“Si Carlos Montes llega a caer por el lío de Revolución Democrática, no se sostendría la permanencia de Giorgio Jackson en el gabinete”. Así resume un personero de gobierno la sensación que se ha instalado en las últimas horas en el oficialismo a propósito de la crisis por los convenios entre el Ministerio de Vivienda y fundaciones ligadas al Frente Amplio.

Ante la ofensiva que ha escalado la oposición y que apunta a exigir las renuncias tanto del ministro de Vivienda como de su par de Desarrollo Social, en el gobierno admiten que los destinos de Jackson y Montes están íntimamente ligados.

El Partido Socialista, donde milita el titular del Minvu, ha sido categórico en mensajes que han transmitido directamente a La Moneda: el titular de Vivienda no puede pagar los platos rotos de una crisis que explota justamente a partir de millonarios convenios firmados entre una fundación ligada a Revolución Democrática y el Serviu de Antofagasta. Contratos que fueron suscritos por el ahora renunciado seremi Carlos Contreras -exjefe de gabinete de la diputada de esa colectividad, Catalina Pérez- y la ahora expareja de la legisladora Daniel Andrade.

En el partido liderado por Paulina Vodanovic -más allá de voces como las del senador Fidel Espinoza- la definición ha sido salir a blindar a Montes. De hecho, el lunes la bancada de diputados se reunió con él en un gesto de apoyo a su gestión, la que no ha estado exenta de cuestionamientos y flancos. En primer lugar, se le acusa de haber tenido nulo control de sus subordinados al no haber tenido conocimiento -como ha señalado- del entramado de Antofagasta, pese a que la entonces subsecretaria Tatiana Rojas recibió por correo una denuncia al respecto el 2 de mayo. Asimismo, según el DF Más, el propio Contreras había encargado 18 días antes una auditoría interna en la Seremía, la que -según Montes- tampoco habría llegado a sus manos.

A eso se sumó que el ministro tuvo que salir a anunciar una investigación sumaria el pasado domingo en El Maule, por la otra arista del caso, que involucra a la fundación Urbanismo Social. Ahí tuvo que contener un flanco que había abierto el propio Presidente Gabriel Boric al defender con nombre y apellido al seremi Rodrigo Hernández, quien aseguró haberse inhabilitado de la adjudicación de recursos al organismo en que antes había trabajado, acción que luego se conocería hizo posterior a que la determinación se zanjara.

Por todo eso, y además porque algunos en la oposición consideran que Montes no denunció ante la fiscalía oportunamente los antecedentes de los que tuvo conocimiento, es que en algunos sectores de la derecha se ha abordado la opción de impulsar una acusación constitucional en su contra. Sus dichos de esta mañana ante la Comisión de Vivienda del Senado, donde apuntó a que “todos los gastos que están cuestionados vienen del gobierno anterior”, no ayudaron, recalcan en Chile Vamos, desde donde sostienen que le podría “costar caro”. Pero en el gobierno insisten en que sería totalmente injusta su posible salida y así lo han transmitido a la derecha por distintas vías.

En La Moneda recuerdan que Montes es un político con larga trayectoria, que ha demostrado ser “probo” y que entró al gobierno de Boric a aportar una mayor diversidad y experiencia a su administración, por lo que asumir costos políticos por un presunto caso de corrupción que tiene origen en el Frente Amplio sería leído como una verdadera traición.

Las mismas fuentes señalan que el secretario de Estado estaba por retirarse de la vida política cuando decidió colaborar con la campaña presidencial del Mandatario para evitar la asunción de José Antonio Kast y que su inclinación por asumir en un ministerio como el de Vivienda apuntaba, justamente, a aportar desde una cartera que, en general, no es demasiado controvertida. “Estoy viejo”, dijo cuando lo sondearon para cargos más expuestos, como el de Segpres e Interior.

En ese sentido, en el gobierno recalcan que hay que “cuidar a Montes” en esta crisis y que, por lo mismo, no cederán ante las peticiones de renuncia de la derecha. En este escenario, de hecho, el propio Presidente ha dado señales en respaldo del secretario de Estado. “El ministro Carlos Montes cuenta con toda mi confianza. El ministro Carlos Montes va a seguir adelante, no solamente encabezando la transparencia en el ministerio, sino que va a seguir adelante con el plan de emergencia habitacional”, dijo Boric el jueves pasado.

Pero en caso de que se llegara a configurar un escenario en que el socialista tuviera que dejar el gabinete, en el Socialismo Democrático recalcan que el PS no dejará que Montes caiga solo.

Más allá de la ofensiva de la derecha, en sectores del Socialismo Democrático existe preocupación e incomodidad por la forma en que el Ejecutivo ha abordado el tema. Esto, porque acusan que los ministros del comité político no han tenido un rol activo para contener la crisis, y que ha sido más bien “reactivo”. En ese sentido, también lamentan que La Moneda no haya armado un equipo especial para enfrentar el escándalo.

Por lo mismo, algunos en esa coalición oficialista creen que si el tema sigue escalando deben hacerse valer más responsabilidades políticas, de lo contrario, “se hundirán todos”. El problema, reconocen las mismas fuentes, es la falta de “cuadros” en caso que se requiera un cambio de gabinete.

El ministro Montes respondió sobre su continuidad en el gabinete este martes. “Tengo una misión en el gobierno, el Presidente me ha dado objetivos, tareas y desafíos. Han aparecido estos hechos que obligan a responder, porque es lo que corresponde, y voy a seguir en el ministerio mientras el Presidente así lo determine, voy a seguir cumpliendo las tareas (...). Yo no voy a renunciar, el Presidente es quien define hasta el día en que yo estoy”, afirmó.

Una denuncia realizada el lunes por la senadora Yasna Provoste (DC) complicó, inesperadamente, aún más la posición del ministro Giorgio Jackson respecto de la crisis de los convenios. Si la oposición ya había pedido su cabeza por ser el fundador de Revolución Democrática -partido que se ha convertido en el epicentro del presunto caso de corrupción que indaga el Ministerio Público-, ayer la legisladora por Atacama sumó otro elemento: denunció irregularidades en la seremi dependiente de Desarrollo Social en esa zona en la asignación de recursos a la Fundación Visible.

Pero ayer otro factor también generó inquietud en el círculo del secretario de Estado. Según publicó el diario La Segunda, un informe solicitado por la directiva de RD, aún a cargo de Juan Ignacio Latorre, detectó que el esquema irregular de Antofagasta se había intentado replicar -aunque sin éxito- en otras regiones del país.

Todo eso, dicen en el Congreso, configura un escenario fértil para ir tras Jackson. Un ambiente que ya perciben en el gobierno en la sede del Legislativo, donde el propio ministro se desplegó esta mañana. De hecho, el secretario de Estado se reunió esta jornada en el Parlamento con la senadora Provoste.

“Esto está en el ADN más profundo del gobierno, en la génesis de este gobierno, donde Giorgio Jackson, sin lugar a dudas, es uno de los personajes más relevantes, se configuran casi como inseparables con el actual Presidente de la República, pero quizás desde esa misma perspectiva, tratando de evitar el desangre que está significando esto para el gobierno, yo creo que se tiene que marcar un antes y un después y probablemente esa figura política es la más relevante para generar un entendimiento, una comprensión de que efectivamente esto va en serio, de que hay un aquilatamiento, una convicción de que se tiene que hacer un cambio de rumbo y sin lugar a dudas si se hace un cambio de equipo sería una buena señal”, dijo hoy el timonel de la UDI, Javier Macaya, quien ayer también cuestionó la gestión de Carlos Montes y apuntó a su salida del cargo.

En la oposición, pero también en sectores del oficialismo, hay varios que le guardan cuentas a uno de los hombres de confianza del Presidente. Sobre todo, porque fue la cara visible del discurso de que su coalición tiene una “escala de valores superior” a sus antecesores, como dijo en agosto de 2022. Por lo mismo, en esos sectores reconocen que el costo asociado a pedir la salida de Jackson es prácticamente nulo y, de hecho, ya hay sectores de Chile Vamos que han advertido al gobierno que deben hacer ajustes si no quieren que el desangre sea a cuentagotas.

En La Moneda, hasta ahora, la definición es la que ha delineado el Presidente públicamente: que esto no se puede transformar en un festival de renuncias y que lo relevante es esclarecer los hechos y viabilizar soluciones sostenibles para evitar que estos casos se repitan.

“No vamos a entregar a ninguno”, dicen en el Ejecutivo, advirtiendo que pese a la gravedad de los hechos que se han conocido no se puede cobrar responsabilidades políticas a autoridades nacionales cuando las eventuales irregularidades fueron cometidas por funcionarios de tercera línea.

Asimismo, en el gobierno destacan que el estándar de la derecha no ha sido el mismo en el pasado y que, por lo tanto, no pueden exigirle a esta administración algo que ellos no hicieron.

En el equipo del ministro, en tanto, destacan que respecto del caso de Atacama ya viajaron funcionarios de la cartera para recabar antecedentes de la presunta irregularidad denunciada por Provoste. Entre ellos se encuentran Claudia Rocha, jefa subrogante de la unidad de auditoría interna; Catherine Peirano, de la fiscalía de Mideso y a cargo del comité de convenios, y Carlos González, jefe de la División de Administración y finanzas Subsecretaría Servicios Sociales.

“Estos convenios son evaluados, adjudicados, desarrollados y firmados a nivel regional, tal como consta en las delegaciones de facultades que existen desde hace varios años. Es así que en caso de determinarse que hubo alguna irregularidad, se definió que se tomarán las acciones administrativas que correspondan. Esta comisión enviada a Atacama funciona en paralelo a la instrucción presidencial y de Interior de levantar la información sobre los distintos convenios que mantiene el Estado desde el año 2017″, señalaron desde Mideso.

Tras la cita con Jackson, la senadora Provoste, en tanto, destacó la disposición del ministro. “Valoramos el que el ministro Jackson haya tomado con celeridad el indagar y, como él lo ha dicho y tengo confianza en sus palabras, en que aquí va a haber un control estricto, severo, para que no se siga afectando la fe pública respecto de lo que es la buena utilización de los recursos del Estado a programas, además, que son altamente sensibles, como aquellos que están dirigidos a personas en situación de calle”, dijo la legisladora.

En la oposición, adicional a todo lo anterior, también ven con preocupación la información dada a conocer este martes por Ciper, donde se apunta a una transferencia de recursos desde el Estado a una fundación ligada al partido del Presidente, Convergencia Social. Según un reportaje de ese medio, la fundación Territorios Colectivos recibió el 15 de mayo pasado una subvención de $ 75 millones, dineros que habrían terminado en la comuna de Juan Fernández, zona representada por la core de ese partido, Nataly Campusano, quien -a su vez- fue directora de incidencia de esa organización.