Río Tercero, la rebelde ciudad argentina que no le perdona a Menem las fatídicas explosiones de 1995

A las 8:55 de la mañana del viernes 3 de noviembre de 1995, la ciudad argentina Río Tercero fue remecida por tres explosiones en la planta local de Fabricaciones Militares: las dos primeras ocurrieron en la planta de descarga y la tercera, la más grande, en el depósito de expedición y suministros. El estruendo provocó que miles de proyectiles acumulados en la fábrica se esparcieran por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino.

Siete vecinos -ninguno relacionado a la fábrica- murieron a causa de este hecho, más de 300 resultaron heridos y una parte de la ciudad quedó completamente destruida, sufriendo daños millonarios.

A las 17.00 de ese fatídico día, el entonces Presidente Carlos Menem fue al lugar y aseguró que las explosiones habían sido producto de “un accidente”. “Ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra”, le dijo a los periodistas presentes en la ciudad, ubicada a 100 km al sur de Córdoba.

Si bien esa fue la hipótesis inicial de la investigación, donde se argumentaba que la explosión había ocurrido por un desperfecto en la manipulación de un montacarga, con los años se determinó que en realidad todo había sido intencional: la Justicia transandina determinó que las explosiones tenían como intención ocultar el faltante de municiones.

Ayer, tras la muerte del presidente argentino, la Municipalidad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, informó que será la única ciudad del país en no adherirse al duelo de tres días convocado por el Ejecutivo. La ciudad “no va a rendir homenajes” a Menem, porque está “acusado de ser el principal responsable del atentado de las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero”, sentenciaron las autoridades locales de esta urbe de algo más de 50.000 habitantes en un comunicado.

Entre 1991 y 1995, Menem firmó una serie de decretos con el fin de vender armas a Panamá y Venezuela. Sin embargo, por operaciones de triangulación terminaron en Ecuador y Croacia, según recuerda el diario Página/12.

En esos años, Croacia estaba sumida en la guerra de los Balcanes, que enfrentaba a todas las naciones de la ex Yugoslavia y el gobierno argentino había desplegado contingente militar en la zona con el fin de integrarse a una fuerza de paz. Por otro lado, Perú y Ecuador estaban enfrascados en un conflicto limítrofe armado. Por esta razón, la presencia de armamentos argentinos en ambas naciones significaba una crisis diplomática.

El papel de la Fábrica Militar de Río Tercero era recibir armamento argentino con el pretexto de ser “reparado”, pero que desde esa ciudad eran trasladados como contrabando a diferentes destinos. La explosión tenía el propósito de eliminar las pruebas del contrabando. Al momento del estruendo, faltaban entre 24 mil y 49 mil municiones de la fábrica, según la investigación posterior al siniestro.

En el verano de 1995, meses después de la explosión, se empezó a denunciar que armas argentinas habían sido encontradas en los Ejércitos de Croacia y Ecuador.

La investigación descartó la hipótesis inicial de que el estruendo había sido ocasionado por un tambor con trotyl -un material explosivo- que se había prendido con fuego, pues se probó que este material solo puede explotar si es accionado por un detonador, no por fuego directo. Además, según testimonios de empleados, la noche anterior al siniestro hubo personas no identificadas que ingresaron a la fábrica.

La investigación dio cuenta que esta explosión había sido intencional. En 2014, el Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba condenó a 13 años de cárcel por estrago doloso seguido de muerte a tres militares con cargos jerárquicos implicados en la tragedia: Edberto González de la Vega, Carlos Franke, y Jorge Antonio Cornejo Torino. Un tercero, Marcelo Gatto, mayor retirado y jefe de la División Producción Mecánica, fue sentenciado a 10 años de prisión.

El expresidente, sin embargo, había sido beneficiado por la Corte de Apelaciones, por lo que fue absuelto en la causa de contrabando de armas y no fue incluido en el juicio. Sin embargo, en 2017 la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento y dos años después se dictaminó que el 24 de febrero de este año -10 días después de su muerte-, Menem debía ser sometido a un juicio oral público por su responsabilidad en lo ocurrido en Río Tercero, que complementaría el juicio del 2014, pero por su deceso quedó concluido por la Justicia argentina.

“Menem murió en la más absoluta impunidad”, dijo el alcalde de Río Tercero, Marcos Ferrer, a elDiarioAR. El año pasado, cuando se conmemoraban 25 años de la explosión, Ferrer firmó un decreto donde declaró al expresidente como “persona no grata”.

Ahora la ciudad de Río Tercero no verá al exmandatario enjuiciado, pero 12.000 de sus habitantes que demandaron al Estado por daños años morales, psicológicos y materiales esperan aún cobrar unas indemnizaciones que están en proceso de tramitarse, según informa el diario La Nación.

El gobierno local también le pide al actual Presidente, Alberto Fernández (peronista, como Menem) una reparación para la ciudad: una universidad, destaca la cadena BBC. “El crecimiento económico y demográfico se frenó en 1995 por culpa de una acción del Estado. Creemos que el resarcimiento puede ser una universidad”, ha manifestado Ferrer.

“Que Dios los perdone por esa infamia que están cometiendo al acusarlo sin ningún tipo de pruebas ni elementos sobre Río Tercero. Menos mal que no le echan la culpa de las Torres Gemelas”, ironizó el exsenador Eduardo Menem, quien dijo que su fallecido hermano Carlos Menem dejó como enseñanza una construcción de la política donde no prima la “descalificación”.