Este martes, la presidenta de la Convención Constitucional, Maria Elisa Quinteros, ratificó la decisión de la mesa directiva para activar la prórroga que extiende el trabajo del órgano redactor de nueve a doce meses y realizar una modificación del cronograma. De esta manera, la fecha final para entregar la propuesta de nueva Constitución será el 5 de julio de 2022.

“Dado lo ajustado de los plazos, estamos conscientes de la pregunta que todo el país se hace: ¿alcanzamos a terminar el 5 de julio? Desde que asumimos esta labor, como mesa, nos hicimos cargo del apremiante desafío de organizar, coordinar y gestionar todo lo que estaba a nuestro alcance para lograr cumplir los plazos”, sostuvo Quinteros (MSC) en el marco de la cuenta pública.

En concreto, la propuesta busca extender la fecha de término de la discusión en las comisiones temáticas, del 13 de abril al 29 del mismo mes. Es decir, 16 días más de lo contemplado en el cronograma actual. Lo mismo ocurriría para las sesiones en el pleno, las cuales originalmente terminaban el 31 de marzo pero con este nuevo plan el plazo se extendería para el 6 de mayo. En el caso de la comisión de Armonización, su trabajo se reagendó para iniciar el 17 de mayo y el tiempo de trabajo en los mismos procedimientos se redujo de 45 a 32 días. Así, el trabajo finalizaría el 9 de junio y el lunes 13 se presentaría el informe ante el pleno.

Hoy, en tanto, el pleno aprobó, por 141 votos, la propuesta de modificación del cronograma.

En el pleno del pasado miércoles se visaron los únicos tres artículos –de los 95 presentados– aprobados de forma general incluidos en el primer informe de la comisión de Sistema Político.

De esa forma, con 115 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, se aprobó y quedó en el borrador de nueva Constitución que Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos. A pesar de esto, se rechazó un inciso del artículo que buscaba establecer que los pueblos indígenas son preexistentes al Estado de Chile y, por ende, “titulares del derecho de libre determinación”.

También, se visó el artículo quinto, respecto que los pueblos indígenas, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. Por lo demás, se consagra su derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar en la vida política.

La Comisión de Derechos Fundamentales, durante la jornada del miércoles, continuó con la deliberación de sus 508 indicaciones a las normas que fueron rechazadas por el pleno el pasado 10 de marzo. En la instancia se aprobó que toda persona, natural o jurídica “tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier medio”. Asimismo, se visó la indicación que establece que la ley deberá “asegurar el pluralismo en los medios de comunicación”.

Por lo demás, en el artículo de libertad de expresión, se visó por 29 votos a favor, dos en contra y una abstención la propuesta que buscaba suprimir el inciso que establecía que “estará prohibida por ley la negación o justificación de las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos”. Sin embargo, la comisión aprobó un nuevo inciso referido a que “el Estado deberá tomar todas las medidas destinadas a eliminar el discurso xenófobo; la apología de odio racial, religioso, sexual o de género”.

Estas normas formarán parte del informe de reemplazo que la comisión deberá presentar nuevamente al pleno para su votación en general y, posteriormente, en particular.

Durante la tarde de este martes, el pleno de la Convención sometió a votación el segundo informe emanado de la comisión de Sistemas de Justicia. En este marco, el hemiciclo aprobó el artículo que establece que el Estado es “el único que puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines. La función establecida en este artículo no podrá ser ejercida por privados”, sostiene el texto.

Sumado a esto, el pleno también aprobó artículos relativos a la Corte Suprema. Uno de estos fue el artículo que establece su definición, donde se sostiene que esta es “un órgano colegiado con jurisdicción en todo el país, que tiene como función velar por la correcta aplicación del derecho y uniformar su interpretación, así como las demás atribuciones que establezca esta Constitución y la ley”. No obstante, los demás incisos relativos a su integración y tiempo en el cargo, fueron rechazados y deberán volver a su comisión para modificaciones.

Del mismo modo, el pleno visó el artículo relativo a la cesación de los jueces y juezas. En concreto, el texto sostiene que “las juezas y jueces cesan en sus cargos por alcanzar los setenta años de edad, por renuncia, por constatarse una incapacidad legal sobreviniente o por remoción”. De esta forma, la norma pasa al borrador del texto constitucional en el plebiscito de salida. Además, se aprobó la norma relativa al fuero de los magistrados, que establece que “las juezas y los jueces no podrán ser acusados o privados de libertad, salvo el caso de delito flagrante (...)”.

Además, se aprobó la creación de un Consejo de la Justicia, que estará a cargo de nombramientos y temas administrativos de los jueces. Sin embargo, su composición, que había recibido críticas del Poder Judicial incluso en días anteriores, se rechazó y deberá ser revisada nuevamente por la comisión.

Durante la mañana de este jueves, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes) junto al vicepresidente Gaspar Domínguez (INN) y el presidente del Senado, Álvaro Elizalde sostuvieron una reunión. El encuentro se dio en medio de las tensiones que existen entre ambos organismos luego de que en la constituyente se planteara una eliminación del Senado.

El objetivo de la reunión fue dialogar acerca de los oficios que el órgano constituyente hizo llegar al Senado y a la Cámara de Diputadas Diputados respecto a materias susceptibles de reforma legal y constitucional. Esto porque en su reglamento de participación popular, la Convención expresó la voluntad de implementar mecanismos cuya operatividad depende de esa aprobación. Dentro de las materias se encuentra lo relativo a los plebiscitos dirimentes y también la idea de la Convención de que en el plebiscito de salida, que tiene el carácter de obligatorio, puedan votar las personas desde los 16 años.

Sobre el plebiscito dimientente, el timonel de la Cámara Alta no quiso comprometerse e insistió en que “vamos a dar cuenta en sala de este oficio y existe plena libertad de cualquier parlamentario de presentar una moción al respecto que tendrá que ser debatida por el Congreso”. Además, frente a la consulta de la posibilidad de avanzar en un proyecto de reforma para extender más allá de los 12 meses el trabajo de la Convención, Elizalde indicó que “no hay ninguna petición al respecto (...) Nosotros tenemos que garantizar el éxito del proceso y si hay un requerimiento al respecto tenemos que tener toda nuestra voluntad”.

En entrevista con La Tercera , Sol Serrano, dio a La Tercera, señaló que “una tercera pregunta en el plebiscito de salida podría descomprimir una falsa polarización”.

En un punto de prensa, realizado el lunes, el vicepresidente Gaspar Domínguez (INN) fue consultado sobre la postura y sostuvo, que a su juicio, “las reglas de este proceso constituyente están y han estado claras”. Además, añadió que “el plebiscito de salida tiene dos opciones, apruebo o rechazo, y francamente a mí me parece que en esta recta final no es conducente pensar innovar o modificar esta papeleta”, expresó.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, también abordó la discusión desde La Moneda. La titular de la Segegob aclaró que “no está sobre la mesa por parte del gobierno, o no se ha puesto como antecedente certero, de que haya una solicitud de tercera vía, más que especulaciones de posibles sugerencias que se enfrentan a un problema importante que es desde la certeza jurídica”. En ese sentido, enfatizó que “nos interesa que este proceso constituyente tenga certeza jurídica”.

La Comisión de Venecia también manifestó su negativa en su informe final publicado el viernes pasado. Tras la interrogante, el órgano consultivo del Consejo de Europa planteó que “las reglas sobre el plebiscito son actualmente claras y se han dado a conocer a los ciudadanos y los actores políticos”, por lo que “cambiar estas reglas correría el riesgo de trasgredir el principio de seguridad jurídica”.