¿Sólo “declaración de intenciones”? Gobierno y Congreso aún no zanjan nueva agenda de prioridades en seguridad

Casi a diario han conversado la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, desde el asesinato del suboficial Daniel Palma, ocurrido el miércoles de la semana pasada, con el fin de ajustar una nueva agenda de prioridades en materia de seguridad ciudadana.

De hecho, el jueves pasado, Coloma (UDI) concurrió a La Moneda a una reunión de poderes del Estado, convocada por el Presidente Gabriel Boric, para evaluar una respuesta institucional a la criminalidad. En esa cita, en la que también estaba el presidente la Cámara, Vlado Mirosevic (liberal), salió la idea de establecer una nueva lista de alrededor de 10 iniciativas legislativas a las que se le daría una tramitación rápida.

Sin embargo, a seis días de ese encuentro y a pesar de las conversaciones entre oficialismo y oposición, por un lado, y de representantes del Ejecutivo y el Congreso, por otro, hasta el cierre de esta edición aún no se cerraba el listado de esas prioridades legislativas.

Consultada por sus conversaciones con el presidente del Senado, la ministra Tohá dijo: “Estamos bien avanzaditos, pero estamos en eso. Hoy día estábamos whatsappeando (con el senador Coloma)”.

La ausencia de una priorización repercutió en que esta semana las tablas de sesiones de sala, tanto de la Cámara como del Senado, estuvieron más aliviadas respecto de los proyectos de seguridad.

Por ejemplo, este miércoles, la Cámara partió su sesión con el debate sobre el proyecto que declara el Día Nacional de las Personas con Extremidades Diferentes. Además, esta semana en la sala de diputados sólo hubo dos temas que tenían una relación indirecta con la agenda de seguridad, como la prórroga de un nuevo estado de excepción en el sur (solicitud presidencial que no es una reforma legal) y el proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería, con el objeto de agregar formas alternativas de notificación de expulsiones administrativas.

En el caso del Senado, originalmente, sólo figuraba en tabla el debate de delitos económicos, además de la prórroga del estado de excepción. Sin embargo, tras un cambio en la tabla, finalmente se incluyeron, en la sesión de esta tarde, la reforma contra el contrabando, el ingreso o la extracción de dinero desde territorio nacional y también otra para agravar penas por homicidio simple.

A nivel de comisiones, si bien el debate de iniciativas de seguridad no se detuvo, parlamentarios de oficialismo y de oposición se quejaban por la ausencia de una hoja de ruta clara sobre las prioridades a seis días del encuentro de poderes del Estado en La Moneda.

En la sesión del lunes pasado, el diputado y jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, le pidió a Mirosevic informar el detalle de esta agenda. En respuesta, el presidente de la Cámara le dijo con sinceridad: “No tenemos nada concluyente aún, solo una declaración de intenciones de tramitar junto al Senado y el gobierno un listado de leyes, pero el listado no está cerrado, no está resuelto”.

Según confirman fuentes de la Cámara, del Senado y de La Moneda, el estatus de esa agenda sigue en suspenso. Sólo por algunas declaraciones del senador Coloma y del ministro de Justicia, Luis Cordero, se ha conocido que dentro de esa lista de prioridades estaría la reforma que crea el Ministerio de Seguridad Pública y los proyectos contra usurpaciones y la protección de víctimas.

Otros legisladores bajo reserva de identidad mencionan que también debieran incluirse iniciativas importantes, como los cambios al Sistema de Inteligencia, la Ley Antiterrorista y la nueva propuesta del Ejecutivo sobre Reglas de Uso de la Fuerza con la que se busca regular el uso de armamento de parte de policías y militares frente a casos extremos. Todos estos puntos, sin embargo, hasta ahora, sólo eran trascendidos.

Las razones que se esgrimen por la demora son varias: desde falta de planificación de La Moneda, la demora del Senado con el Ministerio de Seguridad (la reforma angular de la agenda), la resistencia del Frente Amplio y el PC o el aprovechamiento que estaría haciendo la derecha al subir demasiado sus exigencias.

“Esto es una descoordinación más del gobierno, que no tiene claro cuál es el piso político para seguir en esta materia”, comentó la diputada Joanna Pérez (ex-DC), quien fue parte de la mesa de seguridad convocada el año pasado por la ministra Tohá y autora de una iniciativa que facilita el control de identidad a extranjeros, cuya votación fue postergada esta semana.

El diputado Jorge Brito (RD), quien es crítico del abuso de cambios al Código Penal, comentó que “he visto mucha espectacularidad de las mesas del Senado y la Cámara queriendo hacer grandes anuncios, pero ahora en concreto, en la Comisión de Defensa estamos conociendo las indicaciones del gobierno a la Ley de Inteligencia, pero eso es insuficiente si no contamos con el Ministerio de Seguridad Pública, que el Senado lo ha tramitado durante mucho tiempo y que es una urgencia para darle gobernanza a la seguridad. Por lo tanto, en vez de hacer un paquete con 20 o 30 proyectos que modifican el Código Penal, hagamos algo con dos o cinco proyectos, pero que resuelva el problema más urgente del país”.

“La gente requiere certezas, y si se hacen anuncios se tienen que concretar con una cierta velocidad. Si no, es mejor postergar los anuncios. El gobierno tiene que pasar a la ofensiva. El gobierno está sien saboteado a esta altura por una parte de Apruebo Dignidad”, señaló el diputado Jaime Araya (independiente-PPD).

El senador Manuel José Ossandón (RN) comentó que “no tenemos ninguna información concreta. Pero como Comisión de Seguridad no estamos esperando ningún acuerdo, estamos trabajando full con todos los miembros y hemos avanzado fuerte en los distintos proyectos y no vamos a parar”.

“La derecha utilizó una coyuntura por el triste asesinato de tres carabineros, cuando el gobierno no tenía claro el cronograma de proyectos de seguridad. Habiendo un espacio abierto, la derecha aprovechó de anunciarlo. Pero esa agenda de seguridad no está resuelta. El gobierno se quedó atrás en la oportunidad política, pero están haciendo la pega, un poco lento, pero están haciendo la pega”, dijo el senador Iván Flores (DC), quien al igual que Ossandón integra la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta.

Una solución salomónica que se está barajando en las negociaciones que han realizado Tohá, Coloma y Mirosevic es ampliar la lista de proyectos -no limitarla a 10 puntos- para que todos los sectores políticos propongan sus temas.

En vista de que es imposible que todas esas iniciativas tengan un respaldo transversal, hoy la apuesta de las negociaciones es que sólo exista el compromiso de votar y culminar la tramitación de estos proyectos en un plazo breve, independientemente de cuál sea el desenlace (aprobación o rechazo).

Al momento de votar o presentar indicaciones, cada sector político tendrá derecho a aprobar, enmendar o rechazar. Así, probablemente algunas iniciativas se caerán y serán archivadas, y las que sean aprobadas serán despachadas al Ejecutivo para su promulgación.

Además, a este debate de prioridades ayer se sumó la necesidad de legislar para sustentar la decisión del Ministerio Público de solicitar la prisión preventiva “establecida en el artículo 140 del Código Procesal Penal” en el caso de nacionales y extranjeros que cometen delitos y no cuentan con un documento oficial chileno.

La senadora Ximena Rincón (P. Demócrata) junto a otros parlamentarios ingresaron un proyecto que busca evitar que los tribunales contradigan ese criterio dictado por el fiscal nacional, Ángel Valencia. Iniciativas que persiguen el mismo fin ingresaron, por su parte, diputados de otros sectores políticos.

Rincón dijo que la idea es “evitar que la medida respaldada por fiscales regionales sea revertida por jueces que no comparten del todo aplicar medidas cautelares de prisión preventiva a indocumentados detenidos”.