Sin permisos sabáticos y reducir un 20% los honorarios: las agresivas medidas de la U. de Magallanes para enfrentar su crisis financiera

La Universidad de Magallanes (Umag) no es la única ni la primera que enfrenta un complejo escenario financiero en Chile, pero sí uno de los casos más nuevos de los que se tiene conocimiento y que se hace más relevante aún considerando que se trata de una institución del Estado. La preocupación tanto en la comunidad universitaria como en las instituciones que la supervisan es evidente al tener a la vista que la Umag tiene hoy una deuda de $ 11.551 millones de pesos, lo que ha llevado a sus directivos a tomar recientemente medidas que buscan ahorrar dinero.

“La Universidad de Magallanes se encuentra implementando un Plan de Sostenibilidad y Modernización, cuyo objetivo es encarar el presente y el futuro bajo condiciones económicas complejas que hoy imperan en todo el sistema público estatal chileno y, particularmente, la nuestra”, decía el comunicado que bajó desde el equipo directivo a la comunidad universitaria.

Y así, la Umag informó del agresivo plan de acción a través de una resolución fechada el 31 de julio y titulada “Oficializa medidas académicas de sostenibilidad financiera para el segundo semestre de 2024 en la Universidad de Magallanes, como se indica”.

En él primero justifica que “es imperativo garantizar la sostenibilidad financiera de la institución para lo cual se han desplegado diversas medidas en los ámbitos académicos, administrativos, de gestión y estructura universitaria”, argumentando además que se requiere una redistribución “eficiente” de las cargas y un control “riguroso” de los gastos en docentes a honorarios.

“Para la asignación de cargas académicas, se deberá preferir a los académicos a contrata y planta por sobre los docentes en calidad de honorarios”, es la instrucción.

Las medidas, básicamente, cambian el reglamento de carga académica y algunas jerarquías suben sus horas de docencia presencial, lo que atañe directamente a los honorarios, a quienes se les reducirá la carga de docencia.

“Los académicos de jornada completa deberán justificar una carga semanal de 44 horas cronológicas, distribuidas en actividades académicas de acuerdo a su jerarquía”, se lee en la resolución, poniendo además horas de actividad académica de docencia mínima a profesores con jornadas parciales. Pero, a su vez, se anuncia el descuento de horas cronológicas semanales totales de docencia según asignatura o número de estudiantes.

Las asignaturas de tesis, titulación y postgrados también sufren modificaciones. “La asignación máxima de horas que se asimilen a docencia directa por este concepto no podrá superar las 6 horas cronológicas semanales”, se lee.

La resolución del rector José Maripani, además, modifica ciertos aspectos de perfeccionamiento y capacitación, así como suspende los períodos sabáticos y su postulación “con el objetivo de priorizar la sostenibilidad financiera de la institución”. Asimismo, se instruyó a decanos, direcciones de departamentos y jefes de carrera reducir en un 20% los gastos en contratos a honorarios comparado con el segundo semestre de 2023.

Finalmente, se ordena a los mismos estamentos mencionados anteriormente a “implementar y gestionar estrategias de retención estudiantil que asegure la continuidad y finalización de los estudios por parte de los estudiantes matriculados”.

La situación de la Umag, dicho está, ya tiene a la SES encima, por ahora con un proceso de recopilación de antecedentes. La institución fiscalizadora elaborará un informe interno con esa información y luego determinará los pasos a seguir y si, por ejemplo, las recientes medidas son suficientes o si amerita la apertura de un proceso sancionatorio. El tema es que la deuda financiera, se ha analizado, es grande. Desde la SES aseveran que “en base a los análisis de los estados financieros 2022 se le hizo un conjunto de recomendaciones a la institución y se le pidió que adoptara medidas concretas para hacerse cargos de los problemas observados. En base a lo anterior y a los reportes financieros preliminares 2023, realizamos una visita de fiscalización para verificar los avances de las medidas solicitadas y levantar mayores antecedentes. A partir de esta información la Superintendencia se encuentra evaluando posibles escenarios de acción”.

Y preocupa no solo a las instituciones fiscalizadoras, sino que a su comunidad, que desde conocidas las medidas ha visto una serie de reuniones entre académicos, funcionarios y profesionales, quienes no descartan movilizarse.

Consultado por la situación de la institución que dirige, el rector Maripani señala que después de haber analizado los últimos 10 años, la Umag se planteó un proceso de autorregulación económica “en un momento que se ha tornado complejo, pero que va acorde a un escenario marcado por singularidades al ser una universidad estatal situada en una zona extrema y con baja densidad poblacional”. Así, agrega, “las acciones que se adoptan se enfocan en la perspectiva de viabilizar su operación que requiere un plan de ajuste”.

“Por ello se han definido medidas a corto y mediano plazo, cuyas primeras propuestas fueron analizadas con las decanaturas de facultades e informadas en el Consejo Académico”, explica. Entre las medidas, añade, está realizar ajustes presupuestarios, optimización de las capacidades de las personas, reordenamiento de la carga académica, fortalecimiento de las colaboraciones y alianzas estratégicas “que nos permitan continuar siendo una institución de referencia en la educación superior de nuestra región. Por ello, se está trabajando en acciones que permitan proyectar nuevos programas virtuales y asegurar la retención de estudiantes”.

Asimismo, detalla que la deuda financiera de $ 11 mil millones corresponde a compromisos con el sistema bancario “y tiene diversos orígenes en diferentes momentos de los últimos diez años: como contraparte de proyectos, incremento de préstamos estudiantiles, inversiones de infraestructura y equipamiento; y los efectos financieros negativos que generó la pandemia”. Del total de esta deuda, asevera, el 85% corresponde a deudas bancarias de largo plazo y, un 15%, a líneas de capital de trabajo bancarias de corto plazo. “La deuda en relación del patrimonio es del 30%, muy por debajo del 100% que están autorizadas las Universidades del Estado según la Ley de Presupuesto”, cierra.