“Se confirma la sentencia definitiva (...) con la expulsión del partido”. De esta forma, el Tribunal Supremo de Revolución Democrática decidió sacar de sus filas a la concejala de Ñuñoa, María Eugenia Lorenzini, tras las denuncias por acoso y maltrato laboral que recibió por parte de una ex asesora y que terminaron con un sumario municipal en el que se dio cuenta de las faltas de la reportera gráfica, sicóloga y reconocida activista feminista.

El fallo, emitido el 22 de abril, surgió tras la denuncia por violencia de género que el 3 de marzo presentó Marina Esponda Conejeros, coordinadora del Frente Feminista de RD, y Francisco Retamal Jiménez, miembro de la directiva metropolitana del partido. Ambos expusieron -en representación de sus agrupaciones- una extensa denuncia en la que detallaron los hechos denunciados por C.E., la exasesora de Lorenzini, y que posteriormente fueron corroborados en la investigación municipal, cuestionando la presencia de la edil en el partido.

“Ante estos hechos, planteamos que los actos de nuestra representante y concejala, María Eugenia Lorenzini, van en contra de nuestros principios como Revolución Democrática. Un partido feminista, de izquierda, que tiene dentro de sus ejes políticos fundamentales la justicia social, donde los abusos de este tipo manifiestan el desequilibro de poder que ocurren en nuestro país diariamente y por los que hemos luchado como partido para erradicarlos”, se lee en la denuncia, en la que más tarde se hizo parte la presidenta de RD, Margarita Portuguez.

Y continúa: “Estos actos son inaceptables y tienen que tener consecuencias políticas. Nuestros representantes deben ser el reflejo de nuestros principios políticos, la transgresión de estos de su parte tienen graves consecuencias en nuestra lucha y también en nuestra credibilidad. Queremos plantear que las consecuencias políticas que se le impongan a María Eugenia Lorenzini deben ser un ejemplo para nuestros futuros representantes, que en el ejercicio de sus funciones es fundamental que haya concordancia con nuestros principios y si no las consecuencias políticas de su transgresión deberían ser acordes a la falta”.

A finales de marzo, RD anunció a través de sus redes sociales la apertura del proceso en el Tribunal Metropolitano contra Lorenzini, donde además se informaba de su suspensión a la militancia mientras durara la investigación.

Más tarde, RD publicó en sus redes sociales una declaración pública firmada por la Comisión Política del Consejo Nacional y el Frente Feminista del partido, donde además de reiterar su rechazo a las acciones de la concejala feminista, realizaron un mea culpa por la forma en que, inicialmente, abordaron el caso.

“Sabemos que como partido no hemos respondido a la altura de las circunstancias. Por eso hemos seguido profundizando distintas acciones que garanticen que nunca más se repitan hechos como estos o queden sin sanción”, señalaron.

En medio del proceso de investigación, la edil ya había anunciado su renuncia al partido, acusando no haber sido escuchada por el tribunal. “En los pasados meses he sido víctima de un linchamiento público del cual ustedes han participado activamente. Esta campaña tuvo origen en una frase equivoca mía, de tratar jocosamente, en forma inadecuada, de “esclava blanca” a mi asistente, todo ello en un espacio público en que ella no estaba presente”, señaló Lorenzini en una carta publicada en sus redes sociales.

Además, en la misiva cuestionó los orígenes de su expartido, acusando una persecución en su contra por un grupo interno del conglomerado: “Entiendo que ustedes tienen un problema en su génesis, su enorme dependencia de las redes sociales y, especialmente, de Twitter, y que en esos espacios la jauría de un pequeño grupo de allegados a RD ha pedido mi destrucción. Lo anterior no puede significar mi ejecución pública, por parte de ustedes, sin siquiera haberme dado la oportunidad de escucharme”.

Los mismos argumentos los estampó en un recurso de protección que ingresó a la Corte de Apelaciones de Santiago el 22 de abril, mismo día en que el Tribunal Supremo de RD determinó sacarla de sus filas. A fines de ese mes, el tribunal declaró inadmisible el recurso. Sin embargo, su defensa -que encabeza el abogado Gonzalo Bulnes- interpuso un recurso de reposición el 2 de mayo ante la Corte Suprema, con el que busca una nueva oportunidad.

“Hemos presentado un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago porque consideramos que aquí se vulneró cualquier derecho a juicio justo puesto que, desde antes de dictado el veredicto por el Tribunal Metropolitano, éste ya estaba establecido. Hay mensajes que me enviaron desde la directiva, donde ya adelantaban que debían sancionar”, asegura Bulnes, el abogado de la concejal.

“Hay muchas irregularidades en esta decisión, partiendo en que no hay pruebas nuevas, salvo lo que el diario La Tercera ha publicado y el sumario municipal”, agrega, acusando que desde antes de iniciarse el trámite la decisión ya estaba tomada.

La defensa presentó, entre varios anexos, unos mensajes de whatsapp entre Lorenzini y el entonces secretario general de RD, Sebastián Depolo, en los cuales se da cuenta de diversas conversaciones sobre el caso.

“Saludos, estoy agotada, pero no voy a renunciar”, le dice Lorenzini en un intercambio que aparece sin fecha. “Abrazo kena. Ha quedado muy en evidencia la operación rasca en la que están”, le contesta Depolo.

El 12 de marzo, Depolo le escribe: “Kena se q estas en el encuentro feminista y q está un poco la cagada con q estés ahí”. Un día después, ella le contesta: “Ya va siendo hora que el partido hable conmigo y que se tomen en serio mi situación. Averigüen quién está tras esto y conversen con los otros partidos. Yo ya hice todo para no afectar las elecciones y no resultó”.

Ocho días después, Depolo le escribe: “Hola kena avisame cuando podamos hablar pa contarte las cosas que han pasado... (sic)”.

Y pocos días después de eso, presumiblemente el 25 de marzo, Lorenzini le vuelve a escribir a Depolo: “Cómo será debido proceso? Necesito garantías”. El exsecretario general de RD le contesta: “Lo llamo y le cuento. He estado toda la tarde en esto. Saldrá una declaración de la comisión política acotando a lo de maltrato. Van a pedir q en el futuro no vuelvas a postular como representante de RD”.

“Con qué fundamentos? Están locos, si ni me han escuchado... te estoy mandando un correo”, le responde la concejal.

“Kena no respondai las weas de ñuñoa (sic)”, le vuelve a escribir Depolo una hora después.

Consultada sobre esta situación, la presidenta del Tribunal Metropolitano de RD, Andrea Barriga, explica que sí hubo instancias para escuchar los argumentos de la concejala, sin embargo, esta renunció a ellos. “Ella sí tuvo espacios para defenderse. Se le citó a través de correo electrónico para hacer sus descargos y presentar sus pruebas, como todas las partes, pero ella, a través de su abogado, declaró que no iba asistir”, reconoce Barriga.

Aunque el sumario municipal no estableció algún tipo de sanción hacia la concejala, sí recomendó la realización de “una jornada de capacitación sobre derechos funcionarios y medidas de prevención de acoso laboral, dirigido tanto a la concejala María Eugenia Lorenzini como todas las demás concejalas, concejales y personal que se desempeña directamente con dichas autoridades”.

La sugerencia fue ampliamente cuestionada dentro del concejo ñuñoíno, pues muchos ediles expusieron que se “diluían las culpas” al considerarles a todos para asistir a estas charlas. Y pese a que dicha recomendación fue emitida el 16 de febrero, según cuentan varios concejales, aún no se ha realizado. Incluso, hay quienes creen que no se realizarán. “No han dicho nada, parece que no las van a hacer. (En el concejo) nunca más se habló del tema”, reconoce la concejala Daniela Bonvallet.

La Municipalidad de Ñuñoa es dirigida por Emilia Ríos, alcaldesa que también milita en RD y es reconocidamente cercana a Lorenzini. Al ser consultados sobre posibles fechas para realizar esta capacitación, desde el municipio de Ñuñoa no respondieron.