Rossa Fanning, principal asesor jurídico de Irlanda: “Es importante la participación de expertos en procesos constitucionales, pero su papel debe moderarse”

Rossa Fanning es desde diciembre del año pasado el principal asesor jurídico y constitucional de Irlanda. Como Attorney General, asiste al Consejo de Ministros en su calidad de principal funcionario jurídico del Estado.

Anteriormente fue académico en University College Dublin durante ocho años, donde impartió clases de Derecho Constitucional y Derecho de Sociedades. Y fue invitado como experto jurídico ante la Comisión Mixta del Oireachtas (Parlamento irlandés) sobre la Constitución y la Convención Constitucional en Irlanda.

De visita en Santiago, Fanning participó este miércoles del conversatorio “La Constitución irlandesa y las experiencias de reforma constitucional de Irlanda”, organizado por la Embajada de Irlanda en Chile junto a la Universidad de Talca en Santiago. Asimismo, tomó parte de reuniones enfocadas en las experiencias de la reforma constitucional de Irlanda, incluida la labor de la Convención Constitucional y las Asambleas de Ciudadanos en la última década.

En conversación con La Tercera, Fanning, quien fue parte del proceso constituyente llevado a cabo en Irlanda en el año 2014, analizó los procesos de reforma constitucionales en su país.

¿Por qué se decidió crear una Convención Constitucional para promover reformas? ¿Cuál cree que era el camino para hacerlo?

Para responder a la pregunta tengo que retroceder un poco en el tiempo. La actual Constitución irlandesa data de 1937. En total, desde ese año, ha sido enmendada en 32 ocasiones diferentes. Es relativamente fácil enmendar la Constitución irlandesa en comparación con otros países, ya que se necesita una mayoría simple de las dos cámaras del Parlamento: Dáil Éireann, la Cámara Baja, y Seanad Éireann o Senado. También se necesita una mayoría simple del pueblo, mediante un referendo. En los últimos años, se ha considerado que la Constitución de Irlanda, que data de 1937, reflejaba los valores de esa época y necesitaba ser actualizada de una manera más significativa que simplemente mediante enmiendas individuales. La Convención Constitucional fue establecida por el gobierno como parte de un proceso consultivo para identificar determinadas áreas de la ley, donde quizás la Constitución necesitaba ser refrescada hacia los valores de nuestro tiempo. Y creo que es justo decir que se ha producido un proceso de liberalización de los valores constitucionales en Irlanda en el transcurso de los últimos 20 años. Los ejemplos más obvios en las que la Constitución ha cambiado se refieren a cuestiones en las que el pensamiento anterior estaba quizá más dominado o influido por la fe católica. Por ejemplo, nuestra actitud ante el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la blasfemia y el divorcio. Estas cuatro áreas han experimentado cambios constitucionales en las dos últimas décadas. La Convención Constitucional es simplemente un facilitador, y actúa como un mecanismo por el cual el gobierno puede tomar el pulso o la temperatura del sentimiento público. Y es un mecanismo útil para informar a los gobiernos de sus opciones a la hora de presentar enmiendas constitucionales al pueblo para su ratificación.

Entiendo que en la convención los miembros fueron elegidos al azar. ¿Cómo califica esa forma de selección?

Creo que una respuesta a eso es que ya tenemos una cámara del Parlamento que es elegida directamente por los ciudadanos. Así que en nuestra principal cámara del Parlamento, Dáil Éireann, hay 160 diputados, son elegidos directamente. La Convención Constitucional se hizo de otra manera y, en efecto, su composición se eligió al azar de la lista electoral. Pero, por supuesto, la gente tenía que dar su consentimiento para participar. Y la idea era que, en lugar de contar con personas políticamente interesadas o políticamente activas, funcionaría con mayor precisión como reflejo de la sociedad en su conjunto si no se limitaba a elegir a un grupo de activistas.

¿Cómo evalúa la participación de los partidos políticos en este tipo de procesos?

En teoría, los políticos que son elegidos por los votantes, son los representantes apropiados para debatir el cambio constitucional. Pero la ventaja de la Convención Constitucional irlandesa fue que sacó algunas de estas cuestiones fuera de la política partidista, y permitió a la gente corriente, que no estaba involucrada de ninguna manera en la política, ofrecer una opinión o una perspectiva. Y hemos reutilizado versiones de este mecanismo por motivos distintos del cambio constitucional. Así, en las últimas dos o tres semanas el gobierno ha creado una asamblea de ciudadanos para estudiar la cuestión de cómo el Estado regula las drogas. En este momento, tenemos una actitud de criminalización de las drogas bastante dura para todas ellas, tanto las drogas duras como las drogas blandas. Existe la opinión de que ciertas drogas, como la marihuana, no deberían criminalizarse del mismo modo que la heroína, quizás. Pero todos estos temas son legítimamente objeto de debate. Y el gobierno decidió que, como paso previo a considerar si era apropiado algún cambio legal, una buena forma de tantear la temperatura de la opinión pública sería establecer una Asamblea de Ciudadanos que funcionará de forma muy parecida a la Convención Constitucional, aunque no habrá cambios constitucionales, pero podría haber cambios legislativos al final del proceso.

¿Cuál ha sido la respuesta del público ante este tipo de iniciativas?

Mi sensación fue que mucha gente (se sentía) un poco como en el servicio de jurado en un tribunal, y tenía un tremendo sentido de orgullo cívico cuando se les llamaba a servir y servían diligente y concienzudamente. Las reuniones se celebraban en un hotel cercano a Dublín al que podía acceder gente de todo el país. Irlanda no es un país muy grande, y recuerdo que los gastos de viaje y alojamiento fueron pagados. Además, la Asamblea de Ciudadanos se reunía normalmente los sábados para facilitar la participación de las personas que trabajaban durante la semana. Pero mi sensación de sus deliberaciones fue que había un nivel muy alto de compromiso y que las personas que formaban parte de ella sentían que estaban desempeñando un papel público muy importante. Lo que decidían o recomendaban nunca estaba garantizado que se convirtiera en ley, pero tenía el efecto de influir en la agenda política de una manera muy significativa, de tal forma que las recomendaciones de la Convención Constitucional muy a menudo daban al gobierno un impulso para introducir legislación y decir: “Miren, si no les gusta, esto es lo que recomendó la Convención Constitucional. Por eso ofrecemos al pueblo la oportunidad de votar sobre esta cuestión”. Así que la Convención Constitucional proporcionó una base política, un impulso político para algunos de los cambios constitucionales que se han producido en Irlanda en los últimos 10 años.

¿Cuál es su opinión sobre la participación de expertos? ¿Son importantes para llevar adelante estos procesos?

Es importante que los expertos participen en el proceso, pero su papel debe moderarse cuidadosamente. Si la Convención Constitucional está dominada por expertos, es posible que las opiniones de la convención reflejen más las de los expertos que las de los ciudadanos. Así que si hay expertos, es importante que haya equilibrio entre ellos y que existan personas que articulen diferentes perspectivas y no prime sólo una. Y también es importante que no dominen el debate de tal manera que excluyan el pensamiento de los miembros ordinarios de la convención. Pero creo que, sobre todo en áreas complejas o técnicas, los expertos pueden ofrecer un punto de vista que informe y eduque a los ciudadanos de a pie que son miembros de la Convención.

¿Cuáles son las lecciones que se pueden extraer del proceso irlandés?

No me gusta decirle a cualquier otro país cómo llevar sus asuntos, pero lo que diría es que en Irlanda, en términos relativos, tenemos un sistema estable, constitucional y democrático. Y creo que nuestra estructura constitucional es una de las principales razones de ello. Es relativamente fácil modificar la Constitución irlandesa, que ha sido actualizada en numerosas ocasiones. Así que muchas de las instituciones políticas han conservado el apoyo popular y respetan al gobierno y al Tribunal Supremo, porque en última instancia el pueblo sí entiende que conserva una soberanía residual y que puede cambiar el rumbo de Irlanda a través de un referendo popular.