¿Quién es quién en la carrera por la Fiscalía Nacional?: El perfil de 15 candidatos

La noche de este viernes a las 23:59 se cierra el plazo para que los interesados en el cargo de fiscal nacional ingresen sus postulaciones en la Corte Suprema, entidad que, tras el fin del proceso, deberá elaborar la quina entre la cual el Presidente Gabriel Boric deberá elegir un nombre para proponérselo al Senado y así encontrar al sucesor de Jorge Abbott y la cuarta máxima autoridad en la historia del Ministerio Público.

Incluso desde antes del inicio del proceso varios fueron los abogados interesados en participar, aunque algunos nombres se fueron quedando en el camino. Es el caso, por ejemplo, de la abogada María Elena Santibáñez y del actual secretario de la Cámara Alta, Raúl Guzmán, quienes finalmente optaron por desistir de sumarse a la carrera. Lo mismo pasó con una carta que sonaba fuerte y que desistió a último minuto: el fiscal regional Centro Norte Xavier Armendáriz.

Así, a sólo horas del cierre de las inscripciones, y como ha corroborado La Tercera PM, son 15 los candidatos que desplegarán sus mejores dotes para alcanzar este anhelado cargo en la institución que es responsable de perseguir penalmente los delitos en Chile. ¿Quiénes son? Acá un breve perfil de cada uno.

Abogada de la Universidad Católica de Temuco, es magíster en Docencia Universitaria de la Universidad del Desarrollo. En 2018 fue designada como la primera defensora de la Niñez, cargo que ocupa hasta la actualidad.

En el marco de su carrera en el Ministerio Público, se ha desempeñado como gerenta de la División de Atención a las Víctimas y Testigos, como directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales y durante 9 años como fiscal especializada en delitos sexuales y violentos.

Su perfil es especialmente valorado por los sectores políticos de izquierda, de hecho es cercana al Presidente Gabriel Boric y a la exministra Izkia Siches. Aunque en el último tiempo -dicen en el Congreso- senadores de la centroderecha han valorado su gestión y cómo se sobrepuso a la solicitud de remoción liderada por diputado RN Tomás Fuentes, la que fue rechazada de forma unánime por el máximo tribunal del país.

Abogado de la Universidad Central, desde 2018 fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte. Es uno de los fiscales más antiguos, ya que está desde el inicio de la Reforma Procesal Penal.

Entre los cargos que ha ocupado está el de fiscal adjunto jefe en las fiscalías locales de Los Vilos, Colina, Santiago Centro y de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, entre otros puesto.

En el marco de su carrera, ha dirigido indagaciones tales como el fraude de La Polar, la causa por lavado de activos en contra del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, el caso de Rafael Garay, el incendio en Metro San Pablo L1 tras el estallido social, el incendio de la Iglesia de Carabineros, y la investigación del robo con homicidio de la niña Tamara Moya, entre otras.

Hace siete años estuvo en la quina para ser fiscal nacional. Sacó la misma votación de Jorge Abbott, y aunque sonaba como uno de los favoritos, la Presidenta Michelle Bachelet se decidió por proponer al ex jefe regional del Ministerio Público de Valparaíso.

Su aspiración al cargo es vista con buenos ojos por varios supremos quienes, dicen, valoran su experiencia y las ganas que expresó la vez pasada de dar un giro a lo que ha sido el Ministerio Público hasta ahora.

Abogada penalista, especialista en Derechos Humanos. Tiene 44 años y es egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Este año fue candidata a relatora de la ONU contra la tortura y apremios ilegítimos.

Toda su carrera la ha hecho vinculada a la temática de los derechos humanos, trabajando en el Programa de Continuación del Ministerio del Interior en los que representaba como querellante a familiares de víctimas de la dictadura. Durante el estallido social apoyó las labores del denominado “piquete jurídico” de la Universidad de Chile, clínica que asesoró legalmente a personas que se vieron afectadas por apremios y lesiones en manifestaciones tras el 18-O. Es abogada del espacio de memoria “Londres 38″.

Su postulación fue una de las sorpresas del proceso. Es cercana al PC y dicen en el Ejecutivo que cuenta con el apoyo del subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo.

Abogado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, tiene 49 años y actualmente se desempeña como fiscal regional de O’Higgins. En el marco de su trayectoria en el Ministerio Público, donde ingresó en 2001, ha sido abogado asistente en la Fiscalía Local de Diego de Almagro, en la Región de Atacama, fiscal adjunto en Arica y en Concepción. En 2005 se trasladó hasta la Región Metropolitana, asumiendo como fiscal jefe de Pudahuel.

Formó parte de los equipos que tramitaron el caso Penta y SQM, además de dirigir investigaciones como el denominado caso Caval. Investigó a las altas jerarquías de la Iglesia Católica ante denuncias de encubrimientos de casos de abusos cometidos por sacerdotes y en el pasado indagó los vínculos de las FARC con la violencia rural en La Araucanía. Ha hecho varios cursos en el extranjero sobre terrorismo.

Nadie al interior de la Fiscalía pensó que lo haría, pero lo hizo. Y es que Arias protagonizó una pública disputa con el exfiscal nacional Jorge Abbott que -incluso- llevó a este último a pedir su remoción en la Corte Suprema, aunque sin éxito. Luego fue llevado a tribunales por su par de Magallanes, Eugenio Campos, por el delito de violación de secreto. Luego de casi 900 días suspendido y una absolución bajo el brazo, el “halcón” -como le llaman sus amigos- retornó con más fuerza y ahora decidió emprender la aventura de postular al máximo cargo de la institución que lo vio nacer profesionalmente y a la que se aferró, pese a su pugna con la exadministración.

Es abogada de la Universidad de Talca y egresada del Magíster en Derecho Penal de la Universidad de Chile y del Magíster en Derecho de la Universidad de Concepción. Ingresó al Ministerio Público en 2003, como fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Concepción.

Su nombre saltó a la luz cuando pidió a un tribunal allanar la Municipalidad de Recoleta, a principios de 2021, en el marco de la investigación por el denominado caso LED. Mediante escuchas telefónicas al abogado del alcalde Daniel Jadue consiguió una orden de entrada, registro e incautación debido a sospechas de pagos indebidos por parte de la empresa de luminarias de Marcelo Lefort, empresario formalizado por soborno en otros municipios.

Abogado, tiene 48 años y actualmente se desempeña como fiscal regional de Magallanes. Integró la Fiscalía Militar hasta 2002, año en que decidió postular al Ministerio Público, entidad a la ingresó como fiscal adjunto.

Entre las causas de relevancia que ha llevado destaca la investigación por el megafraude en Carabineros. En el ámbito académico, es profesor titular de Litigación Oral y Derecho Procesal Penal de la Universidad de Magallanes.

Es abogada de la Universidad de Chile, y doctora en derecho. Tiene vasta trayectoria en el servicio público. Actualmente ejerce como uno de los brazos derechos del contralor Jorge Bermúdez, siendo la jefa de la División de la Secretaría General.

Su postulación generó varias reacciones al interior del Ministerio Público. Y es que la abogada fue parte del equipo más estrecho de Jorge Abbott. Entre abril de 2016 y mayo de 2020 ocupó los cargos de gerenta de estudios y luego fue directora de la Unidad Especializada en Responsabilidad Adolescente.

Su irrupción en la carrera por la Fiscalía Nacional es bien vista desde sectores de izquierda y derecha en el Congreso. Y es que Salvo es una reconocida “delfina” del exministro del Interior Jorge Burgos y -se plantea desde el Poder Legislativo- cuenta con vínculos estrechos en el mundo de la política. La duda es si podrá pasar el primer obstáculo que es lograr los votos suficientes para estar en la quina, ya que la decisión de postular fue desde hace pocas semanas y cuando la primera “favorita” del Ejecutivo, la penalista María Elena Santibáñez, decidió no participar del proceso. Algunos ya la ven como la más clara próxima fiscal nacional.

Abogado de la Universidad La República, 50 años. Actualmente se desempeña como fiscal adjunto en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, aunque tiene 19 años de experiencia en la situación. En su carrera ha sido jefe de la Fiscalía Local de Santiago Centro y titular de Flagrancia de la Fiscalía Centro Norte.

Ha estado a cargo de casos como el crimen del cabo Luis Moyano, la sustracción de una recién nacida del hospital San Borja, toma de rehenes en oficina de abogados del centro de Santiago y el femicidio de una joven colombiana cuyo cuerpo descuartizado fue encontrado en el río Mapocho.

Enfrentó una denuncia de una funcionaria policial, quien lo acusó de malos tratos en el contexto de una notificación. Eso implicó una investigación penal y también una en la vía administrativa.

Abogado penalista de 44 años. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la Defensoría Penal Pública y como litigante particular.

En la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte ejerció como abogado asistente (2006 a 2008) y como fiscal adjunto (2008 a 2014). Además, fue abogado asesor y subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones UCIEX (2014 a 2016).

En el Poder Judicial fue secretario y juez (s) del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, y en la DPP cumplió labores como auditor externo y actualmente es miembro del Comité del Proyecto Inocentes (2018 a la fecha).

Abogado de la Universidad de Talca, actual fiscal regional de Aysén, cargo que ocupa desde octubre de 2017. Tiene 46 años e integra el Ministerio Público desde sus inicios, desempeñándose como fiscal adjunto de Talca, Concepción y fiscal jefe de la Fiscalía Local de Coronel. Además, ejerció la subrogancia de la Fiscalía Regional del Biobío, entre 2011 al 2017.

Actualmente es quien dirige la investigación por la presunta implantación de pruebas en el marco de la investigación del denominado caso “Huracán”.

Posee estudios de Magíster en Criminología y Justicia Penal de la Universidad Central; Magíster en Filosofía de la Universidad de Concepción y es Magíster en Alta Dirección Pública de la Universidad Mayor.

En lo académico, fue docente de los diplomados sobre Derecho Penal y Destrezas de Litigación y de Peritajes de Abuso Sexual de la Universidad de Concepción, como asimismo de la cátedra de Destrezas de Litigación Penal y Derecho Procesal de la Universidad San Sebastián.

Abogada de la Universidad de Chile, actual directora Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional. Forma parte del Ministerio Público desde 2001. Entre 2005 y 2007 se desempeñó como jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.

Ha participado, en representación del Ministerio Público, en diversos foros nacionales e internacionales en materia de corrupción, como el Grupo Anticorrupción y Transparencia de APEC, incluida la defensa de Chile ante la OCDE referente al nivel de cumplimiento de la Convención del organismo.

Es una abogada respetada por sus pares y cuenta con el apoyo -dicen en el Ministerio Público- de las “bases”, es decir los fiscales adjuntos. Es reconocida como una líder y se valora que logre armar equipos para proyectar la política de persecución criminal. Herrera ha estado detrás de todas las estrategias desplegadas por el Ministerio Público en la persecución de delitos de corrupción, aquellos denominados de “cuello y corbata”.

Su nombre también es bien visto por el Ejecutivo y en las últimas semanas, cuando se confirmó su postulación, no pocos supremos vieron con buenos ojos su candidatura.

Abogado penalista de la Universidad de Chile, tiene 53 años. Entre el año 2000 y 2002, trabajó en la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal en el Ministerio de Justicia, desempeñándose como subcoordinador. Luego de ello, y hasta 2006, trabajó en el Ministerio Público cumpliendo funciones, primero, como abogado asesor en la Fiscalía Regional de Aysén y, luego, como fiscal adjunto en Valparaíso y Santiago.

Actualmente ejerce como abogado litigante, con especial experiencia en causas complejas en Amenábar & Valencia Abogados, y es profesor con dedicación parcial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U. San Sebastián.

En su rol como penalista, estuvo a cargo de las defensas de reconocidos imputados, como Rafael Garay, Bruno Villalobos y Luis Barría. También fue abogado de la ANFP.

Abogado de la Universidad Gabriela Mistral, actualmente fiscal nacional subrogante. Tiene 57 años y hasta hace poco cumplía labores como fiscal regional de Los Ríos. Anteriormente, se desempeñaba como fiscal regional de Magallanes, cargo que asumió en enero de 2010 luego de haber sido fiscal adjunto de Punta Arenas desde 2007.

Antes de ello, prestó asesorías a entidades bancarias y navieras, fue auditor en la IV Brigada Aérea de Punta Arenas, y abogado de la Empresa Eléctrica de Magallanes (2000 a 2004).

En el ámbito académico, ejerció la docencia en el Ramo de Litigación Oral en la Universidad del Mar en Punta Arenas, y también en el Instituto Santo Tomás de la misma ciudad, en la asignatura de Derecho Penal.

Es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene 45 años y actualmente se desempeña como gerenta de la División de Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Fue fiscal adjunta de la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Metropolitana Sur entre el 16 de marzo de 2009 y el 31 de agosto de 2018. Igualmente, fue asistente de fiscal desde febrero de 2006 a marzo de 2009, en la Fiscalía Especializada de Delitos Violentos y Económicos de la misma repartición.

En materia de crimen organizado, conforma la Mesa de la Macrozona Norte contra dicha problemática; coordina la Mesa Interna de Trata de Personas de la Fiscalía Nacional y dirige la subcomisión de Seguridad de Fiscales frente al crimen organizado en la Comisión Nacional de Seguridad del Ministerio Público.

En cuanto a violencia rural, participó en la Mesa de la Macrozona Sur donde se analizó dicha situación y en la Mesa sobre gestión de Medidas de Protección de Carabineros de Chile de la Macrozona Sur. Fue directora de la Asociación Nacional de Fiscales en dos períodos.

Abogado de la Universidad de Concepción, tiene 67 años. Se ha desempeñado 35 años como asesor jurídico de la Seremi de Educación de Antofagasta, y en paralelo, ha ejercido como abogado particular. Tiene un magíster en Dirección de Recursos Humanos.

En el marco de su postulación, insta al resto de los candidatos a fijar un debate público -tipo el que se realiza para la elección presidencia- para que se expongan las ideas de cada uno ante la ciudadanía. Como indicó, “se requiere potenciar el Ministerio Público con miras a la inseguridad que está percibiendo la ciudadanía”.