Siguen las pugnas en la Usach: Contraloría no toma razón del nuevo estatuto y aviva controversia interna por el proceso de redacción

La Universidad de Santiago de Chile parece no salir de las polémicas. Al nombramiento como secretaria general de una funcionaria con antecedentes por hurto y una pugna por la elección del nuevo decano de Derecho, la Usach ahora mira cómo un nuevo problema toca su puerta luego de que la Contraloría General de la República (CGR) no diera curso al trámite de toma de razón del decreto sobre el nuevo estatuto orgánico de la casa de estudios, el que aglutinaba las normas generales, deberes y obligaciones de toda la institución. Lo anterior tiene, nuevamente, el ambiente enrarecido en la organización que lidera el rector Rodrigo Vidal. Y con serios cuestionamientos.

“Las prácticas opacas de modificación del borrador se iniciaron en la rectoría pasada y continuaron con la actual”, dicen miembros de la comunidad usachina.

Para entender la historia hay que remontarse al 5 de junio de 2018, día en que se promulgó la nueva ley de universidades del Estado, que facultaba a las universidades a modificar sus Estatutos Orgánicos (EO). Con esta se buscaba modificar los estatutos que las casas de estudio estatales tenían desde los tiempos de la dictadura, para adecuarlos democráticamente.

Así, en el caso de la Usach, cuyo estatuto está vigente desde 1981, sus autoridades de la época establecieron que un comité electo democráticamente definiera el procedimiento de modificación y la forma en que esto se realizaría. Esa instancia fue compuesta por administrativos, académicos y estudiantes. Su primera sesión fue el 29 de abril de 2019.

Pero a medio andar llegó el estallido social y posteriormente la pandemia, lo que pausó el trabajo hasta mediados de 2020, para a fines de ese año finalmente sistematizar las propuestas, que alcanzaron 142 opciones para ser votadas, algo que luego el Consejo Académico redujo a 44. Ahí, según han ido advirtiendo personas que participaron del proceso, se incorporaron opciones que no habrían velado por la voluntad de la comunidad y se habrían añadido las definiciones que justamente hoy están siendo cuestionadas por la CGR, lo que en su momento llevó a una serie de llamados a no participar del plebiscito de aquél entonces, el que igualmente terminó con la Dirección Jurídica de la época redactando un primer borrador de nuevo estatuto. Éste fue presentado al Ministerio de Educación, desde donde se pidieron una serie de moficaciones.

Como sea, lo cierto es que el estatuto finalmente fue presentado a Contraloría a través del Decreto con Fuerza de Ley N°29 del 27 de diciembre de 2023, casi al mismo tiempo de un acto en La Moneda en que incluso el Presidente Gabriel Boric daba relevancia al paso que estaban dando las universidades estatales, en una ceremonia junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo; el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana; y diversos rectores.

Sin embargo, en paralelo el estatuto de la Usach desde un inicio fue cuestionado por diversos actores de la comunidad universitaria, entre ellos, por ejemplo, la Asociación de Funcionarios Académicos, que le hizo saber sus aprehensiones a la propia contralora (s) Dorothy Pérez a través de un escrito a inicios de este año.

Y así, luego de analizar la propuesta, el pasado 2 de agosto la CGR emitió su dictamen N° E522693 mediante el cual informó que no dio curso al trámite de toma de razón del decreto. Esto desató la molestia y preocupación de una parte no menor de miembros de la comunidad.

“Luego de efectuado el examen respectivo, este Órgano de Control no ha dado curso al acto en trámite, conforme a lo prescrito en los artículos 64, inciso sexto, y 99, inciso segundo, de la Constitución Política, según los cuales debe representar los decretos con fuerza de ley cuando sean contrarios a la Carta Fundamental o excedan o contravengan la ley delegatoria”, se lee en el dictamen de la contralora (s) Pérez.

Al respecto, al ser consultado por su lectura sobre el no curso de la toma de razón y a qué lo atribuye, Eduardo Pérez, director jurídico de la Usach, dice que la CGR, “en ejercicio de sus funciones legales, habitualmente plantea observaciones a los diversos textos o documentos que los distintos órganos del Estado le remiten para su toma de razón. Esta es una práctica muy habitual y constituye sustancialmente un intercambio técnico y normativo entre la Contraloría y los órganos del Estado”,

Esto, a su vez, fue leído por parte de la propia Asociación de Funcionarios Académicos como una victoria, quienes a través de un correo electrónico le informaron el 27 de agosto a sus miembros que la CGR había “rechazado la propuesta toda vez que a través de dicho texto se eternizaban normas discriminatorias en contra de los académicos por hora”.

“Según la Contraloría, en los artículos 67 y 68, en que se regulaba la figura de académicos por hora, no se aseguraba su acceso a la carrera funcionaria (consagrada en el artículo 38 de la Constitución) ni se ajustaba a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley 21.094 sobre universidades estatales, que tratan sobre el régimen jurídico del personal académico”, sumaban, antes de añadir que “frente a esta decisión, la Usach deberá presentar una nueva propuesta de estatuto que no contenga normas discriminatorias en contra de los profesores por hora”.

El tema, según leen otros miembros de la comunidad, es que hoy no habría posibilidad de reiniciar el proceso de nuevo estauto por el mismo plazo que la Ley 21.094 señala, lo que ha provocado el descontento de decanos y otras autoridades, quienes aseguran que esta es la primera vez que le ocurre algo así a una universidad estatal, lo que ha sido visto como un mazazo para el rector en medio de sus recientes semanas complejas, lo que, añaden otras fuentes, incluso le habría costado el puesto a Francisco Zambrano, exsecretario general y hombre de confianza de Vidal.

Sin embargo, el director jurídico de la Usach dice al respecto que el artículo primero transitorio de la ley de universidades estatales establece que la ley entrará en vigencia en el momento de su publicación. Y que para los efectos de adecuar los actuales estatutos de las universidades del Estado a las disposiciones de esa ley que así lo exijan, las universidades debían proponer al Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Educación, la modificación de sus respectivos estatutos dentro del plazo de tres años (plazo que fue prorrogado por un año), contado desde la entrada en vigencia de la ley 21.094. “En este orden de consideraciones, correspondía a la Usach proponer dentro del plazo establecido en la ley -4 años desde el 5 de junio de 2018-, la adecuación de sus estatutos, lo que hizo, cumplida la obligación legal, se mantienen vigentes la normas estatutarias y reglamentos internos que actualmente le son aplicables, hasta que no entren en vigencia los nuevos Estatutos”. Dice, por tanto, que la Usach “cumplió el plazo legal”.

Por lo anterior, asevera, como en este caso se está ante un intercambio técnico e institucional entre la Contraloría y el Poder Ejecutivo, y en este caso concreto con la Subsecretaría de Educación Superior al ser este ente el que remite a la CGR el decreto con fuerza de ley que establece el estatuto, es esa subsecretaría “la instancia competente para corregir o perfeccionar técnicamente las disposiciones observadas”. Y cierra: “Siendo así, a la Usach solo le cabe estar atenta y disponible para absolver las consultas técnicas que la citada subsecretaría estime del caso efectuarle, y será esa misma subsecretaría la que finalmente evalúe y decida el tenor y contenidos técnicos de su respuesta a las observaciones planteadas por la Contraloría”. Hasta el cierre de esta edición dicha subsecretaría no se había pronunciado al respecto.

Tanto interés ha suscitado el tema al interior de la Usach que ha sido tema de debate y conversación, informales y formales. Por ejemplo, en el último consejo extraordinario de la Facultad de Derecho, al que asistió el rector Vidal, el tema se tocó, donde según el acta a la que tuvo acceso La Tercera la máxima autoridad universitaria planteó que en un principio le parecía que habían temas de forma para que el estatuto no fuera tomado de razón, pero que por el tiempo le parece que podían ser de fondo, asegurando que la Universidad de Santiago no debería llegar a fiestas patrias sin estatuto, ante lo cual le señalaron que se debería fijar una fecha límite para esperar esto.