Resumen Constitucional: Los hitos que marcaron la semana de la Convención

El 15 de febrero se contempla que ocurran las primeras votaciones en el pleno de la Convención. Según el cronograma, las iniciativas aprobadas por la comisión de Forma de Estado serán las primeras en someterse al quórum de 2/3, que definirá si quedan plasmadas en el proyecto de nueva Constitución o no.

Con esta meta por delante, durante la semana la comisión aprobó en particular 36 artículos y revisó 733 indicaciones. El primer artículo que aprobó en particular la comisión, presentado por Tammy Pustilnick (INN), Amaya Alvez (FA) y otros, establece que “Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas”.

En cuanto a la materialización de este Estado regional, plurinacional e intercultural, se votó que la organización institucional de las regiones autónomas se compondría de un Gobierno Regional, de una Asamblea Legislativa Regional -que ocuparía el lugar de los CORE- y de un Consejo Social Regional. De esa forma, quien dirija el gobierno regional sería el gobernador o gobernadora, que tendría que ser electo por sufragio universal.

También se acordó la creación de un Consejo de Gobernaciones, presidido por el presidente de la República y conformado por los gobernadores de cada región. Este órgano estaría encargado de coordinar las relaciones entre el Estado central y las entidades territoriales.

El jueves, la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional votó y rechazó en general dos normas, una popular y otra convencional -propuesta por los escaños reservados-, que pretendían consagrar la estructura bicameral del Congreso. En ambas oportunidades, a las iniciativas les faltó un voto para ser aprobadas.

Alondra Castillo (MSC), quien presentó la iniciativa unicameral que logró los votos el 27 de enero dijo: “La comisión decidió mantener la mayoría a favor de Congreso plurinacional, paritario y unicameral, lo que se encuentra en consonancia con el 100% de los cabildos que así lo manifestaron y con el mandato programático popular con el que llegamos a la Convención”.

Por otra parte, la convencional Marcela Cubillos (Vamos por Chile), quien defendió ambas iniciativas sobre la bicameralidad, sostuvo: “Más de 27 mil personas reaccionaron cuando la comisión aprobó eliminar el Senado y sacaron la voz para pedir un Congreso bicameral que garantice un adecuado control del poder y representación regional. Hoy la Convención hizo oídos sordos a esa petición rechazándola y bloqueando su tramitación”.

La iniciativa de María Magdalena Rivera (Exlista del Pueblo) y otros siete convencionales para eliminar los tres poderes del Estado y reemplazarlos por una Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos despertó críticas desde diversos sectores dentro y fuera de la Convención. La propuesta fue rechaza por unanimidad en la comisión de Sistema Político. Incluso contó con el voto en contra de Alejandra Pérez (Exlista del Pueblo), una de las firmantes.

En concreto, la iniciativa proponía una Asamblea que estaría conformada por “600 representantes electos por asambleas territoriales de base por rama de sectores productivos y servicios, comunales, pueblos originarios y suboficialidad de las Fuerzas Armadas” y que “asumirá las funciones Legislativas, Ejecutivas y Judiciales y el mando de las Fuerzas Armadas”.

Antes de que la propuesta fuera rechazada, el presidente electo, Gabriel Boric, compartió un tweet apoyando las críticas de Constanza Schonhaut (FA), y su llamado a no alarmarse con la propuesta. “Que no se siembre el pánico. La propuesta es solo de 8 Convencionales y se vota en comisión de Sistema Político. Como muchos, tiene mi voto en contra porque está fuera de todo el marco democrático que se ha sostenido para el diseño de la nueva constitución”, sostuvo la convencional. Se trata de la primera vez en que el diputado critica un hecho relacionado con el proceso.

Durante la tarde del lunes, la mesa directiva de la Convención citó a todos los colectivos a una reunión después de las 21:00 de ese día. Esta tuvo como objetivo “buscar alternativas para promover consensos y acuerdos”, junto con “revisar el cronograma y la situación de comisiones en general”.

Al recibir el correo, algunos convencionales apuntaron a que la reunión podría tratarse de una instancia para evaluar la posibilidad de solicitar una prórroga al Congreso, para tener más tiempo para la redacción del proyecto de nueva Constitución. Sin embargo, el vicepresidente Gaspar Domínguez (INN) fue enfático en señalar que ese no era objetivo del encuentro. “No está dentro de los puntos considerados en la tabla. Tampoco está dentro de las atribuciones de este órgano. No es el objetivo de la reunión”, aseveró.

Luego de la reunión, algunos de las asistentes valoraron la instancia y señalaron que acudieron para “escuchar lo que nos quiera decir la mesa y las posturas de los distintos colectivos” en relación a la preocupación sobre los tiempos. Domínguez (INN) agregó la reunión tuvo el objetivo de “planificar y discutir de qué manera se puede propiciar lograr estos consensos, discutir mecanismos sobre cómo facilitar el diálogo para llegar a los acuerdos que se requiere”.

El pasado lunes, la comisión de Sistemas de Justicia comenzó con las primeras votaciones en particular de las iniciativas relacionadas a los “Principios de Jurisdicción”. En primera instancia, la comisión aprobó en particular cambiar el nombre de la judicatura por “Sistema Nacional de Justicia”. Para el convencional Mauricio Daza (INN) esta medida “permitiría reconocer que existe un sistema nacional de justicia, junto con sistemas de justicia indígena”. Además, enfatizó que dentro del Sistema Nacional de Justicia habrá unidad jurisdiccional.

En la misma línea, se aprobó el principio de inamovilidad que establece que los jueces y juezas ya no son inamovibles y pueden ser suspendidos, trasladados o removidos de sus cargos. Además, la norma modifica la edad de jubilación de los magistrados, pasando de 70 a 75 años.

Por último, durante la jornada del martes, la comisión aprobó en particular la norma que elimina el rango constitucional de fuero de los jueces. Asimismo, se visó la indicación que establece la responsabilidad de los jueces y juezas por los delitos de cohecho y administración torcida.