Sólo un 0,1% de identidades de presos verificadas: lapidario informe de Contraloría alerta descontrol en Gendarmería sobre quiénes son sus reos
Un informe del órgano contralor determinó que existe una serie de falencias en los sistemas informáticos internos de Gendarmería, lo que ha generado que sólo un 0,11% de las identidades de los reclusos sean verificadas. A juicio de la institución, esos errores generan un riesgo a que los internos puedan suplantar la identidad de otros para quedar libres y fugarse de la cárcel, como ya ocurrió en 2019 en la cárcel de Puente Alto. En el caso de los extranjeros, precisa la auditoría, la situación es aún peor, ya que nunca se realiza el cotejo con la información del Registro Civil. Le dieron un plazo de 60 días al organismo para responder.
Faltaban minutos para las 23 horas del jueves 1 de agosto de 2019 cuando un sujeto salió de la cárcel de Puente Alto, supuestamente porque había recuperado su libertad. Sin embargo, el hombre identificado como Matías Sandoval Fuenzalida se había hecho pasar por su hermano, quien realmente era el que debía ser liberado esa jornada. El reo logró escapar de la cárcel vulnerando los sistemas de Gendarmería, algo que no es un hecho aislado y que podría estarse repitiendo según alertó un lapidario informe de Contraloría. La auditoría determinó que existen una serie de falencias en los sistemas informáticos de la institución penitenciaria, lo que podría provocar la suplantación de identidades y, por ende, un alto riesgo de fuga de internos.
El documento fue remitido a Gendarmería el 31 de enero de este año. En el análisis, al que tuvo acceso La Tercera PM, se advirtió que existe una casi nula utilización de los sistemas biométricos de control interno de la institución, que están justamente para verificar que las personas que ingresan o salen de un recinto penal sean realmente las que declaran. Además de eso, también demuestra la vulnerabilidad y la inexistente utilización de este tipo de herramientas con los reclusos de nacionalidad extranjera.
Lo anterior se enmarca en la línea del debate que existe respecto a la verificación de las personas que se encuentran en situación migratoria irregular en el país. Esto, a partir del anuncio del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien planteó que el Ministerio Público solicitaría la prisión preventiva de todas aquellas personas extranjeras que fueran detenidas y que no contaran con un documento de identificación.
“Puede conllevar a suplantación”
La investigación del órgano contralor buscó revisar el funcionamiento del “Sistema de Cotejo de Identidad”, el cual se emplea -según determinación de la institución- desde el año 2016 para verificar la identidad de las personas que están siendo ingresadas o dejando un recinto penal.
El sistema, que emplea tecnología biométrica, fue adquirido con fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito y licitado para el soporte tecnológico con tres contratos por un total de 570 UF ($ 20 millones). Pese a que el reglamento de Gendarmería establece que se debe verificar la información que se tiene de cada interno, a través de los sistemas biométricos, Contraloría detectó diversas falencias de la plataforma que desincentivarían su utilización.
Pese a que existe una normativa clara respecto a la utilización de esta verificación, durante el 2021 en el penal Santiago Uno se registraron 14.504 internos que ingresaron y dejaron ese centro de detención provisoria. Sin embargo, sólo en 16 de esos casos se ocupó el “Sistema de Cotejo de Identidad”, lo que corresponde al 0,11% de esos reclusos. ¿Del resto? no se supo si eran quienes dijeron ser.
Junto con esto, Contraloría advierte otras fallas en los sistemas informáticos internos de Gendarmería. En ese sentido se detalla que la aplicación tecnológica en el caso de extranjeros que no tienen RUT o pasaporte es nula. Es decir no se realiza la verificación con la base de datos del Registro Civil y queda consignado como “sin consulta”.
A juicio del órgano contralor, “la falta de control biométrico que garantice la identificación de los reclusos extranjeros puede conllevar a la suplantación de identidad cuando ingresan o egresan del recinto, situación que, como anteriormente se mencionó, sucedió en una oportunidad con internos de nacionalidad chilena”, citando el caso ocurrido en Puente Alto el 2019.
Graves hallazgos
Pero no es lo único, Contraloría también expuso que existen una serie de errores en los sistemas de control de la institución penitenciaria. Una de estas son las falencias con los aparatos biométricos en los que se realizan la toma de huellas, los que requieren que el interno presione muchas veces hasta lograr que su huella sea identificada. También hay fallas en el software, advirtiendo el órgano contralor que el sistema operativo que usan es Windows 7, una plataforma que data del 2009 y que ya quedó sin soporte tecnológico y de seguridad.
Por otro lado, también existen fallas que, a juicio de Contraloría, “conlleva el riesgo de no contar con información completa e íntegra”, debido a que en los datos obtenidos en los sistemas internos el 2021 existen registros erróneos y otros simplemente que no contienen información. En esa línea, en julio del 2022 se realizó una evaluación al “Sistema Interno”, donde se descubrió que 30 registros presentan inconsistencia en la información ingresada en módulos de datos donde se considera la calidad procesal en la que se encuentra el interno, así como el tribunal, las dependencias en la que está recluido, entre otros.
Otra de las vulneraciones con las que cuenta el sistema es que no están bien definidos los accesos de lectura o escritura de los datos del sistema, “permitiendo grabar, eliminar y efectuar acciones que no están autorizadas para cada rol”. El informe establece que “ello puede conllevar a que exista manipulación de la información relacionada a los internos de recintos penitenciarios”.
Finalmente, Contraloría advierte que existen problemas en la instalación de los servidores, cruce con la información de los sistemas del Registro Civil y que no existe un plan de restauración de respaldo ni planes en caso de emergencia.
Para las diversas falencias, la institución dirigida por Jorge Bermúdez dio 60 días para que Gendarmería informe las medidas que se tomaron a partir de este informe, acreditando que se corrigieron los errores. Según pudo conocer La Tercera PM, hasta ahora dicho texto no ha sido despachado.
Gendarmería descarta versión de Contraloría
Consultado respecto al informe de Contraloría, el subdirector Operativo de Gendarmería, Víctor Provoste Torres, señaló que sobre el “Sistema de Cotejo de Identidad”, la institución “descarta tajantemente que sólo el 0.11% de las identidades de personas privadas de libertad sea verificable”. Ante eso, explica que se ”mantiene completo control sobre la identidad de los 47 mil internos que están bajo su custodia mediante sistemas complementarios”.
Provoste asegura que el cotejo que actualmente se usa en los recintos penales “funciona con la recepción de la orden de ingreso de tribunales. Luego esta información inmediatamente se consigna y resguarda en la plataforma informática del “Sistema de Control Interno”, lo que permite mantener debidamente identificada a la población penal. El control de identidad que realiza Gendarmería se apoya en distintos sistemas”.
Finalmente, y respecto a los informes solicitados por Contraloría, el subdirector sostiene que Gendarmería está elaborando la respuesta para entregarla en los plazos establecidos.
Cabe señalar que la auditoría fue enviada en un preinforme a la institución, quien tuvo la oportunidad de refutar los antecedentes que manejaba Contraloría. Sin embargo, según fuentes de La Tercera, aquello no ocurrió y el documento final expone los hechos conocidos por el órgano contralor y los cuales Gendarmería debiese subsanar.
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