Resumen constitucional: Los hitos que marcaron la semana de la Convención

El tema que la semana previa había marcado el debate político se transformó también este lunes en un punto central en la Convención Constitucional: la decisión de la Comisión de Derechos Humanos -mediante un voto político aprobado por 10 de sus integrantes- de excluir al convencional de Vamos por Chile y exalmirante, Jorge Arancibia, de las audiencias públicas de la instancia. Esa determinación, adoptada el 13 de agosto, y que había generado un intenso debate -incluso distanció en sus posiciones al respecto a los abanderados de la oposición, Paula Narváez (PS, PPD, NT y PL) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad)- fue discutida en el seno de la comisión nuevamente este lunes. Finalmente, y luego de que convencionales de Chile Vamos hubieran anunciado que podrían acudir a instancias internacionales para “revertir cualquier afectación a los derechos” del también exedecán de Augusto Pinochet, durante la noche se llegó a un acuerdo: el excomandante en jefe de la Armada no estará en las audiencias en que se escuchará a víctimas de violaciones a los DD.HH. durante el régimen.

Ese lunes la comisión también resolvió modificar una definición adoptada la semana previa en torno a no recibir -bajo el criterio de “no negacionismo” aprobado en la instancia- a la Fundación Jaime Guzmán, la ONG “Acción Republicana”, Confamilia y la Fundación “Cuide Chile”, quienes junto a otras 274 organizaciones habían solicitado participar en las audiencias.

Tras un nuevo debate, se visó -por 15 votos a favor- un cronograma que incluyó a estas instituciones, pero se puntualizó, según explicó la coordinadora de la comisión, Manuela Royo, que en caso de que alguna institución emita algún discurso de odio, se podrá término anticipado a su intervención.

Uniformar los plazos de las 8 comisiones transitorias. Con ese fin, el martes el Pleno de la Convención, con 144 votos a favor, y 6 en contra, aprobó la propuesta de la mesa para que las comisiones de Reglamento, Presupuesto y Ética -que habían iniciado antes su trabajo-, entreguen, al igual que el resto, sus propuestas el 28 de agosto. Sin embargo, se abrió también un plazo de 24 horas para hacer indicaciones, las que se votarán el martes 24 de agosto.

Esa jornada estuvo marcada también por la denuncia presentada ante la Comisión de Ética por la representante comunista, Bárbara Sepúlveda, en contra de convencional de Vamos por Chile y exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, por el emplazamiento que había hecho éste en el pleno al constituyente del PC, Marco Barraza.

“Usted es comunista. Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía. Acá lo está haciendo (es) llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones”, le dijo el pasado jueves luego de que el también exministro lo cuestionara por ausentarse de una sesión de la Comisión de Ética.

Se trata de la tercera presentación que se realiza ante la Comisión de Ética en el poco más de un mes que lleva de funcionamiento la Convención. Antes, la mesa de Elisa Loncon y Jaime Bassa (previo a que la directiva se ampliara a nueve integrantes) fue llevada a la instancia por convencionales de Vamos por Chile (entre ellos Zúñiga) y después Renato Garín ingresó una solicitud contra Rodrigo Logan.

El martes, además, comenzaron las sesiones de comisiones en regiones y la Comisión de Ética estableció la definición de “negacionismo” y la aplicación de sanciones al respecto. Lo anterior debe ser ratificado por el pleno.

Fue un día de definiciones claves.

El miércoles 18 de agosto estuvo marcado por la decisión de la subcomisión de Iniciativas y Normas de ratificar -por 6 votos a favor y 5 en contra- el quórum de los 2/3 para aprobar normas constitucionales que estaba definido en la reforma que regula la Convención. De la mano de lo anterior, se visó también una modificación -propuesta por el convencional Ricardo Montero- para que el citado quórum corresponda a “las y los convencionales en ejercicio” y una indicación de Fernando Atria que establecía que “el mismo quórum se requerirá para la aprobación de nuevas redacciones o de rectificaciones que, de conformidad al párrafo 7º de este Reglamento, se realicen a las normas constitucionales ya incluidas en el Proyecto de Constitución”.

Además, se rechazó una indicación que buscaba crear un mecanismo de plebiscitos dirimentes en caso de que no se alcanzara ese quórum en una respectiva materia, pero ésta sí tuviera la venia de la mayoría de los “presentes y votantes”.

También ese día, pero esta vez en la subcomisión de Organización y Estructura, se dio luz verde a otra norma significativa para la organización de la Convención: se estableció que la mesa directiva será “rotativa” y que todos sus cargos serán reemplazados una vez cumplidos seis meses. Según lo resuelto, quien haya participado de la directiva no podrá integrarla nuevamente. La mesa inicialmente estuvo conformada por Loncon (presidencia) y Jaime Bassa (vicepresidente), y luego se sumaron otros 7 vicepresidentes.

El jueves estuvo cruzado por el debate al interior de la Convención por las “funas” que recibieron convencionales que estuvieron en contra de modificar el quórum de 2/3 para la aprobación de normas constitucionales, entre los que se encontraban, entre otros, Fuad Chahin y Fernando Atria.

El vicepresidente Bassa alertó durante la mañana que “pensar distinto y votar en consecuencia con lo que uno piensa nunca debiera ser objeto de ‘funa’”. En la misma línea, aseguró que “el problema que hay detrás es que hay grupos en la Constituyente, transversalmente, que son muy vociferantes, que amplifican artificialmente las ‘polémicas constituyentes’ a través de las redes sociales y que tratan de presionar para que las mayorías, de las que no forman parte, decidan en una línea más parecida a la que ellos quisieran”.

Más tarde, en la Comisión de Comunicaciones de la Convención se debatió justamente por la difusión de una gráfica en redes sociales con el rostro de los convencionales que votaron en contra. Andrés Cruz denunció que la información había salido desde integrantes de la propia convención.

Ese día, además, expuso ante la Comisión de Comunicaciones Alfredo Zamudio, líder del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo -con sede en Noruega-, que busca intermediar para un proceso de diálogo en La Araucanía.

Frente a los convencionales, Zamudio abordó el proceso de redacción de una nueva Carta Magna y también -consultado al respecto- expuso sobre la determinación que había adoptado la Comisión de DD.HH. de no recibir en audiencia públicas a algunas organizaciones vinculadas a la derecha, como Acción Republicana. “Escuchar para entender, no para aceptar o perdonar o justificar, es importante en un proceso de diálogo. Porque mucha gente dice ‘yo no quiero dialogar con el otro que piensa distinto’ y mucha gente lo dice y es legítimo. Pero nosotros le decimos siempre ‘es una oportunidad para que tú le digas al otro todo lo que tienes que decir’”, señaló el respecto.

En tanto, la Comisión de Ética estableció ese día que los convencionales no puedan tener un trabajo remunerado adicional al que desempeñan en el órgano constituyente, a excepción de quienes lo realicen en el ámbito de la docencia.

Durante esta tarde, y tras la tensión que se había generado en la semana, expuso ante la Comisión de Derechos Humanos el director ejecutivo de Acción Republicana -vinculada al Partido Republicano de José Antonio Kast-, José Carlos Meza. Ahí, el representante planteó que “para nuestra institución la promoción y defensa de los DD.HH es una de nuestras tareas fundamentales” y que “no comprendimos en su momento el intento de censura del cual fuimos parte junto a la Fundación Jaime Guzmán y Cuide Chile. Sin embargo, damos por superado este episodio ya que estamos sentados acá”.

En el marco de su intervención, hubo algunos roces. Carolina Videla (Apruebo Dignidad), le reprochó a Meza por “publicaciones” que éste habría realizado sobre los argumentos que expuso en su momento la PC para aprobar que se excluyera a Arancibia de la instancia.

Citando la mencionada publicación de Acción Republicana Videla leyó: “´La comunista Videla cree suficiente emplear un lenguaje vago para censurar al republicano Arancibia, claramente en los regímenes comunistas bastan los deseos del partido para censurar, detener o matar a una persona. Tal vez por esto Videla se quedó conforme con su pobre discurso”. Y opinó: “me parece que pudo haber sido hacia cualquier convencional, pero me parece que eso provoca un doble discurso (...) Es legítimo que usted lo plantee, pero no porque sea legítimo plantearlo es que sea una realidad. Entonces plantear que yo por soy comunista estoy dispuesta solo por el discurso que me mandate mi partido, salir a matar, me parece grave”.

Meza retrucaría luego: “tenemos el legítimo derecho de cuestionarlo. No solo el comunismo en Chile, no solo el comunismo actual, sino que también el comunismo histórico. Tenemos el derecho a cuestionarlo. Tengo el absoluto y completo derecho por la Constitución que hoy nos protege y espero que así sea y con mayor fuerza sea protegido en el futuro, porque por Dios que hay que tener valentía para venir a pararse en esta Comisión, después de las palabras que yo tuve. Y tengo la absoluta convicción de que usted en este momento, más allá del cuestionamiento que usted hace, no va a pasar cosas más graves, porque yo de mi parte tampoco voy a pasar a cosas más graves”.