Se le acorta el tiempo a Rutherford: Suprema le da solo seis meses para indagar fraude en el Ejército

Como la “Ley Rutherford” fue bautizada la iniciativa legal que que permitió, en 2020, que la visita de la ministra Romy Rutherford se extendiera por dos año más y así lograr avanzar con la investigación que lleva, desde 2016.

Sin embargo, antes que finalizada el plazo, una indicación del diputado PS Leonardo Soto permitió una extensión más, a través de la ley aprobada para “enfrentar la situación judicial luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública” por el Covid-19. En la normativa se le entregaba la facultad a la Corte Suprema para renovar por dos años más el plazo investigativo para la magistrada que ha procesado a los últimos cinco comandantes en jefe del Ejército: Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez.

El máximo tribunal prefirió, en marzo de este año, entregarle una nueva prórroga a Rutherford, pero solo por un año, dejando la puerta abierta para otros doce meses, a partir del 2 de marzo del 2023. En la causa de la magistrada hay miles de documentos, cientos de tomas de declaraciones y más de 40 aristas por el uso fraudulento de los recursos de la institución castrense.

Vencido el plazo y, ad portas de que termine el año, el pleno del máximo tribunal resolvió sobre el camino de Rutherford en la causa, tomando una sorpresiva decisión para los intervinientes en el caso: extendió la visita de la ministra en la causa, pero solo por seis meses, y no por un año, como le permitía la ley.

La solicitud para extender la visita de Rutherford fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quienes pidieron que la jueza tuviera un año más para liderar las pesquisas. Pero, la Corte Suprema resolvió otra cosa: “Que atendido lo solicitado por el Consejo de Defensa del Estado y teniendo en consideración la extensión de la investigación, su complejidad, envergadura y volúmenes, se estima pertinente hacer uso de la facultad conferida con ocasión de la modificación legal antes mencionada y renovar, por última vez, la designación de la señora Rutherford, por el término de seis meses a contar del día 2 de marzo de 2023″.

La decisión, sin embargo, no fue unánime. De los 15 ministros, seis estuvieron por prorrogar la designación de Rutherford, “a fin de asegurar el éxito de la investigación”, por un año: Juan Eduardo Fuentes, Haroldo Brito, Ricardo Blanco, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y Sergio Muñoz.

Sobre este último, en la resolución de la Corte, se deja constancia que Muñoz previene que “conforme lo expresa la investigadora, existen 74 informes solicitados a la Policía de Investigaciones, institución que fijó en ocho meses el término que demorará en evacuarlos”, además que la magistrada “ha dado muestras de dedicación en su cometido y, por lo mismo, permitirá dejar con un mayor avance la investigación”. A pesar de su advertencia, el máximo tribunal se mantuvo en los seis meses.

El diputado Soto tiene una crítica mirada sobre lo resuelto por la Suprema. “A mi juicio, se le está tratando de poner presión a la investigación de la ministra, en torno a que pueda ir cerrando las causas sobre la gran corrupción militar que descubrió en el Ejército. Con esta decisión se puede entender que quieren el pronto cierre de la causa, donde lo más pertinente es que se avance en condenas, usando el plazo que le entrega la ley. Es una mala señal”, dijo.

Por el momento, el caso de la ministra Rutherford sigue avanzando y, ahora, contra reloj, pues desde ahora tiene nueve meses para seguir con las pesquisas que apuntan a millonarios desfalcos en el Ejército. Aunque a la jueza podría quedarle una posibilidad más: el CDE tiene la posibilidad de presentar una reposición, algo que podría definirse durante las próximas semanas.