¿Publicar las grabaciones de las reuniones de mesa? El último debate que tensionó a la Convención

Los ánimos comenzaron tensos. Era la última reunión de la mesa directiva de la ya disuelta Convención Constitucional y las polémicas previas
-como la exclusión de los expresidentes de la ceremonia de cierre- complicaban el ambiente del encuentro, el que se extendió por más de cinco horas. Uno de los vicepresidentes estaba resfriado. Otra, con problema de conectividad, por lo que ponerse de acuerdo era aún más complejo.

En ese ambiente, tuvo lugar una discusión que, hasta ahora, había pasado desapercibida. El exvicepresidente adjunto Hernán Larraín (Evópoli), el único integrante de centroderecha de la mesa, preguntó qué se haría con el registro de las reuniones de la directiva, puesto que, al igual que las sesiones de las comisiones, estas eran grabadas en audio y video, aunque no se transmitían en vivo.

Los nueve integrantes de la mesa encabezada por María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales) y Gaspar Domínguez (No Neutrales) tenían claro que las actas de las reuniones serían públicas en algún momento, pues así lo determinó la primera directiva, encabezada por Elisa Loncon (Pueblo Mapuche) y Jaime Bassa (Frente Amplio). No obstante, Larraín abrió otro flanco: si debiesen publicarse las grabaciones, en audio y video, además de las actas visadas por el secretario de la Convención, John Smok.

El militante Evópoli era partidario de publicarlos a través de transparencia activa, es decir, que estuviesen disponibles en la página de la Convención. Según una versión, incluso, propuso que estuvieran disponibles a los meses después de que se realizara el plebiscito.

Consultado al respecto, el militante de Evópoli indicó a La Tercera PM que “propuse a la mesa que se hicieran públicos los registros de las reuniones, pero no hubo apoyo a la idea. Sugerí que los liberáramos en seis meses para evitar su uso político en el plebiscito, aún así se optó por no publicarlos. Por transparencia y para la historia hubiera sido valiosos que tuvieran libre acceso”.

Según presentes, otros de los vicepresidentes adjuntos se abrieron a la posibilidad de que pudieran solicitarse por transparencia pasiva, o sea, por medio de una solicitud. Sin embargo, no todos conocían en detalle el acuerdo alcanzado por la mesa de Loncon referido a las grabaciones.

“En un principio me parecía sensato (publicarlas), pero no sabía que era un acuerdo de la mesa anterior, que implicaba que solo el secretario tenía acceso al audio”, comentó en privado uno de los vicepresidentes adjuntos.

De acuerdo a las mismas fuentes, la expresidente adjunta Bárbara Sepúlveda (PC) fue quien más tajantemente argumentó que no era necesario publicar los audios, pues todos los detalles relevantes, incluidas las votaciones de la mesa, estarían contenidos en las actas que publicará la secretaría.

“Durante la última reunión de mesa, le explicamos a Larraín que las actas de las reuniones son públicas. No hay registros de videos de todas las sesiones de mesa porque no era obligación de la secretaría grabarlas, pero sí están todas las actas transcritas y firmadas por ministro de fe. Es muy necesario para el registro fidedigno del proceso que se cuente con todas las actas publicadas y siempre se estableció que fuera así”, dijo Sepúlveda a este medio.

De acuerdo a versiones de dos de los presentes, Sepúlveda también argumentó que comenzar a trabajar en la publicación del registro audiovisual era riesgoso, porque podían filtrarse y entorpecer la campaña de cara al plebiscito.

La exconvencional -consultada por ese punto- agregó que “la mesa directiva de la cual fui parte cumplió con el protocolo establecido por la primera mesa constituida, dejando las actas públicas de las reuniones a las cuales pueden acceder todas las chilenas y chilenos. Es un nuevo intento por enlodar el proceso y desviar la atención a una nueva polémica artificial”.

Si bien Quinteros y Domínguez son quienes encabezaron la mesa directiva, algunos de sus otros integrantes señalaron que ellos no participaron activamente de este debate. De hecho, acusan que la presidenta prácticamente no intervino.

Además de eso, según quienes estuvieron en la reunión, Smok explicó que había un impedimento técnico para publicar las grabaciones, pues éstas no se hicieron para guardarse, sino para transcribirse. Por un tema de capacidad, según argumentan, se eliminaron algunos audios y videos de las reuniones que ya estaban transcritas.

Según cuentan fuentes de la mesa, el mismo secretario le dijo eso a Larraín. Debido a ese argumento, el exvicepresidente adjunto Tomás Laibe (PS) comentó que no tenía sentido publicar algunos de los videos, sino que tenían que ser todos. Larraín, por otro lado, era partidario de publicar lo que había.

Además, de acuerdo a las mismas fuentes, el secretario no se refirió a la fecha de publicación de las actas, pero especificó que estarían listas dentro de los 60 días posteriores a la disolución de la Convención, junto con todos los demás documentos que quedaron pendientes.

Si bien había posiciones disímiles, la posibilidad de publicación no se votó. Los vicepresidentes adjuntos argumentan que no se hizo porque la discusión solo fue un punto dentro de un largo listado de temas por revisar. “Fue una reunión muy enredada, se volvía a revisar los temas cuando ya se habían resuelto”, comentó una de las exvicepresidencias.

De hecho, esa fue la misma reunión en la que Larraín acusó que se había modificado una frase del artículo referido al consentimiento indígena, lo que derivó en la presentación de un oficio firmado por 41 convencionales que solicitaron que se adelantara la publicación del texto constitucional.

Con todo, desde la mesa argumentaron que la publicación de los audios y videos tendría un impedimento técnico, puesto que el secretario puede dar fe del acta, no así de los registros audiovisuales.