Una disposición de la Constitución, inalterada desde el mismo texto original de 1980, generó un dilema para la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, que nuevamente está bajo la presión de un grupo de legisladores para reponer el debate de un nuevo giro previsional.

“El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año”, dice la actual Constitución en su artículo 68.

Si bien el llamado “quinto retiro” de los ahorros previsionales fue rechazado en general en la Sala de la Cámara, al no reunir 93 votos de apoyo (solo obtuvo 70 sufragios a favor, versus 70 en contra y 12 abstenciones), los promotores de la iniciativa (entre ellos, el RN Jorge Durán, la independiente Pamela Jiles y el PPD-indep. René Alinco) presentaron un conjunto de nuevas mociones apodadas como “sexto retiro”.

La lectura que existe en el gobierno y entre los parlamentarios más cercanos al Presidente Gabriel Boric, es que esos proyectos no podrían discutirse en un año, es decir, hasta el 18 de abril de 2023.

Sin embargo, existe un margen de interpretación, ya que hay cuatro mociones de diputados que ingresaron antes del 18 de abril de 2022, fecha en que se rechazó en general la reforma del llamado “quinto retiro”.

Resolver esta discrepancia es facultad de la mesa y, específicamente, del presidente de la Cámara, según el reglamento interno. Sin embargo, tal como adelantó el titular de la corporación, Raúl Soto (PPD), se pidió un informe jurídico a la Secretaría General de la institución antes de tomar una decisión. En todo caso, ese documento, que se daría a conocer esta semana, sería solo el primer paso, ya que la intención de Soto es derivar ese informe a la Comisión de Constitución de la Cámara para su análisis técnico.

“Respecto a los últimos proyectos de retiro, la mesa de la Cámara solicitó un informe que evaluaría la situación de eventuales proyectos similares, entendiendo que cuando son rechazados necesitan un año para volver a ingresarse”, dijo la segunda vicepresidenta de la Cámara, Claudia Mix (Comunes), quien al igual que Soto está a la espera de las recomendaciones jurídicas antes de anticipar su postura personal.

El pasado 19 de abril, en Radio Duna, cuando fue consultado por este tema, el diputado Soto había dado una señal contraria a seguir tramitando estas reformas, ya que tampoco existe piso en el Congreso para su aprobación. “Corresponde ser responsable y no seguir generando expectativas a la población de un tema inviable”, dijo.

Si bien las posturas públicas de Soto y Mix no son taxativas, a juicio del diputado Jorge Durán (RN), las señales indican que actualmente “la mesa de la Cámara está dividida” entre visar o no la tramitación de estas iniciativas.

De hecho, el diputado radical y primer vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, al ser consultado por La Tercera respecto de su postura personal, prefirió no opinar. Sepúlveda -al igual que Soto- fue uno de los legisladores del oficialismo que se desmarcó del gobierno y aprobó la reforma del “quinto retiro”.

A juicio de la diputada Jiles, hoy las autoridades de la Cámara están sometidos a una fuerte presión de La Moneda para que declaren la inadmisibilidad de las mociones de un “sexto retiro”. “La mesa está muy presionada por el gobierno”, dijo la legisladora, quien agregó que el Ejecutivo estaría tratando de incluir dentro de la reforma de inexpropiabilidad de los fondos de las AFP (una de las exigencias de la derecha para rechazar el “quinto retiro”) la idea de subir el quórum para futuros giros previsionales. Así, en vez de 93 apoyos (tres quintos de la Sala), si llegase a prosperar esa idea, se necesitarían 103 votos a favor (dos tercios).

El problema se complica aún más, porque existe un proyecto alternativo, presentado por la bancada del Partido de la Gente, que faculta un “autopréstamo” con fondos de las AFP. Esa reforma constitucional no fue fundida con las otras iniciativas del “quinto retiro”, al tener un sentido distinto, a pesar de que igualmente sea un giro previsional. La diferencia es que los cotizantes se comprometen a ir devolviendo ese dinero, pero sin el riesgo de una cobranza judicial como ocurre con un crédito. “Ese proyecto sigue su camino y no tendría por qué ser bloqueado”, explicó el diputado del PDG, Rubén Oyarzo.

El dilema para la mesa, y en especial para el presidente de la Cámara, no es sencillo. Independiente de la decisión que adopte, un grupo importante de diputados quedará disconforme, lo que podría llevarlos a presentar una moción de censura para destituir a los integrantes de la testera.

La presión de parte de quienes promueven los giros previsionales quedó en evidencia al día siguiente de que se rechazara el “quinto retiro”. En la sesión del 19 de abril, el mismo Durán preguntó en la Sala: “¿Qué va a pasar con los cuatro proyectos del sexto retiro que se ingresaron? ¿Se van a seguir tramitando o no, de acuerdo a la postura de esta mesa?”.

La respuesta del presidente de la Cámara fue que estaban a la espera del mencionado informe que esta semana debería llegar a manos de los distintos comités.

Entre las bancadas oficialistas interpretan que Soto no está dispuesto a asumir el costo de declarar inadmisibles los nuevos retiros y que más bien buscaría trasladar la decisión a la misma Comisión de Constitución, a la reunión de comités o bien a la Sala, tal como ocurrió el pasado 22 de marzo, cuando se consultó si el llamado “quinto retiro” podía discutirse, ya que la reforma anterior (el “cuarto retiro”) recién había sido rechazada.

Aunque las últimas votaciones en la Cámara reflejan una aparente mayoría en contra de futuros giros previsionales, hasta la fecha el paquete de medidas que ha ofrecido el gobierno no ha logrado calmar las presiones de algunos legisladores.

De hecho, los 70 sufragios a favor versus 70 en contra y 12 abstenciones de la última votación, perfectamente podrían darse vuelta y generar una mayoría que interprete que el llamado “sexto retiro” puede tramitarse a pesar de la restricción constitucional.

Para ello, basta que se genere una mayoría simple y circunstancial en la Sala para cursar su admisibilidad y eventualmente doblegar la decisión que adopte la mesa de la Cámara. Cosa distinta es que esa reforma tenga los votos para ser aprobada (necesariamente 93 votos a favor), ya que se trata de una norma transitoria que se añade a la misma Constitución.