Esta semana, la Convención Constitucional retomó las votaciones tanto en las comisiones como en el pleno. El órgano se acerca cada vez más a tener un consolidado de borrador de nueva Constitución, que será sometido a votación en el plebiscito de salida.

El miércoles, por ejemplo, con 24 votos a favor, ocho en contra y una abstención, se aprobó en particular en la comisión de Derechos Fundamentales el artículo que establece el derecho a decidir de forma libre sobre el cuerpo, la sexualidad y la libre interrupción del embarazo. La iniciativa es parte del segundo bloque de normas de la comisión y tras esta votación está lista para ser discutida y votada en el pleno.

En la misma instancia, se aprobó un artículo que establece que todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral y que es deber del Estado asegurarlo. La coordinadora de la comisión, Janis Meneses (Movimientos Sociales Constituyentes), sostuvo en su defensa que se trata de “un derecho y resulta indispensable para asegurar otros derechos. Como señala una consigna: educación sexual para decidir”.

Del mismo modo, en una maratónica sesión del miércoles la comisión de Derechos Fundamentales votó en particular el articulado sobre “Libertad de emprender y desarrollar actividades económicas”, incorporando nuevas materias, como la promoción de desarrollo de empresas de menor tamaño y protección de consumidores. También quedó establecido que la colusión entre empresas y abusos de posición monopólica serán considerados “conductas contrarias al interés social”.

El martes, también en la comisión de Derechos Fundamentales, se votaron iniciativas respecto a la libertad de expresión y una serie de normas sobre medios de comunicación, las que marcan un cambio sustantivo respecto de lo que establece la Constitución actual sobre este tema.

Respecto a esto, la convencional y periodista Beatriz Sánchez (Frente Amplio) señaló que desde su colectivo consideran como algo central garantizar el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, reconoció que se debe superar “la concepción anticuada que lo reduce solo al derecho a informar sin censura previa y a recibir información”.

También se aprobó -por 18 votos a favor y 15 en contra- una indicación presentada por la convencional Dayyana González (Pueblo Constituyente) que apunta a la prohibición por ley de “la negación o justificación de las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos”.

Frente a esto, la periodista Bárbara Rebolledo (RN-Evópoli-IND) afirmó que, en la práctica, el texto “tiene bien poco de libertad de expresión”, porque la restringe más allá del consenso internacional. En la misma línea, la también periodista Patricia Politzer (Independientes No Neutrales) se mostró contraria a la norma vía Twitter: “No comparto la sanción al negacionismo. A mi juicio, es más eficiente y democrático enfrentarlo con debate público y, sobre todo, educación desde la infancia”, comentó.

El jueves se llevó a cabo la votación en el pleno del informe de la Comisión de Sistemas de Conocimientos. En la instancia se revisaron 30 artículos propuestos, de los cuales 13 fueron aprobados y 17 rechazados. De esa forma, este viernes se discutirán los artículos aprobados en forma particular dentro del pleno.

Entre los artículos aprobados destacan el que consagraría el deber del Estado por velar por el pluralismo de los medios de comunicación y los asociados a los derechos digitales. Entre los rechazados, se encuentran los vinculados al rol del Estado en los medios de comunicación y el que rechaza la concentración de su propiedad. Las normas impugnadas serán devueltas a la comisión para modificar su redacción.

Entre los colectivos de izquierda y centro izquierda de la comisión de Sistema Político, horas antes de que terminara el período para ingresar indicaciones, acordaron un modelo que instalaría un Congreso plurinacional y, en reemplazo del Senado, instalaría un Consejo Territorial.

A diferencia de la actual Cámara Alta, este órgano no tendría atribuciones para revisar todo proyecto de ley. Sus competencias se limitarían a normas de trascendencia regional y de índole presupuestario. Además, los consejeros territoriales serán parte de las asambleas regionales para generar una cooperación entre las regiones y el nuevo Congreso Plurinacional.

La actual presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), se mostró crítica frente a la propuesta. “No creo que una generación pueda arrogarse la potestad de refundar la República construida entre muchas generaciones por más de 200 años”, señaló.

Frente a sus dichos, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (INN), respondió: “Si no es en un proceso constituyente, ¿cuándo nos vamos a dar el tiempo de discutir estas cosas? Me parece válido y muy bueno que estemos dando estas discusiones de manera democrática y me parece muy bueno que la senadora manifieste su posición personal sobre esta materia también”.

Luego de la primera semana de deliberaciones y votaciones en general y particular en el pleno de la Convención, y de cara al plazo que vence el 4 de julio para la entrega de la propuesta de una nueva Carta Fundamental, la mesa directiva del órgano redactor planteó un documento con medidas para acelerar el trabajo en el ex Congreso. Entre estas destacan reducir los tiempos de deliberación y discusión de las y los convencionales, además de proponer los sábados como días hábiles para sesionar.

María Elisa Quinteros (MSC), presidenta de la Convención, explicó que la propuesta surge para “optimizar los tiempos” y que la oportunidad para que todos los convencionales intervengan durante la sesión continuará. Sin embargo, se optó por reducir el tiempo de discusión en particular.

En tanto, respecto de habilitar los sábados -y que los domingos y feriados legales sean los “días inhábiles”-, la presidenta sostuvo que la idea sería para “términos de conteo de días y entregas de informes”, pero “no así para trabajo”.

La discusión se revivió la tarde de este jueves, cuando la Convención inició su quinto pleno para deliberar y votar el primer informe de propuestas presentado por la comisión de Sistemas de Conocimiento. Al comienzo de la jornada, los constituyentes Patricio Fernández (Colectivo Socialista), Agustín Squella (Colectivo del Apruebo) y Benito Baranda (INN) solicitaron una instancia de reflexión frente a las extensas jornadas de trabajo que ha tenido el pleno, que se han extendido por más de ocho horas concluyendo incluso de madrugada.

Además, el constituyente Roberto Vega (Vamos por Chile) ingresó un oficio a la Mesa Directiva para que la Dirección del Trabajo se pronuncie respecto a las extensas jornadas de trabajo del órgano redactor.