un total de 163 las lesiones oculares”.

Hasta el cierre de esta edición Chong se encontraba detallando cada uno de los casos.