El senador y timonel de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, lo ha afirmado una y otra vez en la última semana. “Hemos definido presentar ante el Tribunal Supremo una medida cautelar de suspensión de militancia (contra la diputada Catalina Pérez) mientras duren las investigaciones (por el caso Democracia Viva), y será esta instancia quien lo deberá acoger”, anunció hace poco más de una semana.

No suficiente con dicha afirmación, lo reiteró hace algunos días en entrevista con T13 Noche. “Pedimos al Tribunal Supremo suspender su militancia y que se ponga a disposición (del dicho órgano)”, dijo el miércoles.

Incluso, y durante la jornada en que la directiva presentó una querella en Fiscalía contra quienes resulten responsables por el posible caso de corrupción que impacta al oficialismo, el presidente de la colectividad fue más allá. “Se suspendió la militancia de Catalina Pérez”, sentenció.

Pero tras conocerse la definición respecto de la expulsión de la expareja de Pérez, Daniel Andrade, y del exjefe de gabinete de la parlamentaria y exseremi de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta, Carlos Contreras, asomaron las primeras interrogantes -y molestia respecto del TS- en las filas de RD sobre del estado de la militancia de Pérez, dado que el comunicado público no hacía referencia a la representante por Antofagasta.

Así, tras la reunión de las tiendas oficialistas de los días viernes en la sede del Partido Socialista (PS), el senador por Valparaíso intentó despejar esas dudas.

“Respecto a las otras causas, están en proceso, porque son causas distintas, se presentaron de manera distinta y en el caso de la diputada Catalina Pérez, se solicita como medida cautelar la suspensión de su militancia mientras se investiga el caso”, puntualizó.

Y agregó: “Son causas distintas, tienen tiempos distintos, el Tribunal Supremo tiene un periodo de evaluar la admisibilidad y luego toma su caso y puede resolver. Pero son momentos distintos, se presentaron en momentos distintos también”.

Sin embargo, al menos tres fuentes distintas de RD afirman que el requerimiento -al cierre de esta edición- no ha sido presentado al órgano revisor de causas partidarias.

Desde el entorno de la misma diputada Pérez confirman que la parlamentaria no ha sido notificada -para preparar su réplica- sobre una solicitud de sanción establecida en los estatutos del partido.

En el Tribunal Supremo solo se limitan a señalar que la vocería oficial de la crisis está en manos de la directiva nacional. Sin embargo, en privado, algunos dan a entender que durante la sesión que tuvo lugar la noche de este jueves sólo se discutió respecto de los requerimientos ingresados. Es decir, únicamente sobre la solicitud de expulsión respecto de Andrade y Contreras.

En ese documento, que conoció La Tercera PM, se hizo referencia al estrecho vínculo personal entre Pérez, Andrade y Contreras.

“Esta foto (se adjunta una fotografía de los tres) ha aparecido en diversos medios. Se trata de una publicación de la cuenta de Instagram de Daniel Andrade. En ella se aprecia al centro a Daniel Andrade, y justo a la derecha a Carlos Contreras. Al pie se lee ‘Una escapadita a Antofagasta con gente querida <3′. Como se señaló más arriba, los convenios se hicieron con la Seremi de Antofagasta, para ser ejecutados en esa región donde también vive Carlos Contreras; mientras que Daniel Andrade residía y trabajaba en la ciudad de Santiago. En efecto, la relación de amistad personal entre Carlos Contreras y Daniel Andrade no solo se prueba con dicha publicación, sino que además será probada mediante testigos, pues se trata de un hecho de público conocimiento dentro del partido”, se lee en la denuncia presentada por el secretario ejecutivo de la colectividad, el abogado Edson Dettoni.

Pero sobre el caso particular de Pérez, quienes conocen los motivos que han retrasado el escrito de la directiva nacional, obedecería a que estatutariamente -y debido a su fuero parlamentario- la diputada no figura como imputada en la investigación y que la redacción de dicha solicitud aún está bajo revisión legal. De todas formas, la legisladora se ha automarginado de reuniones de la bancada de diputados y de las citas de consejo político nacional.

Así, una de las causales para validar la suspensión contra un militante, acorde el estatuto de RD, se refiere a “encontrarse siendo imputado/a ante los tribunales con competencia en lo penal establecidos por la ley por un delito que merezca pena aflictiva, desde la primera actuación en su contra, hasta que la sentencia que declare la culpabilidad del imputado/a quede ejecutoriada”.

El mismo estatuto dispone de cinco sanciones ante faltas debidamente descritas: amonestación pública verbal o escrita, inhabilitación temporal para optar a cargos institucionales internos, inhabilitación perpetua para optar a cargos institucionales internos, suspensión temporal de la afiliación a partido y expulsión del mismo.

Consultado el senador Juan Ignacio Latorre sobre las afirmaciones que hizo previamente sobre una supuesta suspensión de la diputada, declinó responder. Sin embargo, desde la directiva se transmitió que la dilación en el ingreso del escrito obedeció a que se le dio a la diputada Pérez tiempo para colaborar y aportar antecedentes, pero sin resultados. Con eso en vista, confirman que -ahora sí- se procederá a ingresar el requerimiento al TS en las próximas horas.

Desde el equipo de Pérez replican que hay disposición a la colaboración, pero no a una “falsa confesión” de culpabilidad -dicen- en medio de un proceso judicial.