“Solo sí es sí”: España inicia discusión de proyecto de ley de libertad sexual en que todo acto sin consentimiento es agresión

En un paso histórico para los derechos de las mujeres, el gobierno de España aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocido como “Solo sí es sí”, que modificará por primera vez la manera en que se juzgan los delitos sexuales en el país.

Tras el reconocido caso de La Manada, que mañana cumplirá cinco años, agrupaciones feministas han exigido a La Moncloa mayores regulaciones y el Consejo de Ministros dio luz verde a una nueva definición de consentimiento y cataloga de violencia machista a toda acción contra la voluntad de una mujer, pero, además, pone fin a la diferencia entre abuso y agresión sexual, lo que ahora deberá ser discutido en el Parlamento.

“Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, señala el texto. Bajo esta nueva figura se eliminará el abuso sexual en el Código Penal, ya que a diferencia de la legislación actual, en que el delito de violación debe incluir casos con violencia o intimidación, con este proyecto la sola ausencia de consentimiento catalogará la acción como crimen.

El anteproyecto de 113 páginas buscará proteger el derecho a la “libertad sexual y la erradicación de violencias sexuales”. Para esto, llegará a modificar múltiples ámbitos, partiendo porque los delitos sexuales serán tipificados bajo un “sistema progresivo y proporcional a la gravedad de los hechos delictivos y con agravantes, como las agresiones grupales, violencia grave, especial vulnerabilidad de la víctima y uso de armas u otros medios peligrosos”.

De esta manera, los “delitos leves” serán quienes “se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad”, que serán castigados con multas, trabajos comunitarios o hasta un año de cárcel. Mientras que en casos más graves, tales como una violación, tendrán penas de hasta 15 años si cumplen con dos agravantes, como ataques grupales y/o sumisión química por el uso de sustancias del agresor para anular la voluntad de la víctima.

Por ejemplo, si una persona sufre acoso sexual callejero -delito leve-, tras emitir la denuncia, el victimario podría enfrentar tres opciones: de cinco a 30 días de localización permanente, trabajos comunitarios por el mismo período o una multa.

En el caso de delitos a menores de edad, el anteproyecto sostiene una distinción entre las personas que pueden haber entregado un consentimiento del menor, que será castigado con entre dos y seis años de cárcel, y aquellos que no lo tienen, con penas de entre cinco y 10 años de presidio.

De acuerdo con el diario El País, la modificación que equipara a las víctimas de violencia sexual con las de violencia de género se inspiró en las complicaciones del caso de La Manada, en que una joven de 18 años fue violada por cinco hombres en Pamplona en 2016.

La ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, celebró el primer paso que “sitúa a la víctima en el centro de la acción pública” y enfatizó que el proyecto de ley posiciona como aspecto fundamental el consentimiento. “Si tú no quieres, no tienes que participar en ningún acto sexual”, explicó Montero.

En esa línea, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que la semana pasada fue clave para la aprobación a la ley trans, explicó a través de un video que de ser aprobada la legislación, que comenzará a ser discutida en septiembre por el Parlamento, pondrá fin a la obligación de las mujeres de demostrar que se resistieron a un ataque, actos violentos o intimidación, debido a que “toda relación sexual sin consentimiento es una agresión”.

Para evitar una “sobreexposición”, las víctimas deberán ser atendidas por una policía especializada y/o las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI). Según datos oficiales, en España hay 2.141 agentes de policía nacional y el país solo tiene 24 unidades UVFI, que cubren a solo 8,3 millones de personas para una población de más de 46 millones.

Además, el documento hace énfasis en el derecho a la reparación de las víctimas para una evaluación económica “del daño físico y psicológico”, así como “la pérdida de oportunidades educativas o laborales, daños materiales, pérdida de ingresos, daño social o tratamiento terapéutico”, cuyos costos correrán por parte de la persona “que civil o penalmente haya sido encontrado responsable”.

La normativa busca respaldar también a las víctimas de violencia sexual en el ámbito digital para perseguir y castigar la divulgación de “pornografía no consentida y/o la extorsión sexual”.

Según el diario La Vanguardia, después de 16 meses de camino tortuoso, el Ejecutivo acordó ampliar el concepto de violencia sobre la mujer más allá de la participación de cercanos como parejas o exparejas y dar el visto bueno al proyecto.

En otros ámbitos, la ley incluirá un nuevo Artículo 187 para “perseguir a todo aquel que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble o local para favorecer la explotación sexual de otra persona”, en el marco de la persecución a la industria proxeneta.