Resumen Constitucional: Los hitos que marcaron la semana de la Convención

Esta semana los convencionales deliberaron y votaron por última vez los informes emanados desde las siete comisiones temáticas de la Convención Constitucional, dando forma al borrador que luego deberá pasar por el proceso de armonización.

En ese contexto, este lunes el pleno sometió a votación el último informe de la comisión de Sistema Político, donde se aprobó la desmilitarización de las policías. La norma que pasó al borrador estipula que estas “dependen del ministerio a cargo de la seguridad pública y son instituciones policiales, no militares”. Esta norma afectará principalmente a Carabineros, que actualmente es una institución militar. Sin embargo, de aprobarse la nueva Constitución, deberán asimilar su estatuto al de la PDI que actualmente es la única policía civil.

Los convencionales también dieron el visto bueno a las normas que establecen que las policías deberán “incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión” y que sus integrantes “no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular”.

Este miércoles el hemiciclo deliberó y votó el último informe de la comisión de Derechos Fundamentales, donde se aprobó el artículo 8 sobre el derecho al trabajo decente. La norma establece que “toda persona tiene derecho al trabajo y su libre elección. El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a su desconexión digital, a la garantía de indemnidad, y el pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo”.

Los convencionales también visaron el derecho a la “remuneración equitativa, justa y suficiente”, la prohibición de “toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, humillante o denigrante”, y que el Estado “promoverá la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados”.

Fue rechazada, en cambio, la norma que determinaba la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones y un inciso que apuntaba a entregar prestaciones definidas, lo que por algunos actores era interpretado como un sistema de pensiones de reparto, pero que desde otros sectores señalaban que de igual forma permitiría establecer un sistema mixto.

Durante la misma jornada, la instancia plenaria despachó al borrador un conjunto de disposiciones relacionadas al derecho a la salud. En ese marco, se aprobó que el Sistema Nacional de Salud -ya aprobado anteriormente- podrá estar integrado tanto por prestadores públicos como privados, siendo deber del Estado “velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud”.

Por el contrario, los convencionales dejaron fuera del borrador de nueva Constitución un artículo que permitía la existencia de seguros privados voluntarios “con la única finalidad de complementar o suplementar la cobertura asegurada por el financiamiento del Sistema Nacional de Salud” y, además, una indicación promovida por la derecha que consagraba en la Constitución la objeción de conciencia.

En cuanto al derecho a la educación, el pleno visó el artículo 16, que establece que “todas las personas tienen derecho a la educación” y que ésta es un deber “primordial e ineludible” del Estado. Asimismo, el hemiciclo aprobó la creación de un Sistema Nacional de Educación que será integrado por “los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado” y que será el Estado quien gestione y financie este sistema “de carácter laico y gratuito”.

Además, pasó al borrador el reconocimiento del “rol fundamental de las profesoras y profesores, como profesionales en el Sistema Nacional de Educación”, la libertad de cátedra y que los padres, madres y apoderados poseen la libertad de “elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes”.

Se suman a la propuesta de nueva Constitución también los derechos a la memoria, a la alimentación y a la protección de los datos personales.

Durante la tarde de este jueves, el pleno de la Convención desechó los 14 artículos del informe de segunda propuesta de la comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. Esto, luego de que el 29 de abril pasado los convencionales aprobaran solo una norma de un total de 38.

De esta forma, de dos informes que fueron resultado de la Consulta Indígena que realizó el órgano constituyente en enero de este año, solo quedó en el borrador de la nueva Constitución la norma que establece la identidad e integridad de los pueblos y naciones indígenas, la que fue visada durante la votación de abril.

En cambio, se rechazaron propuestas relacionadas al principio de la plurinacionalidad, al derecho a autoidentificación, al reconocimiento del genocidio indígena, a su herencia cultural, a su soberanía alimentaria, a su derecho al agua, y a los sistemas de salud tradicionales de los pueblos.

Esto se explica, según algunos convencionales que se abstuvieron de votar, porque muchos de los temas presentados en el informe ya habían sido abordados -y visados- por el pleno de la Convención en el marco de otras votaciones. De hecho, ya son parte del borrador un conjunto de normas referentes a la plurinacionalidad, el plurilingüismo, la interculturalidad, el derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas, escaños reservados y el acceso a la justicia, entre otras.

Este lunes la comisión de normas Transitorias de la Convención sesionó por primera vez junto a sus 33 integrantes, cuyo propósito apunta a facilitar el tránsito de la Constitución actual a la nueva Carta Fundamental que elabore el órgano redactor –en caso de ser aprobada en el plebiscito de salida del 4 de septiembre-, y a la vez regulará la implementación de las normas del proyecto de la Carta Magna.

En este sentido, distintas comisiones de la Convención han aprobado en general diversas normas transitorias que serán enviadas a esta última instancia para ser revisadas y aprobadas. Bajo este escenario, entre las normas que aprobó la comisión de Sistemas de Justicia está la que señala que “los nuevos consejeros del Banco Central deberán ser designados dentro del plazo de 30 días, contado desde la entrada en vigencia de la Constitución”.

También se aprobó un artículo transitorio que plantea que en un plazo máximo de seis meses desde que eventualmente entre en vigencia la nueva Constitución, el Presidente de la República convocará a que se constituya una “Comisión Territorial Indígena, cuya obligación y finalidad será desarrollar, impulsar y ejecutar una política de catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución de tierras a los pueblos y naciones indígenas”.